Carriedo reclama “máxima transparencia y garantías de seguridad” mientras el Ejecutivo autonómico denuncia el impacto de la financiación y respalda al campo.
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El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha desvelado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Ministerio de Transportes aún no ha contestado a la carta remitida por el Ejecutivo autonómico para conocer el estado real de las infraestructuras ferroviarias y las causas de las limitaciones de velocidad impuestas por Adif en distintos tramos de la Comunidad, tras el mortal accidente de Adamuz que se cobró la vida de 45 personas.
A preguntas de los periodistas, Fernández Carriedo ha explicado que la Junta tuvo conocimiento de estas incidencias “a través de los medios de comunicación” y ha defendido la iniciativa del Gobierno autonómico de dirigirse formalmente al Ministerio.
“Lo que queremos es la máxima transparencia, la máxima información y la máxima garantía de seguridad para los usuarios”, ha insistido, antes de confirmar que, a día de hoy, no se ha producido ninguna respuesta oficial ni contacto por parte del Gobierno.
El portavoz ha enmarcado esta reclamación en la necesidad de ofrecer certidumbre a los viajeros y de aclarar una situación que afecta a líneas clave para la movilidad en Castilla y León, insistiendo en que la seguridad debe ser un elemento irrenunciable en la gestión ferroviaria.
Manifestaciones del campo contra Mercosur
Más allá del asunto ferroviario, Carriedo ha reiterado el respaldo expreso de la Junta a agricultores y ganaderos, en plena incertidumbre sobre el futuro de la Política Agraria Común.
Ha recordado que esta posición forma parte de la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico y de los acuerdos alcanzados en el último Consejo Regional Agrario, y ha advertido del riesgo de acuerdos comerciales sin controles eficaces que generen competencia desleal por el uso de productos prohibidos en la Unión Europea.
CyL pierde 160 M€ en la financiación autonómica
En materia de financiación autonómica, el portavoz ha cifrado en 160 millones de euros mensuales la pérdida de recursos que sufre Castilla y León al gestionar en 2026 los servicios públicos con referencias económicas de 2023.
Una situación que, ha señalado, complica la planificación presupuestaria en ámbitos como la educación y los servicios sociales, aunque ha garantizado la continuidad de la prestación de los servicios públicos.
Buen acuerdo con la India
Carriedo también se ha referido al acuerdo comercial con la India, que ha valorado de forma más positiva al considerar que protege los principales sectores productivos de la Comunidad y abre oportunidades en un mercado estratégico donde Castilla y León mantiene aún un saldo comercial negativo.
Asimismo, ha defendido la voluntad de la Junta de seguir avanzando en la simplificación administrativa y la reducción de burocracia, manteniendo abierta la interlocución con empresas, pymes y autónomos.
La comparecencia ha concluido con la confianza del Ejecutivo autonómico en que el debate parlamentario permita convalidar el decreto de subida salarial a los empleados públicos y con el compromiso de cumplir la normativa vigente.
El Español – Castilla y León
