El cartel de la autovía A-31, la que da salida desde Alicante hacia Albacete y Madrid, es tan enorme como lacónico. Situado entre los municipios alicantinos de Sax y Villena, marca un desvío hacia la Colonia Santa Eulalia. Pocas referencias más hay en toda la provincia de este pequeño complejo industrial nacido en 1887, una pedanía creada bajo los criterios del socialismo utópico en la que vivían los empleados de varias factorías de una colonia agrícola de primera clase, según su catalogación original. Casi siglo y medio después, los edificios que le dieron forma, dos fábricas, un teatro, un palacio, una ermita y varias viviendas, principalmente, se desmigajan. La ruina amenaza todo el conjunto. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo lo puede cambiar todo. A punto de desaparecer de la memoria, la Colonia Santa Eulalia, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat valenciana en 2016, puede ser la clave para la conservación del patrimonio histórico español. Un escudo jurídico para unos 17.000 inmuebles protegidos en todo el país.
El Tribunal estudiará si las administraciones deben actuar ante el deterioro de los bienes públicos y privados y revisará la ley que los protege para crear jurisprudencia
El cartel de la autovía A-31, la que da salida desde Alicante hacia Albacete y Madrid, es tan enorme como lacónico. Situado entre los municipios alicantinos de Sax y Villena, marca un desvío hacia la Colonia Santa Eulalia. Pocas referencias más hay en toda la provincia de este pequeño complejo industrial nacido en 1887, una pedanía creada bajo los criterios del socialismo utópico en la que vivían los empleados de varias factorías de una colonia agrícola de primera clase, según su catalogación original. Casi siglo y medio después, los edificios que le dieron forma, dos fábricas, un teatro, un palacio, una ermita y varias viviendas, principalmente, se desmigajan. La ruina amenaza todo el conjunto. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo lo puede cambiar todo. A punto de desaparecer de la memoria, la Colonia Santa Eulalia, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat valenciana en 2016, puede ser la clave para la conservación del patrimonio histórico español. Un escudo jurídico para unos 17.000 inmuebles protegidos en todo el país.
Fueron el conde de Alcudia y su primo, el vizconde de Alcira, quienes sacaron adelante el proyecto original. En un terreno de una gigantesca finca de 138 hectáreas de cultivos de secano, vid, almendro y olivo, y con una ermita del siglo XVII como centro del plano, los dos nobles levantaron una fábrica de harinas, otra de alcohol y bodegas, silos y almazaras. También construyeron el palacio condal, con doce habitaciones. Y todo lo que pudieran necesitar sus empleados para no tener que desplazarse, desde viviendas hasta un economato para las compras y un pequeño casino y el Teatro Cervantes para los momentos de ocio. A Santa Eulalia se llegaba por tren, gracias a una estación ferroviaria, igualmente de nueva planta, y disponía de una hospedería para clientes y visitantes. Hasta 200 personas llegaron a vivir y trabajar allí. El rumbo de la economía a partir de 1925 marcó su decadencia. La Guerra Civil la apuntilló.
“La mayor parte de los edificios de la colonia están en riesgo de derrumbe”, afirma Santiago Gasset, presidente y representante legal de Acció Ecologista-Agró, la asociación que ha dado a conocer la sentencia del Supremo, por su interés en el asunto. “La alcoholera está muy afectada, la harinera tiene el tejado lleno de agujeros, el teatro es una ruina”, describe. Agró ya pidió “una declaración de expolio, que no se refería a la posibilidad de que se dieran hurtos, sino al riesgo de destrucción de los inmuebles”, explica, “pero fue desestimada”. Administrativamente, la colonia depende de los ayuntamientos de Sax y Villena (10.346 y 34.712 habitantes, respectivamente). Y “ninguno de los dos” ha hecho gran cosa, a su juicio. “Sax impuso tres multas coercitivas para el vallado de los inmuebles en riesgo, 866 euros en total, y dictó orden de demolición de uno de los inmuebles”, que ya había sembrado su entorno de cascotes. Villena “no ha realizado actuaciones decididas”. La defensa patrimonial corre a cargo de la Generalitat, que en 2023 rechazó emprender un estudio para la rehabilitación de la colonia. Que muere sola.
Un particular, sin embargo, llevó el asunto a los tribunales, según recoge el fallo del Supremo, al que ha accedido EL PAÍS. En 2021, “interpuso recurso contencioso-administrativo” contra la decisión de Sax de negar la “evaluación del estado de los edificios”. También solicitaba que el consistorio sajeño “requiriese a los propietarios” con el objetivo de “asegurar la conservación” del patrimonio “en condiciones de seguridad y salubridad”. Un juzgado de Alicante desestimó la demanda, alegando que el Ayuntamiento “no era propietario de los bienes” y que solo le cabía “garantizar el cumplimiento de la normativa” vigente. El demandante recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que en 2024 confirmó la sentencia previa “en sus propios términos”.
La batalla aún no había concluido. El demandante presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Su argumento principal, indica el dictamen judicial, era que “no existe jurisprudencia” que “explicite las obligaciones de las administraciones para exigir la conservación y mantenimiento del patrimonio histórico, cuando el propietario es renuente a su cumplimiento”. El alto tribunal tampoco había trazado la ruta “relativa al ejercicio de la acción pública en esta materia”. Gasset resume la cuestión que han dilucidado los magistrados: “Si la acción pública solicita la protección del patrimonio, se convierte en una obligación para las administraciones?”.
La respuesta, que ha contado con el magistrado José Luis Requero como ponente, da la razón al ciudadano preocupado por la conservación de la Colonia. “La cuestión presenta interés casacional objetivo”, admiten los magistrados. Es decir, merece “la formación de jurisprudencia” para establecer “cuál ha de ser el contenido específico de actuación de la administración pública en situaciones de peligro de deterioro o destrucción de un bien integrante del Patrimonio Histórico Español, ya sean de propiedad pública o privada”. No solo la Colonia Santa Eulalia. Todo el patrimonio. Los jueces se comprometen a revisar diversos artículos y apartados de la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. “Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras”, avisa la sentencia.
La “contradicción” existente entre el fallo del TSJ valenciano con dos sentencias, una dictada en Madrid y otra en Murcia, espoleó el interés del Supremo. En la primera, de 2017, el tribunal impuso a un ayuntamiento y a la Comunidad “la obligación de comprobar y actuar para evitar el deterioro, peligro o expolio del patrimonio histórico”, como manda, según subrayaron los jueces, la Constitución. En el caso murciano, “se impuso a la administración demandada” el “deber de custodia y conservación de los bienes” en caso de que exista “deterioro”. No era “admisible una actuación de inactividad por parte de la administración, pudiendo los particulares exigir el cumplimiento de las obligaciones en este sentido”. La intención de los magistrados, a partir de la sentencia de Santa Eulalia, es unificar criterios. Y no hay marcha atrás. “El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es firme”, zanjan.
“Puede que para la colonia Santa Eulalia este dictamen llegue tarde”, lamenta Gasset. Tras el desvío de la autovía, una estrecha carretera conduce a la utopía del conde de Alcudia, que agoniza entre dos pinadas, en la frontera de dos términos municipales, sin recibir la visita de nadie que no sepa exactamente lo que va a ver. Solo L’Alqueria blanca, una exitosa serie de la televisión autonómica, primero Canal 9 y luego À Punt, la puso de nuevo en el mapa, al convertirla en su principal escenario de exteriores. Pero la serie ya ha concluido, tras 16 temporadas y más de 450 capítulos. Y a la colonia solo le queda esperar que los jueces la conviertan en un símbolo de la protección de los bienes culturales españoles.
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