Los mediocres resultados educativos de Cataluña -según indican los diferentes informes autonómicos e internacionales- no remontarán hasta que se aborde una de sus causas principales: las desigualdades sociales, que además cada vez son más crecientes. Esta es la principal tesis del Anuario de la Educación en Cataluña, que elabora cada dos años la Fundación equitat.org (la antigua Fundación Bofill), en el que se pone de relieve también que la inversión en educación es notoriamente insuficiente y se proponen una lista de 17 medidas para, principalmente, inyectar más recursos en las escuelas que más lo necesitan. “Si queremos mejorar los resultados, tenemos que reconocer dónde hay mayores necesidades para destinar más recursos”, ha asegurado Francesc Pedró, catedrático de políticas educativas y coautor del anuario, junto a Miquel Àngel Alegre.
La fundación equitat.org presenta en su anuario una lista con 17 propuestas, centradas en dar más recursos en los centros que más lo necesitan
Los mediocres resultados educativos de Cataluña -según indican los diferentes informes autonómicos e internacionales- no remontarán hasta que se aborde una de sus causas principales: las desigualdades sociales, que además cada vez son más crecientes. Esta es la principal tesis del Anuario de la Educación en Cataluña, que elabora cada dos años la Fundación equitat.org (la antigua Fundación Bofill), en el que se pone de relieve también que la inversión en educación es notoriamente insuficiente y se proponen una lista de 17 medidas para, principalmente, inyectar más recursos en las escuelas que más lo necesitan. “Si queremos mejorar los resultados, tenemos que reconocer dónde hay mayores necesidades para destinar más recursos”, ha asegurado Francesc Pedró, catedrático de políticas educativas y coautor del anuario, junto a Miquel Àngel Alegre.
En primer término, el anuario hace una radiografía de los puntos negros del sistema educativo catalán: el desastre continuado en los resultados académicos de los últimos años, tanto en las pruebas diagnósticas que realiza la Generalitat como en estudios internacionales como PISA, PIRLS (de comprensión lectora) o TIMSS (matemáticas). Además, la tasa de alumnos graduados en la ESO ha bajado en cinco cursos del 93 al 87%.
Estos estudios reflejan una gran brecha de resultados entre alumnos vulnerables y de clases acomodadas; tan grande que “hay una diferencia equivalente a tres cursos” entre unos y otros, según ha destacado Pedró durante la presentación del anuario. Y es que el problema de la pobreza infantil se ha enquistado en los últimos años y no da muestras de reversión: actualmente uno de cada tres alumnos tiene necesidades educativas, básicamente por temas socioeconómicos, y el 40% de alumnos estudia en centros segregados, recoge el anuario.
Los expertos de la fundación admiten que, en los últimos años, la Generalitat ha invertido recursos para atajar los problemas del sistema, aunque no lo suficiente. En detalle, el anuario admite que el presupuesto de Educación ha aumentado un 33% desde el curso 2019-20 hasta el 24-25, llegando a los 7.926 millones ejecutados el año pasado, pero el problema es que el volumen de alumnos con necesidades se ha disparado un 130% en el mismo periodo. Otro dato es la inversión del PIB en Educación: actualmente un 3,8% (contando las universidades), pero un 3,2% si no se cuentan estos estudios superiores; con todo, muy lejos del 6% que marca la Ley de Educación de Cataluña.
Otro ejemplo son las aulas de acogida para atender a los alumnos extranjeros que llegan a medio curso. En los últimos siete cursos se han doblado este tipo de aulas -de 801 a 1.635-, pero el incremento de la matrícula viva ha sido tan grande que la ratio de alumnos en estas aulas ha pasado de 26 a 28 en este periodo.
Otros datos recogidos en el anuario es que este curso había una ratio de 888 alumnos vulnerables en la ESO por cada educador social y que las becas en la secundaria postobligatorio llegan solo a la mitad de sus potenciales beneficiarios.
Para atajar la situación, los expertos de la fundación proponen una lista de 17 propuestas, que supondrían un coste de al menos 450 millones, aunque no todas ellas están valoradas económicamente. Varias de las apuestas giran en torno a la idea de dar más recursos y financiación a los centros con más complejidad, es decir, los que acumulan más alumnos vulnerables. En este sentido, la fundación pide doblar la dotación de profesores adicionales que reciben este tipo de escuelas por su perfil, además de reforzarlos con una administrativa y que cuenten con más apoyo de la inspección.
Asimismo, se propone cambiar el modelo de financiación de los centros, actualmente muy lineal, y modular los recursos y el personal según las necesidades de cada escuela. Este nuevo modelo -que se propone testar en una prueba piloto en dos ciudades durante cuatro años- implicaría, según cálculos de la fundación, incorporar 2.175 docentes, con un coste de 115 millones.
En la línea de reducir las desigualdades, también se propone ampliar la cobertura de las llamadas mochilas económicas -para escolarizar los alumnos vulnerables en centros públicos y concertados- para que estas ayudas cubran también el personal educativo u orientadores (costaría 75 millones) o incluso una extraescolar semanal (70 millones).
Otras propuestas son dotar de más recursos y extenderlos a más centros programas de ayuda a escuelas con más complejidad, como los planes PMOE-PROA+ o los planes educativos de entorno. El aumento de 8.000 plazas en la FP básica y el incremento de las becas para la postobligatoria no universitaria completan la lista de propuestas incluidas en el anuario.
La escuela inclusiva también tiene su capítulo en la lista de peticiones. Por un lado, los expertos de la fundación piden más personal de soporte social: dos educadores sociales en la ESO y dos integradores sociales en cada escuela de máxima complejidad, lo que implicaría una incorporación de mil personas (42 millones de coste). Pero también más personal para atender a los alumnos con trastorno o discapacidad: que cada centro con complejidad cuente con el servicio SIEI plus (con una ratio de cuatro alumnos por especialista) y extenderlo de los 126 centros actuales a 740, lo que tendría un coste de 111 millones.
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