La polémica norma, que ha sido apoyada por una inusual alianza entre Unidas Podemos, PSOE, Vox y Francisco Igea, podría tener consecuencias políticas de primera magnitud en la Comunidad.
Más información: Un procurador del PP se desmarca del partido y apoya la petición de Vox de derogar la memoria histórica en CyL La polémica norma, que ha sido apoyada por una inusual alianza entre Unidas Podemos, PSOE, Vox y Francisco Igea, podría tener consecuencias políticas de primera magnitud en la Comunidad.
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Día histórico en las Cortes de Castilla y León. El Parlamento autonómico ha aprobado este miércoles por primera vez en 37 años una norma con el voto en contra del PP en la Comunidad, la Ley de Publicidad Institucional, que ha contado con el apoyo de los 28 procuradores del PSOE, los 11 de Vox, el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, y el procurador Francisco Igea.
La Ley ha sido apoyada por 41 representantes parlamentarios y ha contado con 34 votos en contra, los 31 del Grupo Popular, los dos procuradores no adscritos expulsados de Vox, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, y el representante de Por Ávila, Pedro Pascual. Además, se han abstenido los seis procuradores de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya!.
Se trata de una norma cuya aprobación podría tener consecuencias políticas de primera magnitud en la Comunidad ante la inédita situación de que haya salido adelante con el frontal rechazo del partido que ostenta el Gobierno de la Junta, el PP.
La oposición ha alertado de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, podría verse tentado a adelantar las elecciones autonómicas, que deberían celebrarse en marzo de 2026, para evitar su puesta en marcha aunque el jefe del Ejecutivo autonómico ha insistido en que cumplirá la legislatura salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantase las generales.
La Ley limitará la publicidad institucional para que no supere el 33% del negocio anual de cada medio y plantea el control parlamentario de Castilla y León Televisión, entre otras medidas. El Grupo Socialista, además, anunció esta misma semana que presentará una reforma de la misma tras aprobarse para que se explicite que ese 33% solo se refiere a la publicidad contratada por la Junta.
La Junta de Castilla y León ya ha reaccionado y, en previsión de la aprobación la medida, dio luz verde el pasado jueves a una subvención directa a Televisión Castilla y León de 47,9 millones de euros en dos años a pesar de que la concesión termina en agosto y que, de aprobarse la norma, la concesión expirará en un mes.
En el debate de la iniciativa, en el pleno de las Cortes de este miércoles, el viceportavoz popular, Miguel Ángel García Nieto, ha alertado de que la aprobación de la norma va a provocar que todas las instituciones tengan que pedir a los medios su facturación y que el medio «va a estar obligado a facilitar su cifra de negocio a las administraciones».
«Los medios más pequeños tendrán que calcular los ingresos que van a recibir de todas las administraciones para que no excedan del 33% de su facturación y cuadrar sus cuentas», ha señalado.
«Se les acaba el chollo»
El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que es «un día histórico» para Castilla y León. «Se va a terminar con más de tres décadas de control y compra con dinero público de los medios de comunicación en Castilla y León», ha afirmado, asegurando que esa «utilización de los medios» explica que el PP lleve gobernando 38 años ininterrumpidos en la Comunidad.
Fernández ha señalado que el ejemplo «paradigmático» de esa situación es Castilla y León Televisión, a la que se ha referido como «Telemañueco» y ha acusado a la Junta de Castilla y León de haber «presionado» a los medios de comunicación para que, a su vez, presionaran a la oposición para que no apoyasen la iniciativa.
«Se les acaba el chollo, el dominio mediático y comprar con dinero público a los medios de comunicación», ha señalado el procurador de Unidas Podemos, que ha asegurado que se irá de las Cortes autonómicas, al final de la presente legislatura, «con la conciencia tranquila» tras la aprobación de esta norma.
Un «auténtico bodrio»
El procurador popular Raúl Hernández ha asegurado que la Ley es «un auténtico bodrio legislativo» y ha acusado a la oposición de «atacar la profesionalidad de los periodistas». «Estamos a favor de los medios de comunicación», ha afirmado. El también popular Miguel Ángel García Nieto, además, ha añadido que es «una Ley de censura» y que «muchos pequeños medios tendrán que cerrar».
Además, ha denunciado que todas las instituciones van a tener que pedir a los medios su facturación y que el medio «va a estar obligado a facilitar su cifra de negocio a las administraciones». «Los medios más pequeños tendrán que calcular los ingresos que van a recibir de todas las administraciones para que no excedan del 33% de su facturación y cuadrar sus cuentas», ha señalado.
Por su parte, los portavoces de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, y de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, han confirmado su abstención.
La viceportavoz del PSOE, Nuria Rubio, ha asegurado que el reparto de la publicidad institucional «no puede seguir siendo una herramienta de propaganda al servicio del PP». «Se han dopado electoralmente y se han blindado mediáticamente y esa práctica debe acabar», ha señalado, abogando porque la publicidad institucional se reparta «con criterios técnicos».
«Proponemos un modelo con mecanismos reales de control y control parlamentario efectivo porque solo así podemos garantizar la equidad y la pluralidad informativa», ha señalado.
El representante de Vox Miguel Suárez ha señalado que Castilla y León Televisión pasará a estar, con la aprobación de la norma, «bajo el control del legislativo» y ha asegurado que la Ley «no pretende controlar a los medios, sino controlar a la Junta».
Además, ha acusado al PP de «chantajear a los medios». «Son una mafia y lo único que se puede hacer con ustedes es darles una patada en el tafanario para mandarles al armario de la historia», ha zanjado.
elespanol – Castilla y León
