Junts bloquea la agenda social del Gobierno: no apoyará medidas que dañen a la empresa

El pasado lunes Carles Puigdemont rompía con Pedro Sánchez y ponía en jaque no sólo los Presupuestos, también la nueva agenda social del Ejecutivo, alimentada con las reformas que pretenden poner en marcha las ministras de Seguridad Social y Trabajo, Elma Saiz y Yolanda Díaz , algunas de gran impacto en las empresas, como el abaratamiento del despido, la batería de nuevos permisos, la nueva estructura del salario mínimo (SMI) o el alza de las cuotas de los autónomos . Medidas que hoy no tendrían tampoco el respaldo de las grandes formaciones políticas.El grueso de los cambios suponen modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores , en algunos casos, y en otros de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que exigen amplias mayorías en el Congreso para prosperar. Tanto los votos de Junts como del PNV han sido hasta ahora decisivos para que progresaran cambios laborales de peso, y también han frenado otros, como la rebaja de jornada a 37,5 horas.Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno recula con los autónomos: las cuotas de los que ganan hasta 1.167 euros mensuales se congelan Susana Alcelay La Seguridad Social propone ahora al colectivo subidas entre el 1% y el 2,5% sólo para 2026, lejos del escenario inicialmente propuesto, con incrementos de hasta el 35%«Podrá tener el poder, pero no podrá gobernar» , dijo el dirigente de Junts en un discurso rupturista que no pilló por sorpresa a las empresas, a las que habría trasladado su intención de vetar en el Parlamento cualquier medida que dañara a los negocios o castigara los autónomos. No es la primera vez de la formación independentista se pone del lado del tejido empresarial. Las relaciones del partido de Puigdemont con Fomento del Trabajo son fluidas, hasta el punto de que el presidente de la patronal, Josep Sánchez Libre, fue uno de los que el pasado año visito al político en Perpiñán. El objetivo entonces era aprovechar la fragmentación del Congreso, en el que el Gobierno necesita imperativamente los votos de formaciones como Junts y PNV, para frenar cambios que la patronal consideraba lesivos. Ejemplos de medidas que decayeron fueron la entrada de los sindicatos en los consejos de administración de las empresas, que ambas formaciones ya frenaron en la Cámara baja.Los autónomos, a la espera de nueva propuesta Ahora los cambios que se han puesto encima de la mesa no han dejado a nadie indiferente, entre ellos la subida de cuotas a los autónomos. El alza inicialmente planteada de hasta el 35% puso en pie de guerra a prácticamente todo el arco parlamentario y al propio colectivo, lo que hizo que el Gobierno reculara y congelara las cuotas para los que ganan menos del SMI con un esquema de alzas de hasta el 2,5% para el resto. La organización que dirige Lorenzo Amor está a la espera de que la Seguridad Social diseñe una hoja de ruta para los autónomos con similar protección que los asalariados, que incluya el subsidio para mayores de 52 años o el permiso de lactancia, entre otros. Son derechos irrenunciables para que la mayor asociación de autónomos, ATA, ponga su firma en el pacto. «Ni un solo voto de Junts irá a apretar más a los autónomos», dijo Junts tras la primera oferta del Gobierno, que PP, Vox, Sumar también advirtieron que tumbarían en el Congreso. Pocos días después el Ejecutivo reculó.Extinciones ‘a la carta’En marcha hay reformas que darían un vuelco a las relaciones laborales y que no tienen opciones de avanzar, como el abaratamiento del despido o la nueva estructura para el SMI que planea la vicepresidenta segunda. Trabajo quiere llevar adelante su proyecto de extinción «a la carta» en los despidos improcedentes para dar cumplimiento así a la Carta Social Europea . Es un viejo plan de Yolanda Díaz que no pudo abordar en la reforma laboral que pactó con los agentes sociales por el fuerte rechazo a este encarecimiento, no sólo de los empresarios, también del ala socialista del Gobierno. La ministra de Trabajo ya ha encargado a los sindicatos que prepararan su oferta para emprender la reforma, pese al pronunciamiento del Tribunal Supremo , que cerró la puerta a que los jueces fijen indemnizaciones superiores a 33 días al considerar que la cuantía es compatible con la norma internacional y que, por tanto, no es necesario adaptar la legislación. CEOE ya avisó de que no negociaría estos cambios.Díaz también pretende dar un giro de 180 grados a la estructura del SMI . Busca que este indicador pueda ser revisado a los seis meses si la evolución de los precios se distancia de las previsiones iniciales. Así se refleja en el borrador de real decreto que quiere negociar con los agentes sociales, un nuevo sistema que incluiría un alza automático del sueldo mínimo que siempre debería alcanzar el 60% de la renta media.Permisos, en problemasLos nuevos permisos laborales son otro de los caballos de batalla. La titular de Trabajo ha planteado dos nuevos: hasta diez días por fallecimiento , y un segundo para los cuidados paliativos. La ministra anunció estas iniciativas, con el aval sindical, pero sin haber pasado por el diálogo social, lo que provocó nuevas críticas de los empresarios a su ‘modus operandi’ habitual en los últimos años. «Yo pediría 10 días para descansar de sus anuncios», dijo el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en tanto que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recomendó que estos cambios «hay que hacerlos con las empresas». Tampoco el decreto con el nuevo registro horario tiene el camino despejado. Las fuertes sanciones que se diseñaron para los incumplidores se cayeron de la norma puesto que necesitarían apoyo del Parlamento, y la dudas legales por el acceso de Inspección a los fichajes complican el sistema de control.Las altas progresivas no convencen Aunque menos ambiciosa que la agenda de Díaz, la de Elma Saiz incluye cambios que podrían no pasar el filtro del Parlamento, como las altas laborales progresivas, que se plantean frente al absentismo, que este año costará casi 33.000 millones . No convence a las empresas, que entienden que el trabajador debe estar totalmente recuperado para reincorporarse al trabajo. Lo que sí reclaman desde hace años es la entrada a las mutuas en la tramitación de las altas, en concreto en las bajas traumatológicas, que son las de mayor duración. El pasado lunes Carles Puigdemont rompía con Pedro Sánchez y ponía en jaque no sólo los Presupuestos, también la nueva agenda social del Ejecutivo, alimentada con las reformas que pretenden poner en marcha las ministras de Seguridad Social y Trabajo, Elma Saiz y Yolanda Díaz , algunas de gran impacto en las empresas, como el abaratamiento del despido, la batería de nuevos permisos, la nueva estructura del salario mínimo (SMI) o el alza de las cuotas de los autónomos . Medidas que hoy no tendrían tampoco el respaldo de las grandes formaciones políticas.El grueso de los cambios suponen modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores , en algunos casos, y en otros de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que exigen amplias mayorías en el Congreso para prosperar. Tanto los votos de Junts como del PNV han sido hasta ahora decisivos para que progresaran cambios laborales de peso, y también han frenado otros, como la rebaja de jornada a 37,5 horas.Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno recula con los autónomos: las cuotas de los que ganan hasta 1.167 euros mensuales se congelan Susana Alcelay La Seguridad Social propone ahora al colectivo subidas entre el 1% y el 2,5% sólo para 2026, lejos del escenario inicialmente propuesto, con incrementos de hasta el 35%«Podrá tener el poder, pero no podrá gobernar» , dijo el dirigente de Junts en un discurso rupturista que no pilló por sorpresa a las empresas, a las que habría trasladado su intención de vetar en el Parlamento cualquier medida que dañara a los negocios o castigara los autónomos. No es la primera vez de la formación independentista se pone del lado del tejido empresarial. Las relaciones del partido de Puigdemont con Fomento del Trabajo son fluidas, hasta el punto de que el presidente de la patronal, Josep Sánchez Libre, fue uno de los que el pasado año visito al político en Perpiñán. El objetivo entonces era aprovechar la fragmentación del Congreso, en el que el Gobierno necesita imperativamente los votos de formaciones como Junts y PNV, para frenar cambios que la patronal consideraba lesivos. Ejemplos de medidas que decayeron fueron la entrada de los sindicatos en los consejos de administración de las empresas, que ambas formaciones ya frenaron en la Cámara baja.Los autónomos, a la espera de nueva propuesta Ahora los cambios que se han puesto encima de la mesa no han dejado a nadie indiferente, entre ellos la subida de cuotas a los autónomos. El alza inicialmente planteada de hasta el 35% puso en pie de guerra a prácticamente todo el arco parlamentario y al propio colectivo, lo que hizo que el Gobierno reculara y congelara las cuotas para los que ganan menos del SMI con un esquema de alzas de hasta el 2,5% para el resto. La organización que dirige Lorenzo Amor está a la espera de que la Seguridad Social diseñe una hoja de ruta para los autónomos con similar protección que los asalariados, que incluya el subsidio para mayores de 52 años o el permiso de lactancia, entre otros. Son derechos irrenunciables para que la mayor asociación de autónomos, ATA, ponga su firma en el pacto. «Ni un solo voto de Junts irá a apretar más a los autónomos», dijo Junts tras la primera oferta del Gobierno, que PP, Vox, Sumar también advirtieron que tumbarían en el Congreso. Pocos días después el Ejecutivo reculó.Extinciones ‘a la carta’En marcha hay reformas que darían un vuelco a las relaciones laborales y que no tienen opciones de avanzar, como el abaratamiento del despido o la nueva estructura para el SMI que planea la vicepresidenta segunda. Trabajo quiere llevar adelante su proyecto de extinción «a la carta» en los despidos improcedentes para dar cumplimiento así a la Carta Social Europea . Es un viejo plan de Yolanda Díaz que no pudo abordar en la reforma laboral que pactó con los agentes sociales por el fuerte rechazo a este encarecimiento, no sólo de los empresarios, también del ala socialista del Gobierno. La ministra de Trabajo ya ha encargado a los sindicatos que prepararan su oferta para emprender la reforma, pese al pronunciamiento del Tribunal Supremo , que cerró la puerta a que los jueces fijen indemnizaciones superiores a 33 días al considerar que la cuantía es compatible con la norma internacional y que, por tanto, no es necesario adaptar la legislación. CEOE ya avisó de que no negociaría estos cambios.Díaz también pretende dar un giro de 180 grados a la estructura del SMI . Busca que este indicador pueda ser revisado a los seis meses si la evolución de los precios se distancia de las previsiones iniciales. Así se refleja en el borrador de real decreto que quiere negociar con los agentes sociales, un nuevo sistema que incluiría un alza automático del sueldo mínimo que siempre debería alcanzar el 60% de la renta media.Permisos, en problemasLos nuevos permisos laborales son otro de los caballos de batalla. La titular de Trabajo ha planteado dos nuevos: hasta diez días por fallecimiento , y un segundo para los cuidados paliativos. La ministra anunció estas iniciativas, con el aval sindical, pero sin haber pasado por el diálogo social, lo que provocó nuevas críticas de los empresarios a su ‘modus operandi’ habitual en los últimos años. «Yo pediría 10 días para descansar de sus anuncios», dijo el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en tanto que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recomendó que estos cambios «hay que hacerlos con las empresas». Tampoco el decreto con el nuevo registro horario tiene el camino despejado. Las fuertes sanciones que se diseñaron para los incumplidores se cayeron de la norma puesto que necesitarían apoyo del Parlamento, y la dudas legales por el acceso de Inspección a los fichajes complican el sistema de control.Las altas progresivas no convencen Aunque menos ambiciosa que la agenda de Díaz, la de Elma Saiz incluye cambios que podrían no pasar el filtro del Parlamento, como las altas laborales progresivas, que se plantean frente al absentismo, que este año costará casi 33.000 millones . No convence a las empresas, que entienden que el trabajador debe estar totalmente recuperado para reincorporarse al trabajo. Lo que sí reclaman desde hace años es la entrada a las mutuas en la tramitación de las altas, en concreto en las bajas traumatológicas, que son las de mayor duración.  

El pasado lunes Carles Puigdemont rompía con Pedro Sánchez y ponía en jaque no sólo los Presupuestos, también la nueva agenda social del Ejecutivo, alimentada con las reformas que pretenden poner en marcha las ministras de Seguridad Social y Trabajo, Elma Saiz y Yolanda Díaz … , algunas de gran impacto en las empresas, como el abaratamiento del despido, la batería de nuevos permisos, la nueva estructura del salario mínimo (SMI) o el alza de las cuotas de los autónomos. Medidas que hoy no tendrían tampoco el respaldo de las grandes formaciones políticas.

El grueso de los cambios suponen modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, en algunos casos, y en otros de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que exigen amplias mayorías en el Congreso para prosperar. Tanto los votos de Junts como del PNV han sido hasta ahora decisivos para que progresaran cambios laborales de peso, y también han frenado otros, como la rebaja de jornada a 37,5 horas.

«Podrá tener el poder, pero no podrá gobernar», dijo el dirigente de Junts en un discurso rupturista que no pilló por sorpresa a las empresas, a las que habría trasladado su intención de vetar en el Parlamento cualquier medida que dañara a los negocios o castigara los autónomos. No es la primera vez de la formación independentista se pone del lado del tejido empresarial.

Las relaciones del partido de Puigdemont con Fomento del Trabajo son fluidas, hasta el punto de que el presidente de la patronal, Josep Sánchez Libre, fue uno de los que el pasado año visito al político en Perpiñán. El objetivo entonces era aprovechar la fragmentación del Congreso, en el que el Gobierno necesita imperativamente los votos de formaciones como Junts y PNV, para frenar cambios que la patronal consideraba lesivos. Ejemplos de medidas que decayeron fueron la entrada de los sindicatos en los consejos de administración de las empresas, que ambas formaciones ya frenaron en la Cámara baja.

Los autónomos, a la espera de nueva propuesta

Ahora los cambios que se han puesto encima de la mesa no han dejado a nadie indiferente, entre ellos la subida de cuotas a los autónomos. El alza inicialmente planteada de hasta el 35% puso en pie de guerra a prácticamente todo el arco parlamentario y al propio colectivo, lo que hizo que el Gobierno reculara y congelara las cuotas para los que ganan menos del SMI con un esquema de alzas de hasta el 2,5% para el resto. La organización que dirige Lorenzo Amor está a la espera de que la Seguridad Social diseñe una hoja de ruta para los autónomos con similar protección que los asalariados, que incluya el subsidio para mayores de 52 años o el permiso de lactancia, entre otros. Son derechos irrenunciables para que la mayor asociación de autónomos, ATA, ponga su firma en el pacto. «Ni un solo voto de Junts irá a apretar más a los autónomos», dijo Junts tras la primera oferta del Gobierno, que PP, Vox, Sumar también advirtieron que tumbarían en el Congreso. Pocos días después el Ejecutivo reculó.

Extinciones ‘a la carta’

En marcha hay reformas que darían un vuelco a las relaciones laborales y que no tienen opciones de avanzar, como el abaratamiento del despido o la nueva estructura para el SMI que planea la vicepresidenta segunda. Trabajo quiere llevar adelante su proyecto de extinción «a la carta» en los despidos improcedentes para dar cumplimiento así a la Carta Social Europea. Es un viejo plan de Yolanda Díaz que no pudo abordar en la reforma laboral que pactó con los agentes sociales por el fuerte rechazo a este encarecimiento, no sólo de los empresarios, también del ala socialista del Gobierno.

La ministra de Trabajo ya ha encargado a los sindicatos que prepararan su oferta para emprender la reforma, pese al pronunciamiento del Tribunal Supremo, que cerró la puerta a que los jueces fijen indemnizaciones superiores a 33 días al considerar que la cuantía es compatible con la norma internacional y que, por tanto, no es necesario adaptar la legislación. CEOE ya avisó de que no negociaría estos cambios.

Díaz también pretende dar un giro de 180 grados a la estructura del SMI. Busca que este indicador pueda ser revisado a los seis meses si la evolución de los precios se distancia de las previsiones iniciales. Así se refleja en el borrador de real decreto que quiere negociar con los agentes sociales, un nuevo sistema que incluiría un alza automático del sueldo mínimo que siempre debería alcanzar el 60% de la renta media.

Permisos, en problemas

Los nuevos permisos laborales son otro de los caballos de batalla. La titular de Trabajo ha planteado dos nuevos: hasta diez días por fallecimiento, y un segundo para los cuidados paliativos. La ministra anunció estas iniciativas, con el aval sindical, pero sin haber pasado por el diálogo social, lo que provocó nuevas críticas de los empresarios a su ‘modus operandi’ habitual en los últimos años. «Yo pediría 10 días para descansar de sus anuncios», dijo el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en tanto que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recomendó que estos cambios «hay que hacerlos con las empresas».

Tampoco el decreto con el nuevo registro horario tiene el camino despejado. Las fuertes sanciones que se diseñaron para los incumplidores se cayeron de la norma puesto que necesitarían apoyo del Parlamento, y la dudas legales por el acceso de Inspección a los fichajes complican el sistema de control.

Las altas progresivas no convencen

Aunque menos ambiciosa que la agenda de Díaz, la de Elma Saiz incluye cambios que podrían no pasar el filtro del Parlamento, como las altas laborales progresivas, que se plantean frente al absentismo, que este año costará casi 33.000 millones. No convence a las empresas, que entienden que el trabajador debe estar totalmente recuperado para reincorporarse al trabajo. Lo que sí reclaman desde hace años es la entrada a las mutuas en la tramitación de las altas, en concreto en las bajas traumatológicas, que son las de mayor duración.

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