El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado el Plan Estratégico 2025-2030 del Canal de Isabel II como una “inversión histórica” hacia la modernización y sostenibilidad del ciclo del agua. Sin embargo, esta hoja de ruta parece más bien un reconocimiento implícito del fracaso parcial del anterior plan que pretendía abarcar el periodo 2018-2030.
El problema no es solo económico, sino también institucional. La gestión sigue siendo opaca, sin órganos participativos ni representación de municipios, sindicatos o consumidores
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado el Plan Estratégico 2025-2030 del Canal de Isabel II como una “inversión histórica” hacia la modernización y sostenibilidad del ciclo del agua. Sin embargo, esta hoja de ruta parece más bien un reconocimiento implícito del fracaso parcial del anterior plan que pretendía abarcar el periodo 2018-2030.
Pese a las promesas de transformación digital, eficiencia energética y renovación de infraestructuras, los resultados son decepcionantes. La implantación de contadores inteligentes se ha vuelto a aplazar. La transición hacia energías renovables sigue siendo marginal, con alta dependencia de combustibles fósiles. Las redes de distribución y saneamiento continúan envejecidas, provocando pérdidas hídricas y averías frecuentes.
En paralelo, la situación laboral dentro del Canal refleja tensiones no resueltas: tras más de un año y medio de negociación, los trabajadores han rechazado en asamblea las escasas mejoras ofrecidas por la empresa. Un dato que desmonta el discurso de “compromiso con el talento” que tanto se repite en la retórica institucional.
El nuevo plan contempla una inversión de más de 2.000 millones de euros, pero será la ciudadanía quien lo pague mediante una subida tarifaria del 3% anual hasta 2030. Esta medida es socialmente injusta: no distingue entre consumo básico y derroche, y deja sin protección real a los hogares vulnerables. La tan demandada tarifa progresiva sigue sin aplicarse de forma efectiva.
El problema no es solo económico, sino también institucional. La gestión sigue siendo opaca, sin órganos participativos ni representación de municipios, sindicatos o consumidores. Incluso se incumple la ley autonómica que desde hace 27 años obliga a incluir a asociaciones de usuarios en los órganos de control.
En plena emergencia climática, el plan apuesta por ampliar infraestructuras sin priorizar medidas clave como la reducción de la demanda, la reutilización del agua o la restauración ecológica. Se mantiene una visión desfasada, basada en una oferta infinita, que ignora propuestas sostenibles planteadas desde hace años por organizaciones sociales, sindicales y vecinales.
Otro de los grandes olvidados del plan son los municipios no accionistas del Canal, que, pese a los compromisos establecidos por ley desde 2018, no reciben la compensación económica a la que tienen derecho ni ven renovadas sus obsoletas redes de distribución y saneamiento. Numerosas urbanizaciones siguen sin acceder a servicios básicos del siglo XXI, mientras los convenios con el Canal permanecen estancados desde hace décadas.
Y mientras tanto, la reputación de Canal de Isabel II se deteriora. Proyectos fallidos, cuando no infectados de corrupción, en Latinoamérica, Lanzarote o Cáceres han minado su credibilidad y sus cuentas. Nada se dice de estas operaciones. Nada se explica.
En definitiva, este plan reedita promesas incumplidas sin una transformación real.
El agua no es solo un bien técnico: es un derecho, un recurso común y una herramienta de justicia ambiental y social. Solo una gestión pública, ecológica, equitativa y democrática puede estar a la altura del reto.
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