El Tribunal Supremo ha rechazado exigir de forma urgente al Gobierno un calendario de expulsiones, devoluciones y resolución de solicitudes de asilo frente a la crisis migratoria de Ceuta. El Ejecutivo ceutí denunció ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo la “inacción” del Gobierno de Pedro Sánchez “antes, durante y después” de la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio y pidió al tribunal que reclamara a La Moncloa de forma cautelarísima (sin escuchar a la otra parte) un plan detallado de cómo prevé gestionar la situación, pero los magistrados han descartado esta posibilidad. El alto tribunal considera que no se dan las circunstancias “de especial urgencia” para adoptar esas medidas de forma urgente y da diez días al Ejecutivo para que presente alegaciones.
El tribunal da 10 días al Ejecutivo para presentar alegaciones a la denuncia de “inacción” de Vivas
El tribunal da 10 días al Ejecutivo para presentar alegaciones a la denuncia de “inacción” de Vivas
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Joaquin Sánchez
El Tribunal Supremo ha rechazado exigir de forma urgente al Gobierno un calendario de expulsiones, devoluciones y resolución de solicitudes de asilo frente a la crisis migratoria de Ceuta. El Ejecutivo ceutí denunció ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo la “inacción” del Gobierno de Pedro Sánchez “antes, durante y después” de la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio y pidió al tribunal que reclamara a La Moncloa de forma cautelarísima (sin escuchar a la otra parte) un plan detallado de cómo prevé gestionar la situación, pero los magistrados han descartado esta posibilidad. El alto tribunal considera que no se dan las circunstancias “de especial urgencia” para adoptar esas medidas de forma urgente y da diez días al Ejecutivo para que presente alegaciones.
El Gobierno del popular Juan Jesús Vivas denunció al Ejecutivo central después de haberle reclamado un plan que concretara el despliegue de medios humanos y materiales necesarios para tramitar los expedientes de expulsión, devolución o asilo de los adultos que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de julio. El Ejecutivo respondió a la solicitud, pero, según el Gobierno ceutí, el plan previsto no solucionaba las necesidades operativas, por lo que Vivas llevó su petición al Supremo. Siguiendo el trámite habitual, la sala ha reclamado al Ministerio de Presidencia que entregue en el plazo de 20 días el expediente administrativo del caso.
Respecto a las cautelares, el tribunal argumenta que, como el propio Gobierno de Ceuta reconoce, la inactividad que se imputa a la Administración central se ha mantenido durante más de dos meses y medio, sin que hasta ahora el Ejecutivo autonómico hubiera reclamado judicialmente que se solventara, “por lo que no se aprecia que concurran las circunstancias de especial urgencia que requiere la Ley sin escuchar las alegaciones de la parte recurrida”, advierte el Supremo.
En su respuesta a Vivas, el Gobierno central recordaba que desde el pasado 10 de agosto han retornado a Marruecos 12.700 personas de las alrededor de 70.000 que entraron a finales de julio; se han levantado campamentos para procurar la acogida de 7.600 personas; y se han vaciado los “grandes asentamientos” de las playas. Además, el Gobierno aludió a los 88 millones de euros para la atención a menores aprobados por el Consejo de Ministros o las cuantiosas inversiones anunciadas y las transferencias para paliar el coste de los servicios como la limpieza y la seguridad.
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