Nuevo golpe para el Estado español por los laudos abiertos sobre la eliminación de las ayudas que se dieron a las renovables en la pasada década. En esta ocasión, la situación podría suponer un puntos de inflexión puesto que el Gobierno se habría quedado sin margen de maniobra para recurrir los litigios abiertos por los fondos internacionales.En concreto, según ha podido conocer este periódico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado la petición de amparo presentada por España, dejando firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia y poniendo fin al último intento español de bloquear la ejecución de laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.En las últimas semanas había saltado a la palestra de la actualidad esta situación derivada de la presencia de la selección española de fútbol en EE.UU., y la investigación de los fondos para encontrar potenciales bienes embargables de cara a cobrar los laudos ganados ante la justicia. Pero esta situación va más allá.Noticia relacionada general No No Un juez de EE.UU. libra a la selección de los embargos por las renovables Raúl MasaEsta nueva derivada supone, en principio, un golpe definitivo. La decisión del Alto Tribunal confirma la plena vigencia del criterio adoptado por las instancias inferiores y permite a los acreedores continuar con los procedimientos de reconocimiento y ejecución de los laudos en territorio estadounidense. Y es que España había solicitado la intervención del Supremo alegando que los tribunales federales carecían de jurisdicción para conocer estos asuntos y cuestionando la interpretación realizada por el Circuito de Columbia respecto de la excepción arbitral prevista en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). La negativa del Supremo a admitir este recurso se produce después de que el propio Gobierno de Estados Unidos, a través del ‘solicitor general’, recomendara al tribunal que rechazase la petición española. Según explican a ABC fuentes conocedoras del proceso, ya no existirían más recursos legales por los que el Estado español no deba pagar las deudas acumuladas. Aunque señalan que, en principio, es probable que el Gobierno se siente a negociar, una situación que volvería a enquistar el proceso. El frente estadounidense, donde las sentencias que condenan a España a pagar estos lados rondan los 700 millones de euros, constituye únicamente una parte de la estrategia internacional de ejecución de los acreedores.Un problema que se mantieneEn estos momentos la cifra de laudos dictados contra España asciende a 29 y la cifra de indemnizaciones resultante se eleva a 1.779 millones de euros, que tras agregarle las costas judiciales, los intereses de demora generados por la negativa del Gobierno a abonar estos laudos y otros recargos supera ya los 2.330 millones de euros.Hasta la fecha, el Gobierno de España solo ha accedido a pagar uno de los 29 laudos dictados contra sus intereses por los tribunales internacionales de arbitraje, lo que ha situado a España junto a países como Rusia o Venezuela en el listado de países que más incumplimientos acumula de laudos dictados por la Corte Internacional de Arbitraje (CIADI).El caso español es, no obstante, muy singular. La normativa comunitaria impide a los países europeos pagar laudos arbitrales dictados en litigios que implican a dos actores, sean estados o empresas, de la Unión Europea, al entender que esas discrepancias se deben resolver con arreglo a las normas implantadas dentro de la UE. Nuevo golpe para el Estado español por los laudos abiertos sobre la eliminación de las ayudas que se dieron a las renovables en la pasada década. En esta ocasión, la situación podría suponer un puntos de inflexión puesto que el Gobierno se habría quedado sin margen de maniobra para recurrir los litigios abiertos por los fondos internacionales.En concreto, según ha podido conocer este periódico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado la petición de amparo presentada por España, dejando firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia y poniendo fin al último intento español de bloquear la ejecución de laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.En las últimas semanas había saltado a la palestra de la actualidad esta situación derivada de la presencia de la selección española de fútbol en EE.UU., y la investigación de los fondos para encontrar potenciales bienes embargables de cara a cobrar los laudos ganados ante la justicia. Pero esta situación va más allá.Noticia relacionada general No No Un juez de EE.UU. libra a la selección de los embargos por las renovables Raúl MasaEsta nueva derivada supone, en principio, un golpe definitivo. La decisión del Alto Tribunal confirma la plena vigencia del criterio adoptado por las instancias inferiores y permite a los acreedores continuar con los procedimientos de reconocimiento y ejecución de los laudos en territorio estadounidense. Y es que España había solicitado la intervención del Supremo alegando que los tribunales federales carecían de jurisdicción para conocer estos asuntos y cuestionando la interpretación realizada por el Circuito de Columbia respecto de la excepción arbitral prevista en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). La negativa del Supremo a admitir este recurso se produce después de que el propio Gobierno de Estados Unidos, a través del ‘solicitor general’, recomendara al tribunal que rechazase la petición española. Según explican a ABC fuentes conocedoras del proceso, ya no existirían más recursos legales por los que el Estado español no deba pagar las deudas acumuladas. Aunque señalan que, en principio, es probable que el Gobierno se siente a negociar, una situación que volvería a enquistar el proceso. El frente estadounidense, donde las sentencias que condenan a España a pagar estos lados rondan los 700 millones de euros, constituye únicamente una parte de la estrategia internacional de ejecución de los acreedores.Un problema que se mantieneEn estos momentos la cifra de laudos dictados contra España asciende a 29 y la cifra de indemnizaciones resultante se eleva a 1.779 millones de euros, que tras agregarle las costas judiciales, los intereses de demora generados por la negativa del Gobierno a abonar estos laudos y otros recargos supera ya los 2.330 millones de euros.Hasta la fecha, el Gobierno de España solo ha accedido a pagar uno de los 29 laudos dictados contra sus intereses por los tribunales internacionales de arbitraje, lo que ha situado a España junto a países como Rusia o Venezuela en el listado de países que más incumplimientos acumula de laudos dictados por la Corte Internacional de Arbitraje (CIADI).El caso español es, no obstante, muy singular. La normativa comunitaria impide a los países europeos pagar laudos arbitrales dictados en litigios que implican a dos actores, sean estados o empresas, de la Unión Europea, al entender que esas discrepancias se deben resolver con arreglo a las normas implantadas dentro de la UE.
Nuevo golpe para el Estado español por los laudos abiertos sobre la eliminación de las ayudas que se dieron a las renovables en la pasada década. En esta ocasión, la situación podría suponer un puntos de inflexión puesto que el Gobierno se habría quedado sin … margen de maniobra para recurrir los litigios abiertos por los fondos internacionales.
En concreto, según ha podido conocer este periódico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado la petición de amparo presentada por España, dejando firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia y poniendo fin al último intento español de bloquear la ejecución de laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.
En las últimas semanas había saltado a la palestra de la actualidad esta situación derivada de la presencia de la selección española de fútbol en EE.UU., y la investigación de los fondos para encontrar potenciales bienes embargables de cara a cobrar los laudos ganados ante la justicia. Pero esta situación va más allá.
Noticia relacionada
Esta nueva derivada supone, en principio, un golpe definitivo. La decisión del Alto Tribunal confirma la plena vigencia del criterio adoptado por las instancias inferiores y permite a los acreedores continuar con los procedimientos de reconocimiento y ejecución de los laudos en territorio estadounidense.
Y es que España había solicitado la intervención del Supremo alegando que los tribunales federales carecían de jurisdicción para conocer estos asuntos y cuestionando la interpretación realizada por el Circuito de Columbia respecto de la excepción arbitral prevista en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). La negativa del Supremo a admitir este recurso se produce después de que el propio Gobierno de Estados Unidos, a través del ‘solicitor general’, recomendara al tribunal que rechazase la petición española.
Según explican a ABC fuentes conocedoras del proceso, ya no existirían más recursos legales por los que el Estado español no deba pagar las deudas acumuladas. Aunque señalan que, en principio, es probable que el Gobierno se siente a negociar, una situación que volvería a enquistar el proceso. El frente estadounidense, donde las sentencias que condenan a España a pagar estos lados rondan los 700 millones de euros, constituye únicamente una parte de la estrategia internacional de ejecución de los acreedores.
Un problema que se mantiene
En estos momentos la cifra de laudos dictados contra España asciende a 29 y la cifra de indemnizaciones resultante se eleva a 1.779 millones de euros, que tras agregarle las costas judiciales, los intereses de demora generados por la negativa del Gobierno a abonar estos laudos y otros recargos supera ya los 2.330 millones de euros.
Hasta la fecha, el Gobierno de España solo ha accedido a pagar uno de los 29 laudos dictados contra sus intereses por los tribunales internacionales de arbitraje, lo que ha situado a España junto a países como Rusia o Venezuela en el listado de países que más incumplimientos acumula de laudos dictados por la Corte Internacional de Arbitraje (CIADI).
El caso español es, no obstante, muy singular. La normativa comunitaria impide a los países europeos pagar laudos arbitrales dictados en litigios que implican a dos actores, sean estados o empresas, de la Unión Europea, al entender que esas discrepancias se deben resolver con arreglo a las normas implantadas dentro de la UE.
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