La afiliación sindical toca mínimos, especialmente entre los jóvenes y los empleados a tiempo parcial

Los sindicatos españoles tienen un problema grave, y es que los trabajadores a los que dicen representar cada vez muestran menos interés en formar parte de ellos, hasta el punto de que apenas uno de cada diez lo hace; y los hábitos y condiciones laborales de los jóvenes apuntan a que esa cifra seguirá cayendo. Esta es la advertencia que ha lanzado Funcas, el ‘think tank’ de las cajas de ahorros, en la última edición de su informe ‘Focus on Spanish Society’, en el que señala que nuestro país corre «el riesgo de que una gran parte de la población asalariada quede poco representada en los mecanismos de diálogo social». Los datos de la OCDE indican que en 2023 -última cifra disponible- un 12,5% de los asalariados españoles estaban en las filas de un sindicato. Supone una caída de cuatro puntos en apenas una década (desde el 16,7% de 2012) y el segundo peor dato en lo que llevamos de siglo (tras el 12,4% de 2019), aunque eso no es decir demasiado, dado que en el año 2000 la tasa estaba en apenas el 14,8%. La participación de los trabajadores de nuestro país en las centrales sindicales tan solo experimentó un aumento significativo entre 2009 y 2015, cuando, en plena recesión tras el ‘crash’ de 2008, la tasa rebasó el 16%, pero a partir de ahí empezó una senda descendiente que la ha llevado a tocar suelo durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Noticia Relacionada Desde septiembre de 2022 estandar Si Yolanda Díaz ha dinamitado el diálogo social con 272 normas laborales sin consenso Susana Alcelay La intensidad legislativa del Gobierno ha provocado 416 cambios en la legislación tras el último acuerdo de reforma laboralEstas cifras contrastan, por ejemplo, con las de Suecia, donde la representatividad está en el 65,9% de la fuerza laboral, o Italia, con un 30%. A su vez, si se toma la última oleada del International Social Survey Programme (ISSP), una estadística elaborada por varias universidades internacionales (con una metodología distinta a la OCDE), se descubre que España está ocho puntos por debajo de la media de la Unión Europea, con un 18% de sindicación, frente a un 26,3% en el espacio comunitario. Cabe decir que el problema no es exclusivo de nuestro país, pues a excepción de los escandinavos y Austria, el resto de los Estados miembro muestran porcentajes por debajo del 20% en la estadística del ISSP. Y tampoco la tendencia a la baja es única de España, pues la OCDE apunta retrocesos en participación sindical en buena parte de los países de la UE; sirva el caso de Alemania, que ha pasado de un 22% en el año 2000 al 14,1% en 2024. Un problema heredado del 78Para explicar las causas del fenómeno, al menos en lo que refiere a España, resulta oportuno recuperar un artículo publicado en el año 2002 por los economistas Olivier Blanchard , que años después sería jede de Economía del Fondo Monetario Internacional (FMI), y el español Samuel Bentolila, que ya entonces advertían sobre los «pocos incentivos» que ofrece nuestra legislación laboral para que los trabajadores se apunten a las organizaciones que los representan. En 2002 el problema ya era evidente, con apenas un 14,6% de los asalariados asociados a alguna organización. De hecho, desde que se aprobara la Constitución de 1978, la tasa de representatividad jamás ha superado el 17% que se anotó en 1993, una cifra que en todo caso está muy lejos del 38% de 1978 y el 27% de 1979, cuando aún sobrevivían los rescoldos del modelo basado en el antiguo sindicato vertical -y obligatorio- franquista. En mínimos con el PSOE En 2015 la afiliación empezó una senda descendiente que la ha llevado a tocar suelo durante los gobiernos de Pedro SánchezEn ‘Spanish Unemployment: The end of the wild ride?’ (2002), Blanchard y Bentolila describieron cómo el marco laboral inaugurado con la democracia no fue capaz de crear un entorno que incentivara la afiliación, entre otras cosas porque los asalariados tenían asegurado el derecho constitucional a estar cubiertos por un convenio colectivo, independientemente de su pertenencia a una organización. A su vez, adujeron estos economistas, en el nuevo modelo la representatividad de los sindicatos emanaba de los resultados de las elecciones en las empresas y no del porcentaje de miembros en alta en sus filas, lo que también redujo incentivos. El caso es que esto ha alumbrado un escenario en el que las centrales ejercen la prerrogativa fundamental que les otorga la Constitución, que es colaborar con el Estado en los procesos de planificación económica y en la negociación de las leyes (Artículo 131), pero lo hacen sin tener apenas a uno de cada diez trabajadores como miembros. Los jóvenes y precarios, excluidosPara Funcas, este patrón supone «un desafío para la sostenibilidad de la representación sindical a medio plazo», se lee en el informe. Y lo más preocupante, quizá, es que la tendencia irá a más en los próximos años, ya que numerosos estudios -apuntan desde el ‘think tank’- indican que la sindicación está descendiendo entre la población joven y los trabajadores a tiempo parcial o con contratos temporales. Precisamente, y en relación a esto último, no hay que olvidar que en España cada vez hay más empleo precario a pesar de que las cifras oficiales traten de disimularlo bajo el trampantojo de los fijos-discontinuos. Concretamente, desde que el Gobierno alumbró esa nueva forma de relación laboral en la reforma de 2021, alrededor de un 60% de los nuevos contratos que se firman son fijos-discontinuos o a tiempo parcial. En todas las economías desarrolladas se observa un creciente desinterés por la sindicación entre los jóvenes , pero nuestro país presenta un «perfil distintivo», advierte Funcas, pues entre los trabajadores de 25 a 44 años con un contrato a tiempo completo, la tasa de afiliación está en el 18% (según datos de la encuesta del ISSP), mientras que en la franja entre los 45 y los 64 años la cifra aumenta al 26%. 10% Baja representatividad joven En el grupo entre los 25 y los 44 años con contrato a tiempo parcial, la afiliación cae a mínimosAdemás de la edad, como ya se ha avanzado, hay una segunda brecha relacionada con el tipo de contrato, una que revela que los fijos-discontinuos, parciales y precarios en general son los que viven más ajenos al fenómeno de la política laboral. Concretamente, en el grupo entre los 25 y los 44 años, solo el 10% de los asalariados con un contrato a tiempo parcial forman parte de un sindicato, mientras que en la franja entre los 45 y los 64 la tasa es del 24%.  Hay una relación evidente entre baja afiliación y tipo de contrato, una que solo decae en los grupos de mayor edad. Para los expertos de Funcas, esto demuestra que la sindicación se concentra en los trabajadores con experiencia y trayectorias estables, mientras «la gente joven y con empleos más precarios permanece por lo general fuera de las organizaciones sindicales». Esto, sigue el informe, provoca un envejecimiento paulatino de la base de las grandes organizaciones, a la vez que frena el relevo generacional, dando lugar a un sistema que cada vez excluye a segmentos más amplios de la fuerza laboral en los procesos de diálogo social. En contraposición, Funcas destaca los modelos imperantes en los países nórdicos (Suecia, Noruega e Islandia), donde el modelo es mucho más inclusivo. Los sindicatos españoles tienen un problema grave, y es que los trabajadores a los que dicen representar cada vez muestran menos interés en formar parte de ellos, hasta el punto de que apenas uno de cada diez lo hace; y los hábitos y condiciones laborales de los jóvenes apuntan a que esa cifra seguirá cayendo. Esta es la advertencia que ha lanzado Funcas, el ‘think tank’ de las cajas de ahorros, en la última edición de su informe ‘Focus on Spanish Society’, en el que señala que nuestro país corre «el riesgo de que una gran parte de la población asalariada quede poco representada en los mecanismos de diálogo social». Los datos de la OCDE indican que en 2023 -última cifra disponible- un 12,5% de los asalariados españoles estaban en las filas de un sindicato. Supone una caída de cuatro puntos en apenas una década (desde el 16,7% de 2012) y el segundo peor dato en lo que llevamos de siglo (tras el 12,4% de 2019), aunque eso no es decir demasiado, dado que en el año 2000 la tasa estaba en apenas el 14,8%. La participación de los trabajadores de nuestro país en las centrales sindicales tan solo experimentó un aumento significativo entre 2009 y 2015, cuando, en plena recesión tras el ‘crash’ de 2008, la tasa rebasó el 16%, pero a partir de ahí empezó una senda descendiente que la ha llevado a tocar suelo durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Noticia Relacionada Desde septiembre de 2022 estandar Si Yolanda Díaz ha dinamitado el diálogo social con 272 normas laborales sin consenso Susana Alcelay La intensidad legislativa del Gobierno ha provocado 416 cambios en la legislación tras el último acuerdo de reforma laboralEstas cifras contrastan, por ejemplo, con las de Suecia, donde la representatividad está en el 65,9% de la fuerza laboral, o Italia, con un 30%. A su vez, si se toma la última oleada del International Social Survey Programme (ISSP), una estadística elaborada por varias universidades internacionales (con una metodología distinta a la OCDE), se descubre que España está ocho puntos por debajo de la media de la Unión Europea, con un 18% de sindicación, frente a un 26,3% en el espacio comunitario. Cabe decir que el problema no es exclusivo de nuestro país, pues a excepción de los escandinavos y Austria, el resto de los Estados miembro muestran porcentajes por debajo del 20% en la estadística del ISSP. Y tampoco la tendencia a la baja es única de España, pues la OCDE apunta retrocesos en participación sindical en buena parte de los países de la UE; sirva el caso de Alemania, que ha pasado de un 22% en el año 2000 al 14,1% en 2024. Un problema heredado del 78Para explicar las causas del fenómeno, al menos en lo que refiere a España, resulta oportuno recuperar un artículo publicado en el año 2002 por los economistas Olivier Blanchard , que años después sería jede de Economía del Fondo Monetario Internacional (FMI), y el español Samuel Bentolila, que ya entonces advertían sobre los «pocos incentivos» que ofrece nuestra legislación laboral para que los trabajadores se apunten a las organizaciones que los representan. En 2002 el problema ya era evidente, con apenas un 14,6% de los asalariados asociados a alguna organización. De hecho, desde que se aprobara la Constitución de 1978, la tasa de representatividad jamás ha superado el 17% que se anotó en 1993, una cifra que en todo caso está muy lejos del 38% de 1978 y el 27% de 1979, cuando aún sobrevivían los rescoldos del modelo basado en el antiguo sindicato vertical -y obligatorio- franquista. En mínimos con el PSOE En 2015 la afiliación empezó una senda descendiente que la ha llevado a tocar suelo durante los gobiernos de Pedro SánchezEn ‘Spanish Unemployment: The end of the wild ride?’ (2002), Blanchard y Bentolila describieron cómo el marco laboral inaugurado con la democracia no fue capaz de crear un entorno que incentivara la afiliación, entre otras cosas porque los asalariados tenían asegurado el derecho constitucional a estar cubiertos por un convenio colectivo, independientemente de su pertenencia a una organización. A su vez, adujeron estos economistas, en el nuevo modelo la representatividad de los sindicatos emanaba de los resultados de las elecciones en las empresas y no del porcentaje de miembros en alta en sus filas, lo que también redujo incentivos. El caso es que esto ha alumbrado un escenario en el que las centrales ejercen la prerrogativa fundamental que les otorga la Constitución, que es colaborar con el Estado en los procesos de planificación económica y en la negociación de las leyes (Artículo 131), pero lo hacen sin tener apenas a uno de cada diez trabajadores como miembros. Los jóvenes y precarios, excluidosPara Funcas, este patrón supone «un desafío para la sostenibilidad de la representación sindical a medio plazo», se lee en el informe. Y lo más preocupante, quizá, es que la tendencia irá a más en los próximos años, ya que numerosos estudios -apuntan desde el ‘think tank’- indican que la sindicación está descendiendo entre la población joven y los trabajadores a tiempo parcial o con contratos temporales. Precisamente, y en relación a esto último, no hay que olvidar que en España cada vez hay más empleo precario a pesar de que las cifras oficiales traten de disimularlo bajo el trampantojo de los fijos-discontinuos. Concretamente, desde que el Gobierno alumbró esa nueva forma de relación laboral en la reforma de 2021, alrededor de un 60% de los nuevos contratos que se firman son fijos-discontinuos o a tiempo parcial. En todas las economías desarrolladas se observa un creciente desinterés por la sindicación entre los jóvenes , pero nuestro país presenta un «perfil distintivo», advierte Funcas, pues entre los trabajadores de 25 a 44 años con un contrato a tiempo completo, la tasa de afiliación está en el 18% (según datos de la encuesta del ISSP), mientras que en la franja entre los 45 y los 64 años la cifra aumenta al 26%. 10% Baja representatividad joven En el grupo entre los 25 y los 44 años con contrato a tiempo parcial, la afiliación cae a mínimosAdemás de la edad, como ya se ha avanzado, hay una segunda brecha relacionada con el tipo de contrato, una que revela que los fijos-discontinuos, parciales y precarios en general son los que viven más ajenos al fenómeno de la política laboral. Concretamente, en el grupo entre los 25 y los 44 años, solo el 10% de los asalariados con un contrato a tiempo parcial forman parte de un sindicato, mientras que en la franja entre los 45 y los 64 la tasa es del 24%.  Hay una relación evidente entre baja afiliación y tipo de contrato, una que solo decae en los grupos de mayor edad. Para los expertos de Funcas, esto demuestra que la sindicación se concentra en los trabajadores con experiencia y trayectorias estables, mientras «la gente joven y con empleos más precarios permanece por lo general fuera de las organizaciones sindicales». Esto, sigue el informe, provoca un envejecimiento paulatino de la base de las grandes organizaciones, a la vez que frena el relevo generacional, dando lugar a un sistema que cada vez excluye a segmentos más amplios de la fuerza laboral en los procesos de diálogo social. En contraposición, Funcas destaca los modelos imperantes en los países nórdicos (Suecia, Noruega e Islandia), donde el modelo es mucho más inclusivo.  

Los sindicatos españoles tienen un problema grave, y es que los trabajadores a los que dicen representar cada vez muestran menos interés en formar parte de ellos, hasta el punto de que apenas uno de cada diez lo hace; y los hábitos y condiciones … laborales de los jóvenes apuntan a que esa cifra seguirá cayendo. Esta es la advertencia que ha lanzado Funcas, el ‘think tank’ de las cajas de ahorros, en la última edición de su informe ‘Focus on Spanish Society’, en el que señala que nuestro país corre «el riesgo de que una gran parte de la población asalariada quede poco representada en los mecanismos de diálogo social».

Los datos de la OCDE indican que en 2023 -última cifra disponible- un 12,5% de los asalariados españoles estaban en las filas de un sindicato. Supone una caída de cuatro puntos en apenas una década (desde el 16,7% de 2012) y el segundo peor dato en lo que llevamos de siglo (tras el 12,4% de 2019), aunque eso no es decir demasiado, dado que en el año 2000 la tasa estaba en apenas el 14,8%. La participación de los trabajadores de nuestro país en las centrales sindicales tan solo experimentó un aumento significativo entre 2009 y 2015, cuando, en plena recesión tras el ‘crash’ de 2008, la tasa rebasó el 16%, pero a partir de ahí empezó una senda descendiente que la ha llevado a tocar suelo durante los gobiernos de Pedro Sánchez.

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