Francia da una lección a España con los okupas: desalojo en 72 horas, multas de hasta 45.000 euros e incluso penas de cárcel

La conocida como Ley Kasbarian permite actuar a la administración pública y a la policía francesa en tiempo récord.Más información: Portugal da una lección a España: las familias con hijos menores de 12 años podrán solicitar jornada continua. La conocida como Ley Kasbarian permite actuar a la administración pública y a la policía francesa en tiempo récord.Más información: Portugal da una lección a España: las familias con hijos menores de 12 años podrán solicitar jornada continua.  

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Las claves

Francia aplica la Ley Kasbarian, que permite desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 a 72 horas sin necesidad de pasar por un juzgado.

El propietario solo debe denunciar y probar la titularidad ante la policía para que el prefecto ordene la intervención e inmediata de las fuerzas del orden.

La normativa francesa endurece las sanciones con penas de hasta tres años de cárcel y multas que pueden alcanzar los 45.000 euros.

El modelo francés equipara la protección legal entre las residencias habituales y las segundas viviendas, eliminando vacíos legales previos.

Las ocupaciones ilegales tienen los días contados al otro lado de los Pirineos. Mientras en España el miedo a los okupas se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los dueños de viviendas, en Francia han decidido cortar por lo sano.

Y es que nuestro país vecino ya ha comenzado a aplicar un modelo que permite desalojar una casa usurpada en tiempo récord y sin necesidad de pisar un juzgado. Un sistema que contrasta completamente con España.

Aquí, los propietarios se enfrentan a un laberinto judicial interminable cuando necesitan recuperar su casa. El texto legal que ha revolucionado esta problemática en Francia se llama Ley Kasbarian, y otorga un poder sin precedentes a las fuerzas del orden y a la administración pública.

El objetivo de esta ley, aprobada en verano de 2023, es proteger el derecho a la propiedad privada y erradicar la sensación de impunidad de los okupas. La gran diferencia entre el sistema francés y el español radica en a quién se le pide ayuda en caso de allanamiento.

En España, el dueño se ve obligado a interponer una demanda y esperar meses o años a que un juez dicte una orden de desalojo. En el país galo, el propietario del inmueble acude directamente a la policía para denunciar el ilícito y probar que es el titular de la vivienda.

A partir de ese aviso, el expediente se dirige al prefecto —su delegado del Gobierno —y este puede ordenar el desalojo forzoso en un plazo máximo de entre 48 y 72 horas.

Si los okupas no abandonan la casa voluntariamente tras ser notificados, la policía interviene de inmediato. De esta forma, las fuerzas del orden no tienen por qué esperar la autorización de un magistrado.

Cárcel y multas de 45.000 €

Lejos de agilizar únicamente los desalojos, Francia ha multiplicado el castigo que conlleva ocupar ilegalmente un inmueble. La normativa francesa ha endurecido las penas del Código Penal para disuadir los intentos de allanamiento.

Así, el que entre de forma ilícita en domicilio ajeno se enfrenta a hasta tres años de cárcel y multas que alcanzan los 45.000 euros. Por otro lado, se eliminó un resquicio legal que protegía a los okupas si lograban permanecer más de 48 horas en la vivienda antes de ser detectados.

De esta forma se equiparó el trato legal entre las residencias habituales y las segundas residencias. Con este modelo, Francia demuestra que con voluntad política se puede blindar a los propietarios.

Mientras tanto, en España las plataformas de afectados continúan exigiendo una reforma integral de la ley. Hasta entonces, el dueño en España seguirá asumiendo una burocracia legal interminable y unos costes difíciles de comprender.

 El Español – Sociedad

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