Tras cerrar el acuerdo con los sindicatos, el Gobierno planea implementar la nueva jornada laboral de 35 horas semanales en la primera quincena de abril.
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Las claves
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La Administración General del Estado (AGE) se prepara para implantar definitivamente la jornada laboral de 35 horas semanales en la primera quincena de abril después de Semana Santa.
La medida, acordada con los sindicatos, supondrá una reducción de 2,5 horas (dos horas y media) respecto a la jornada actual sin impacto actual en materia salarial.
El acuerdo ha sido respaldado por UGT, CCOO y finalmente también por CSIF, que ha dado su visto bueno tras garantizarse la extensión de la medida a todo el personal de la AGE.
La previsión es que el Ministerio publique en un plazo máximo de 15 días la resolución que regulará jornadas y horarios, paso previo a su aplicación efectiva en los distintos ámbitos.
El alcance de la medida es significativo. Desde Función Pública estiman que beneficiará a unos 220.000 empleados públicos, aunque los sindicatos elevan la cifra hasta cerca de 246.500.
La reducción afectará tanto a ministerios como a organismos públicos, agencias y entidades de derecho público vinculadas a la Administración, abriendo incluso la puerta a su aplicación en empresas públicas.
Asimismo, una de las principales novedades es que, a diferencia de propuestas anteriores, el acuerdo no excluirá a colectivos como Instituciones Penitenciarias, personal sanitario o educativo, cuya incorporación había generado fricciones en la negociación.
En estos casos, la adaptación de la jornada se realizará mediante acuerdos específicos para compatibilizar sus particularidades con el nuevo marco horario.
La implantación de las 35 horas exigirá una reorganización interna en cada organismo. Se prevén ajustes en turnos, planificación de plantillas y distribución de horarios para garantizar la continuidad del servicio público y la atención a la ciudadanía.
Además, las jornadas especiales y los regímenes de especial dedicación también serán adaptados: por ejemplo, las jornadas de 40 horas pasarán a 37,5.
El Ministerio subraya que todas estas modificaciones se realizarán sin comprometer la calidad de los servicios públicos.
Para ello, se llevarán a cabo medidas de planificación y dimensionamiento de las plantillas que permitan mantener e incluso mejorar la eficiencia administrativa.
Más allá de su impacto organizativo, la medida supone un cambio relevante en el día a día de los empleados públicos. La reducción del tiempo de trabajo introduce nuevas dinámicas en la gestión de horarios y refuerza el debate sobre la conciliación laboral.
Con su entrada en vigor prevista para la primera quincena de abril, la jornada de 35 horas marca un punto de inflexión en la organización del trabajo en la AGE, alineándose con una demanda histórica de los sindicatos y con prácticas extendidas a varias comunidades autónomas.
El Español – Sociedad
