Los dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Malabo (Guinea Ecuatorial), han recibido en los últimos días la visita de una familiar y de dos representantes de la Embajada española en el país africano. Tras varios meses sin contacto con el exterior, Victoria, la esposa de Javier Marañón, uno de los detenidos, pudo visitarlo acompañada de una amiga doctora que le extrajo sangre para evaluar su estado de salud, que afortunadamente es bueno. Además, a principios de la semana pasada, Jorge Moragas, segundo en la Embajada en aquel país, acudió a la cárcel junto a la cónsul Sofía Valdés. Tenían permiso para entrar y reunirse con David Rodríguez y Javier Marañón, dos andaluces que llevan encerrados en una de las cárceles más peligrosas del país desde hace siete meses. A continuación, los diplomáticos, según los familiares de los presos, se reunieron con el director de la prisión “para asegurar”, explica el hermano de David, “su derecho a visitas familiares y legales, a las que el director accedió sin problema prometiendo que el siguiente día de visitas, el viernes pasado, podrían acudir y verlos sin problema”. Esa promesa se rompió sobre la marcha y no han vuelto a recibir visitas. Ellos dos, acusados de corrupción, son el eslabón más débil de una cadena de la que no son responsables: solo estaban en Guinea para instalar una TDT como representantes de su empresa.
El director de la prisión de Black Beach aseguró al número dos de la Embajada española, Jorge Moragas, que las visitas continuarían, pero no ha sido así
Los dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Malabo (Guinea Ecuatorial), han recibido en los últimos días la visita de una familiar y de dos representantes de la Embajada española en el país africano. Tras varios meses sin contacto con el exterior, Victoria, la esposa de Javier Marañón, uno de los detenidos, pudo visitarlo acompañada de una amiga doctora que le extrajo sangre para evaluar su estado de salud, que afortunadamente es bueno. Además, a principios de la semana pasada, Jorge Moragas, segundo en la Embajada en aquel país, acudió a la cárcel junto a la cónsul Sofía Valdés. Tenían permiso para entrar y reunirse con David Rodríguez y Javier Marañón, dos andaluces que llevan encerrados en una de las cárceles más peligrosas del país desde hace siete meses. A continuación, los diplomáticos, según los familiares de los presos, se reunieron con el director de la prisión “para asegurar”, explica el hermano de David, “su derecho a visitas familiares y legales, a las que el director accedió sin problema prometiendo que el siguiente día de visitas, el viernes pasado, podrían acudir y verlos sin problema”. Esa promesa se rompió sobre la marcha y no han vuelto a recibir visitas. Ellos dos, acusados de corrupción, son el eslabón más débil de una cadena de la que no son responsables: solo estaban en Guinea para instalar una TDT como representantes de su empresa.
Este diario ha contactado con el Ministerio de Asuntos Exteriores español para conocer si las negociaciones avanzaban. La respuesta, similar a la que ofrecieron hace unas semanas, es que “la Embajada de España en Malabo realiza un estrecho seguimiento del caso de los dos españoles detenidos con el fin de proporcionarles la correspondiente protección y asistencia consular, como corresponde a la legislación internacional vigente sobre relaciones consulares, y en defensa de sus Derechos Humanos”. También se ha preguntado a la embajada de Guinea Ecuatorial en España por este asunto, sin éxito.
Rodríguez y Marañón se reunieron a mediados de enero pasado en Malabo, la capital guineana, con representantes estatales. Estaban convocados para ofrecer explicaciones sobre la primera fase de un proyecto de instalación de televisión digital terrestre (TDT) que la empresa en la que ambos trabajan, Wayan Tecknical, estaba desplegando en Guinea Ecuatorial contratada por el Estado guineano. Tras la reunión les quitaron los pasaportes y pocos días después, el 22 de enero, la policía detuvo a ambos por considerarlos partícipes en un presunto caso de corrupción. Según ha explicado estos días Anatolio Nzang Nguema, Fiscal General de la República, de los algo más de 30 millones de euros en los que el Gobierno había estipulado la instalación de la TDT, se había realizado ya un primer pago de 15 de los que alrededor de seis se han evaporado. Según el fiscal, parte de ellos los ha desviado la empresa y parte han servido para sobornos a funcionarios guineanos. El proyecto para la instalación de la TDT nació en 2017, cuando el Gobierno de Guinea adjudicó por 33 millones de euros a la empresa Wayang Teknica –de propiedad española pero radicada en Guinea Ecuatorial– el despliegue, en dos fases, de 20 centros emisores en todo el país. La primera fase se completó sin contratiempos, según relatan los familiares, e incluso admite el fiscal general, aunque dice que solo cuatro de los 12 centros que debían completarse están disponibles “aunque requieren mejoras”, ha explicado el fiscal.
En 2023, Teodoro Obiang, conocido como Teodorín e hijo del actual presidente homónimo, se convirtió en vicepresidente y, de facto, el responsable del país. Entre sus objetivos, afirmó, “frenar la corrupción, la piratería marítima y la delincuencia”. Fue entonces cuando la relación entre el gobierno y Wayang Teknica dio un giro radical. Los responsables de la empresa dejaron el país, pero no los dos andaluces encarcelados que, además, tenían vínculos familiares en Guinea.
En cualquier caso, sin entrar en el fondo del asunto, los familiares de Marañón y Rodríguez consideran que ambos, como meros técnicos —el primero como administrativo y el segundo como técnico audiovisual— no tienen ninguna responsabilidad en lo que pudiera o no haber ocurrido. De hecho, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Anticorrupción del país emitió en marzo una orden de busca y captura de José Luis Romero Ruiz, presidente de la compañía y, en Granada, presidente también del Consejo de Administración del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada y del grupo empresarial GMS.
Durante dos meses y medio y tras su detención, ambos permanecieron en una gendarmería, donde pudieron recibir visitas frecuentes. A principios de abril, sin embargo, fueron trasladados a la prisión de Black Beach, considerada por Amnistía Internacional una cárcel muy peligrosa en la que no se respetan los derechos humanos. En la última visita de Moragas y la cónsul, según el hermano de Rodríguez, los detenidos conocieron el interés mediático que el caso había levantado en España y la declaración del Parlamento Europeo solicitando el respeto a sus derechos y, en su caso, que tengan un juicio justo.
Tras la visita consular, el viernes pasado, la esposa de Javier Marañón se presentó en la cárcel pensando que podría visitarlo. Sin embargo, “siguiendo la línea que han mantenido durante ya cinco meses, nuevamente le fue denegada la entrada y tuvo que irse de la prisión”. La esposa informó a la embajada y esta contactó con el director de la prisión, que a su vez informó a Victoria de que acudiese de nuevo, que la dejarían pasar. “Ocurrió lo imaginable”, añade Javier Rodríguez, “una nueva negativa en la puerta y una visita que no tuvo lugar”. Por otro lado, el abogado de ambos en el país sigue sin poder reunirse con ellos y aunque el fiscal ya los ha acusado de varios delitos societarios, no hay fecha para un juicio.
En España, en cambio, Manuel Madrid Almoguera, abogado cordobés que lleva el caso de ambos —Javier es cordobés y David granadino— está completando la documentación para elevar el caso al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, institución de Naciones Unidas responsable de investigar casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente o que sea incompatible con las normas internacionales. Madrid Almoguera insiste en que, además de la acción consular en Malabo, la única posibilidad que les queda es acudir a las instancias internacionales, quejoso por la falta de acción, o al menos de comunicación, del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Mientras, también se han puesto en marcha algunos canales extraoficiales. Es el caso de la orden de los Salesianos, con un centro educativo en Granada, donde estudió David, y otro en Malabo, donde acuden los hijos de las familias mejor situadas. Este periódico ha intentado contactar con los salesianos granadinos, pero no ha obtenido respuesta.
Tras la visita el lunes de los diplomáticos a los españoles en prisión, Jorge Moragas y la cónsul Sofía Valdés fueron recibidos al día siguiente por el Jefe de Estado, Teodoro Obiang Nguema. Según información oficial, el asunto de la TDT fue objeto de comentario, aunque no hay mención al estado de los detenidos ni a su futuro. Según esa información, Obiang “ha invitado a los miembros de la misión diplomática española a colaborar, a través de su gobierno, para hallar una solución en este caso”. Finalmente, el presidente guineano manifestó “la necesidad de que los dos gobiernos trabajen juntos para la devolución de los fondos”. La nota gubernamental indica que Moragas calificó de “óptimas las relaciones de su país con su antigua colonia, que se hallan en una situación de acercamiento y colaboración”. El segundo de la Embajada, y también encargado de Negocios, informó además al presidente guineano de una próxima visita que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tiene previsto hacer a su país.
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