La Fiscalía de Valencia no aprecia delito en la actuación de la que fuera vicepresidenta y consejera de Igualdad de la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2019, Mónica Oltra. La exdirigente está procesada en una causa que investiga si encubrió los presuntos abusos sexuales cometidos por su exmarido entre 2016 y 2017 a una menor tutelada en un centro que dependía directamente del departamento de la exconsejera. “Los hechos relatados no son constitutivos de infracción criminal alguna”, apunta el escrito de calificación del ministerio público, que solicitará la absolución en el juicio.
El ministerio público no pedirá prisión para la exvicepresidenta de la Generalitat que dimitió en 2022 por la investigación de un juzgado de Valencia
El ministerio público no pedirá prisión para la exvicepresidenta de la Generalitat que dimitió en 2022 por la investigación de un juzgado de Valencia
La Fiscalía de Valencia no aprecia delito en la actuación de la que fuera vicepresidenta y consejera de Igualdad de la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2019, Mónica Oltra. La exdirigente está procesada en una causa que investiga si encubrió los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la administración autonómica. “Los hechos relatados no son constitutivos de infracción criminal alguna”, apunta el escrito de calificación del ministerio público.
En su resolución, la Fiscalía sostiene que, al no apreciar delito, no solicitará pena de prisión ni multa para la que fuera también dirigente de Compromís. Oltra dimitió en 2022 acorralada por la investigación judicial.
La causa contra la exmandataria y una docena de miembros y funcionarios de su departamento ha sufrido un vaivén en los tribunales. La investigación fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia en abril de 2024 al estimar que la exvicepresidenta no tapó los abusos de su exmarido, el educador L. R. Icardi, que fue condenado a cinco años de prisión.
Dos meses después, la Audiencia de Valencia reabrió las pesquisas tras estimar los recursos de la víctima de los abusos y las dos acusaciones populares personadas: Vox y Gobierna, una entidad vinculada a la agitadora ultra Cristina Seguí. El tribunal sostuvo entonces que existían indicios “plausibles” de la comisión de delitos y que no podía descartarse la infracción penal.
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Sobre la firma
Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.
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