El grupo socialista del Parlamento andaluz presentó los pasados 16 y 18 de junio dos denuncias ante el Consejo de Transparencia de Andalucía por vulneración del derecho de acceso a la información pública ante las pegas que ha puesto la Mesa de la Cámara, contralada por la mayoría absoluta del PP, a tramitar peticiones de información sobre la Cámara de Cuentas y las retribuciones privadas del consejero de Industria, Minas y Energía, Jorge Paradela.
El grupo socialista denuncia vulneración del derecho de acceso a la información pública
El grupo socialista del Parlamento andaluz presentó los pasados 16 y 18 de junio dos denuncias ante el Consejo de Transparencia de Andalucía por vulneración del derecho de acceso a la información pública ante las pegas que ha puesto la Mesa de la Cámara, contralada por la mayoría absoluta del PP, a tramitar peticiones de información sobre la Cámara de Cuentas y las retribuciones privadas del consejero de Industria, Minas y Energía, Jorge Paradela.
En el primer caso, los socialistas presentaron una solicitud de información, lo que en el argot parlamentario se llama “artículo7”, por ser ese el precepto contemplado en el Reglamento, para saber los motivos por lo que la Cámara de Cuentas paralizó un informe de fiscalización sobre los contratos menores formalizados por diversos organismos del sector público, incluido el Servicio Andaluz de Salud (SAS), durante los ejercicios 2022 y 2023.
Los socialistas están personados en la causa que investiga una jueza de Cádiz sobre los contratos menores en el SAS concedidos a dedo y también denunciaron en un juzgado de Sevilla los contratos de emergencia suscritos por la sanidad pública más allá de la vigencia del decreto ley que lo permitía a causa de la pandemia. El PSOE basa casi en exclusiva su labor de oposición y desgaste al Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) en la situación de la sanidad.
La fiscalización de los contratos menores estaba prevista en el Plan de Actuación de la Cámara de Cuentas aprobado en 2024, pero su presidente y ex viceconsejero de Turismo y exconsejero de Educación, Manuel Alejandro Cardenete, decidió, según él, “posponerlo” dada la investigación judicial abierta.
En la denuncia presentada por la portavoz socialista, María Márquez, y firmada por el resto de los 29 diputados de este grupo, se califica de “especialmente grave la desaparición en el portal de la Cámara de Cuentas del expediente de fiscalización de los contratos menores “sin resolución oficial alguna”. Según interpreta el PSOE, esta omisión “vulnera frontalmente los principios de transparencia activa, legalidad, publicidad y rendición de cuentas” y también opina que “constituye un acto de censura institucional y encubrimiento deliberado, con el evidente propósito de obstaculizar una fiscalización incómoda sobre la contratación menor del sector público andaluz”.
La Mesa de la Cámara inadmitió el pasado 4 de junio la petición de documentación del PSOE sobre el expediente de fiscalización y tampoco atendió a la reconsideración posterior de este grupo. El argumento usado por la Mesa para tumbar la solicitud es que la Cámara de Cuentas “no forma parte de la Administración de la Junta de Andalucía”, mientras que los socialistas recuerdan que se trata de un órgano de extracción parlamentaria que fiscaliza el gasto público y que remite sus informes al Parlamento. La denuncia planteada al Consejo de Transparencia sostiene que esta negativa “puede suponer una vulneración del derecho fundamental a acceder a la información pública” y “del principio de colaboración institucional”.
Los socialistas han pedido la comparecencia de Cardenete en la comisión de Hacienda del Parlamento prevista para el mes de julio, pero no ha prosperado al oponerse los dos representantes del PP, que tiene mayoría en ese órgano.
En el caso del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, la denuncia con fecha del 18 de junio se dirige contra los incumplimientos en publicidad activa por parte de la Junta de Andalucía. Los socialistas denunciaron que Paradela figuraba como apoderado de su antigua empresa Heineken España desde el 17 de marzo de 2014, formando parte del Consejo de Gobierno. Tanto la multinacional como el Registro Mercantil han reconocido que se trató de un error ajeno al consejero. La Consejería de Industria ha contestado por escrito al grupo socialista que las diferencias retributivas declaradas por Paradela en 2022 y 2023 proceden “de la actividad profesional ejercida con anterioridad a su nombramiento, en forma de retribuciones prorrateadas durante tres anualidades”.
Sin embargo, el principal grupo de la oposición considera que esta respuesta “omite información clave para garantizar el cumplimiento del deber de transparencia y la ausencia de conflicto de interés”, al no detallarse la empresa o entidad pagadora, el concepto exacto de las cantidades percibidas ni el periodo exacto al que se refiere cada pago y si solapa con el ejercicio del cargo público.
En este caso, la Mesa del Parlamento ha admitido algunas peticiones del PSOE planteadas a través de preguntas o solicitudes de información, pero otras no al entender que se trata de “información privada ajena” a la competencia de la Cámara autónoma. Los socialistas reclaman al Consejo de Transparencia que inste al Gobierno andaluz a publicar en el Registro de Altos Cargos la autoliquidación de IRPF de 2021, año fiscal anterior a su nombramiento como consejero, y las retribuciones privadas percibidas con detalle por Paradela en 2022 y 2023. Mantiene el PSOE que dichas cantidades consta en su declaración como rentas de trabajo, pero no figuran en el Portal de Transparencia.
Fuentes del grupo parlamentario socialista aseguran que acudirán a la Oficina Antifraude una vez que el Consejo de Transparencia les dé una contestación.
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