Los ministros de trabajo acostumbran a lustrar su reputación en las fases expansivas de los ciclos económicos. Especialmente en España, donde cuando la economía va bien la generación de puestos de trabajo acostumbra a ser masiva y permite al titular del ramo dar buenas noticias un mes tras otro sin solución de continuidad. Así ha sucedido históricamente y así ha ocurrido también con Yolanda Díaz , entronizada de forma entusiasta por una parte no pequeña de la izquierda política y sindical a la siempre debatible condición de mejor ministra de Trabajo de la historia de la democracia a horcajadas de una hoja de servicios jalonada por unas cifras de creación de empleo incontestables, una drástica reducción del peso porcentual de los contratos temporales sobre el conjunto de la contratación, la contención de los despidos durante la pandemia y otras medidas emblemáticas como el encadenamiento de subidas del salario mínimo interprofesional o, en último término, su pelea para reducir la jornada semanal de trabajo a 37,5 horas.En las últimas semanas, sin embargo, su responsabilidad directa en ese legado ha sido puesta en cuestión por varios organismos e instituciones de análisis económico de gran reputación, que han cuestionado por ejemplo la reducción real de la temporalidad en el mercado de trabajo español (BBVA Research) -que sospecha que se ha tratado más de un efecto estadístico que de un realidad tangible-, los supuestos efectos balsámicos de las subidas del SMI sobre los más vulnerables (Fedea y Cepyme) o la relevancia real de la reforma laboral sobre la fuerte creación de empleo de los tres últimos años (BBVA Research).Ninguno de ellos ha realizado, sin embargo, un cuestionamiento de tan largo radio como el que se incluye en el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la situación de la economía española.Miedo a una herencia envenenada a largo plazoLejos del entusiasmo que el encadenamiento de subidas del SMI o la ofensiva para recortar la jornada máxima de trabajo han despertado en determinados ámbitos, los analistas del FMI advierten en su último informe sobre España de su preocupación «por los posibles efectos estructurales adversos sobre los grupos desfavorecidos en el mercado laboral, incluidos los jóvenes, sobre todo si se produce un nuevo aumento como consecuencia de la aplicación de la reducción de la semana laboral sin pérdida de salario».En un anexo del informe en el que repasa el grado de seguimiento de las recomendaciones realizadas en informes anteriores, en los que se enfatizaba la necesidad de proceder con cautela tanto a la hora de arbitrar nuevas subidas del salario mínimo como una reducción de la jornada máxima de trabajo para evitar efectos indeseados, los funcionarios del FMI constatan la falta de seguimiento de esas recomendaciones. En relación a la reducción de jornada recalcan que nada se ha hecho para darle un mayor peso a la negociación colectiva para amortiguar el diverso impacto sectorial de la medida o garantizar una moderación de los salarios a futuro y en cuanto al salario mínimo constatan, igualmente, que la última subida del 4,4% eleva hasta el 60% la escalada experimentada por el suelo salarial legal en España desde 2018, y aumenta las preocupaciones sobre su impacto en la empleabilidad de los trabajadores con menor formación y de los jóvenes.No son las únicas iniciativas de la ministra de Trabajo que inquietan en el FMI. El organismo recuerda que instó a las autoridades españolas a disponer incentivos a las empresas para favorecer la suscripción de contratos fijos de vinculación permanente, «incluyendo una reducción de las incertidumbres en torno al coste del despido», y desincentivar el uso de los contratos fijos discontinuos -disparados tras la reforma laboral, como ha publicado ABC- como alternativa a la antigua contratación temporal, para amparar relaciones laborales con un nivel de rotación excesivo.Los analistas del Fondo advierten sobre los riesgos de la reforma de la indemnización por despido que pretende Trabajo«Ninguna reforma en este ámbito se ha abordado desde 2021» , lamenta el Fondo, que además subraya que el Gobierno se está planteando adaptar el coste del despido improcedente a las circunstancias de cada caso y dejarlo al mejor juicio de los tribunales «lo que podría introducir mayor incertidumbre sobre los costes del despido», uno de los factores que en su opinión hace que los empresarios se resistan a firmar contratos indefinidos de naturaleza permanente.La parte central del informe del FMI sobre la economía española, ya ponía especial énfasis en subrayar la aparente contradicción de que después de tres años de fuerte crecimiento económico y fuerte creación de empleo la tasa de ocupación continuara entre las más bajas de Europa y que su tasa de paro siguiera siendo la más elevada de los países desarrollados.La institución, que antes de publicar ese informe contrastó sus conclusiones con el ministro de Economía y el gobernador del Banco de España (aunque se trata de consultas no vinculantes), considera que el Ministerio de Trabajo no ha hecho lo suficiente en materia de políticas pasivas y políticas activas para facilitar la movilización de las personas en situación de desempleo e incide en la necesidad de tocar la regulación para favorecer la transición desde el desempleo al trabajo. Los ministros de trabajo acostumbran a lustrar su reputación en las fases expansivas de los ciclos económicos. Especialmente en España, donde cuando la economía va bien la generación de puestos de trabajo acostumbra a ser masiva y permite al titular del ramo dar buenas noticias un mes tras otro sin solución de continuidad. Así ha sucedido históricamente y así ha ocurrido también con Yolanda Díaz , entronizada de forma entusiasta por una parte no pequeña de la izquierda política y sindical a la siempre debatible condición de mejor ministra de Trabajo de la historia de la democracia a horcajadas de una hoja de servicios jalonada por unas cifras de creación de empleo incontestables, una drástica reducción del peso porcentual de los contratos temporales sobre el conjunto de la contratación, la contención de los despidos durante la pandemia y otras medidas emblemáticas como el encadenamiento de subidas del salario mínimo interprofesional o, en último término, su pelea para reducir la jornada semanal de trabajo a 37,5 horas.En las últimas semanas, sin embargo, su responsabilidad directa en ese legado ha sido puesta en cuestión por varios organismos e instituciones de análisis económico de gran reputación, que han cuestionado por ejemplo la reducción real de la temporalidad en el mercado de trabajo español (BBVA Research) -que sospecha que se ha tratado más de un efecto estadístico que de un realidad tangible-, los supuestos efectos balsámicos de las subidas del SMI sobre los más vulnerables (Fedea y Cepyme) o la relevancia real de la reforma laboral sobre la fuerte creación de empleo de los tres últimos años (BBVA Research).Ninguno de ellos ha realizado, sin embargo, un cuestionamiento de tan largo radio como el que se incluye en el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la situación de la economía española.Miedo a una herencia envenenada a largo plazoLejos del entusiasmo que el encadenamiento de subidas del SMI o la ofensiva para recortar la jornada máxima de trabajo han despertado en determinados ámbitos, los analistas del FMI advierten en su último informe sobre España de su preocupación «por los posibles efectos estructurales adversos sobre los grupos desfavorecidos en el mercado laboral, incluidos los jóvenes, sobre todo si se produce un nuevo aumento como consecuencia de la aplicación de la reducción de la semana laboral sin pérdida de salario».En un anexo del informe en el que repasa el grado de seguimiento de las recomendaciones realizadas en informes anteriores, en los que se enfatizaba la necesidad de proceder con cautela tanto a la hora de arbitrar nuevas subidas del salario mínimo como una reducción de la jornada máxima de trabajo para evitar efectos indeseados, los funcionarios del FMI constatan la falta de seguimiento de esas recomendaciones. En relación a la reducción de jornada recalcan que nada se ha hecho para darle un mayor peso a la negociación colectiva para amortiguar el diverso impacto sectorial de la medida o garantizar una moderación de los salarios a futuro y en cuanto al salario mínimo constatan, igualmente, que la última subida del 4,4% eleva hasta el 60% la escalada experimentada por el suelo salarial legal en España desde 2018, y aumenta las preocupaciones sobre su impacto en la empleabilidad de los trabajadores con menor formación y de los jóvenes.No son las únicas iniciativas de la ministra de Trabajo que inquietan en el FMI. El organismo recuerda que instó a las autoridades españolas a disponer incentivos a las empresas para favorecer la suscripción de contratos fijos de vinculación permanente, «incluyendo una reducción de las incertidumbres en torno al coste del despido», y desincentivar el uso de los contratos fijos discontinuos -disparados tras la reforma laboral, como ha publicado ABC- como alternativa a la antigua contratación temporal, para amparar relaciones laborales con un nivel de rotación excesivo.Los analistas del Fondo advierten sobre los riesgos de la reforma de la indemnización por despido que pretende Trabajo«Ninguna reforma en este ámbito se ha abordado desde 2021» , lamenta el Fondo, que además subraya que el Gobierno se está planteando adaptar el coste del despido improcedente a las circunstancias de cada caso y dejarlo al mejor juicio de los tribunales «lo que podría introducir mayor incertidumbre sobre los costes del despido», uno de los factores que en su opinión hace que los empresarios se resistan a firmar contratos indefinidos de naturaleza permanente.La parte central del informe del FMI sobre la economía española, ya ponía especial énfasis en subrayar la aparente contradicción de que después de tres años de fuerte crecimiento económico y fuerte creación de empleo la tasa de ocupación continuara entre las más bajas de Europa y que su tasa de paro siguiera siendo la más elevada de los países desarrollados.La institución, que antes de publicar ese informe contrastó sus conclusiones con el ministro de Economía y el gobernador del Banco de España (aunque se trata de consultas no vinculantes), considera que el Ministerio de Trabajo no ha hecho lo suficiente en materia de políticas pasivas y políticas activas para facilitar la movilización de las personas en situación de desempleo e incide en la necesidad de tocar la regulación para favorecer la transición desde el desempleo al trabajo.
Los ministros de trabajo acostumbran a lustrar su reputación en las fases expansivas de los ciclos económicos. Especialmente en España, donde cuando la economía va bien la generación de puestos de trabajo acostumbra a ser masiva y permite al titular del ramo dar buenas noticias … un mes tras otro sin solución de continuidad. Así ha sucedido históricamente y así ha ocurrido también con Yolanda Díaz, entronizada de forma entusiasta por una parte no pequeña de la izquierda política y sindical a la siempre debatible condición de mejor ministra de Trabajo de la historia de la democracia a horcajadas de una hoja de servicios jalonada por unas cifras de creación de empleo incontestables, una drástica reducción del peso porcentual de los contratos temporales sobre el conjunto de la contratación, la contención de los despidos durante la pandemia y otras medidas emblemáticas como el encadenamiento de subidas del salario mínimo interprofesional o, en último término, su pelea para reducir la jornada semanal de trabajo a 37,5 horas.
En las últimas semanas, sin embargo, su responsabilidad directa en ese legado ha sido puesta en cuestión por varios organismos e instituciones de análisis económico de gran reputación, que han cuestionado por ejemplo la reducción real de la temporalidad en el mercado de trabajo español (BBVA Research) -que sospecha que se ha tratado más de un efecto estadístico que de un realidad tangible-, los supuestos efectos balsámicos de las subidas del SMI sobre los más vulnerables (Fedea y Cepyme) o la relevancia real de la reforma laboral sobre la fuerte creación de empleo de los tres últimos años (BBVA Research).
Ninguno de ellos ha realizado, sin embargo, un cuestionamiento de tan largo radio como el que se incluye en el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la situación de la economía española.
Miedo a una herencia envenenada a largo plazo
Lejos del entusiasmo que el encadenamiento de subidas del SMI o la ofensiva para recortar la jornada máxima de trabajo han despertado en determinados ámbitos, los analistas del FMI advierten en su último informe sobre España de su preocupación «por los posibles efectos estructurales adversos sobre los grupos desfavorecidos en el mercado laboral, incluidos los jóvenes, sobre todo si se produce un nuevo aumento como consecuencia de la aplicación de la reducción de la semana laboral sin pérdida de salario».
En un anexo del informe en el que repasa el grado de seguimiento de las recomendaciones realizadas en informes anteriores, en los que se enfatizaba la necesidad de proceder con cautela tanto a la hora de arbitrar nuevas subidas del salario mínimo como una reducción de la jornada máxima de trabajo para evitar efectos indeseados, los funcionarios del FMI constatan la falta de seguimiento de esas recomendaciones.
En relación a la reducción de jornada recalcan que nada se ha hecho para darle un mayor peso a la negociación colectiva para amortiguar el diverso impacto sectorial de la medida o garantizar una moderación de los salarios a futuro y en cuanto al salario mínimo constatan, igualmente, que la última subida del 4,4% eleva hasta el 60% la escalada experimentada por el suelo salarial legal en España desde 2018, y aumenta las preocupaciones sobre su impacto en la empleabilidad de los trabajadores con menor formación y de los jóvenes.
No son las únicas iniciativas de la ministra de Trabajo que inquietan en el FMI. El organismo recuerda que instó a las autoridades españolas a disponer incentivos a las empresas para favorecer la suscripción de contratos fijos de vinculación permanente, «incluyendo una reducción de las incertidumbres en torno al coste del despido», y desincentivar el uso de los contratos fijos discontinuos -disparados tras la reforma laboral, como ha publicado ABC- como alternativa a la antigua contratación temporal, para amparar relaciones laborales con un nivel de rotación excesivo.
Los analistas del Fondo advierten sobre los riesgos de la reforma de la indemnización por despido que pretende Trabajo
«Ninguna reforma en este ámbito se ha abordado desde 2021», lamenta el Fondo, que además subraya que el Gobierno se está planteando adaptar el coste del despido improcedente a las circunstancias de cada caso y dejarlo al mejor juicio de los tribunales «lo que podría introducir mayor incertidumbre sobre los costes del despido», uno de los factores que en su opinión hace que los empresarios se resistan a firmar contratos indefinidos de naturaleza permanente.
La parte central del informe del FMI sobre la economía española, ya ponía especial énfasis en subrayar la aparente contradicción de que después de tres años de fuerte crecimiento económico y fuerte creación de empleo la tasa de ocupación continuara entre las más bajas de Europa y que su tasa de paro siguiera siendo la más elevada de los países desarrollados.
La institución, que antes de publicar ese informe contrastó sus conclusiones con el ministro de Economía y el gobernador del Banco de España (aunque se trata de consultas no vinculantes), considera que el Ministerio de Trabajo no ha hecho lo suficiente en materia de políticas pasivas y políticas activas para facilitar la movilización de las personas en situación de desempleo e incide en la necesidad de tocar la regulación para favorecer la transición desde el desempleo al trabajo.
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