Nadie puede negar que José Manuel Villarejo era un comisario muy, muy, muy metódico. Además de grabar en secreto durante lustros a decenas de personas con las que compartió mantel, reservados y confidencias, el policía llevaba una sistemática agenda donde anotaba sus profusos contactos, conversaciones e impresiones. El agente, acostumbrado a moverse por las sombras, estaba convencido de que la información era poder; y, para recordar la infinidad de datos que manejaba, necesitaba registrarlos. Así, en julio de 2013, apuntó en sus cuadernos la palabra “chef” y, junto a ella, las siguientes frases: “Al principio desconfiado, después se ha mostrado más receptivo. Quedo en darle mañana 2.000 y tfno., después todo lo demás”. Sin pensar que algún día saldría a la luz, Villarejo dejaba así huella de la captación como confidente del chófer del extesorero popular Luis Bárcenas y de una de las operaciones más turbias gestadas en las cloacas del Estado: la Operación Kitchen, que se juzga desde este lunes en la Audiencia Nacional.
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Brenda Valverde Rubio
La Audiencia Nacional se prepara para acoger la esperada vista contra las cúpulas de Interior y la Policía de Rajoy por intentar boicotear la investigación del ‘caso Gürtel’, que acorraló al partido
Una operación sin control judicial se activó en el seno de la Policía Nacional para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas y su entorno entre finales de 2012 y principios de 2013, cuando EL PAÍS publicó Los pápeles de Bárcenas. Para ejecutar el plan se captó como confidente al chófer del extesorero, Sergio Ríos, al que se pagó con dinero de los fondos reservados, antes de acabar entrando en el Cuerpo. Según consta en el sumario, este dispositivo incluyó seguimientos, la sustracción de dispositivos móviles y el control de Bárcenas durante su estancia en prisión.
Esa es la gran pregunta a la que se enfrenta el tribunal. Al finalizar su investigación, el juez Manuel García-Castellón concluyó que existen indicios suficientes de que esta operación ilegal se puso en marcha por órdenes de Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, con el objetivo de robar material sensible del PP que aún pudiera guardar Luis Bárcenas, para evitar así que llegara a manos del juez que entonces investigaba el caso ‘Gürtel’, que acorralaba al partido conservador (y por el que acabó condenado).
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Jorge Fernández Díaz
Ministro del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2016)Según el juez instructor, él ordenó poner en marcha la operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción reclama que se le condene a 15 años de prisión.
Francisco Martínez
Secretario de Estado de Seguridad de Rajoy y mano derecha de Fernández Díaz en el ministerioEl sumario lo señala como el “coordinador” de la trama parapolicial. La Fiscalía le pide 15 años de cárcel.
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Eugenio Pino
Director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional durante el Gobierno de RajoyEl juez instructor señaló que “planificó” y “desarrolló” el espionaje tras encargárselo Martínez. El ministerio público solicita que se le impongan 15 años de cárcel. Ya está condenado a un año de prisión por maniobras contra la familia de Jordi Pujol.
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José Manuel Villarejo
Comisario de la Policía NacionalSe encargó de captar al chófer de Bárcenas como confidente. Las pesquisas concluyeron que “ejecutó” el plan ilegal contra el extesorero del PP. La Fiscalía le pide 19 años de prisión por Kitchen (está condenado a otros 16 años por otras irregularidades).
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Andrés Gómez Gordo
Comisario de la Policía NacionalDurante la investigación, admitió al juez que pagó con dinero de los fondos reservados al chófer de Bárcenas. Añadió que pagó al conductor por orden de Eugenio Pino. La Fiscalía le pide 15 años de prisión.
Sergio Ríos
Exchófer de BárcenasFue captado por la cúpula de Interior para facilitar información a la trama sobre Bárcenas, al que supuestamente sustrajo dispositivos electrónicos (al menos, un móvil) que entregó a dos agentes que estaban a las órdenes de García Cataño. Después entró en la Policía tras aprobar las oposiciones, aunque la acusación sospecha que se amañaron. La Fiscalía le pide 12 años, cinco meses y 15 días de prisión.
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José Luis Olivera
Comisario de la Policía Nacional y exresponsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)Según el juez instructor, “tenía pleno conocimiento” de Kitchen y “pudo haber tratado” de sobornar al principal investigador del caso ‘Gürtel’. La Fiscalía Anticorrupción no pidió pena de cárcel para él, pero sí el resto de acusaciones.
Marcelino Martín-Blas
Comisario de la Policía Nacional y exresponsable de la Unidad de Asuntos InternosSegún el juez instructor, desvío fondos reservados autorizados para su unidad para el pago de Sergio Ríos. La Fiscalía le pide dos años y seis meses de prisión.
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José Ángel Fuentes Gago
Inspector jefe de la Policía NacionalEra uno de los hombres de confianza de Eugenio Pino. Según el juez instructor, tenía “pleno conocimiento” de Kitchen. La Fiscalía no pidió penas para él de prisión, pero sí el resto de acusaciones.
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Bonifacio Díez Sevilla
Inspector de la Policía NacionalOtro de los hombres de confianza de Eugenio Pino durante su etapa como DAO. Según el juez instructor, también tenía “pleno conocimiento” de la trama. La Fiscalía tampoco solicitó penas de prisión para él, pero sí el resto de acusaciones.
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Mariano Rajoy
Expresidente del Gobierno y del PP durante la Operación Kitchen
Soraya Sáenz de Santamaría
Exvicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy
María Dolores de Cospedal
Secretaria general del PP durante la Operación Kitchen y exministra de Defensa -
Juan Ignacio Zoido
Exministro del Interior
Fernando Grande-Marlaska
Ministro del Interior
José Antonio Nieto
Secretario de Estado de Seguridad con Zoido -
Ignacio Ulloa
Secretario de Estado de Seguridad con Fernández Díaz. Dejó el cargo en enero de 2013, en plenas maniobras para boicotear la Gürtel. Le sustituyó Francisco Martínez
Ignacio Cosidó
Director general de la Policía Nacional durante la Operación Kitchen
José Luis Ortiz
Jefe de Gabinete de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha (2011- 2015) y como secretaria general del PP (2008-2018) -
Javier Arenas
Exministro y exsecretario general del PP
Ignacio López del Hierro
Marido de Cospedal durante la Operación Kitchen. Mantenía habituales contactos con Villarejo
Luis Bárcenas
Extesorero del PP-
Guillermo Bárcenas
Hijo de Luis Bárcenas
Rosalía Iglesias
Esposa de Luis Bárcenas
Diego Pérez de los Cobos
Coronel de la Guardia Civil -
Silverio Nieto
Sacerdote y amigo de Fernández Díaz. Hizo de intermediario entre varios implicados en la trama
Isidro Sánchez
Compartió prisión con Bárcenas
Francisco Javier Iglesias
Abogado vinculado al PP, visitó a Luis Bárcenas en prisión-
Adrián de la Joya
Empresario
Arturo González Panero
Alias ‘El Albondiguilla’, condenado por el caso ‘Gürtel’
Manuel Morocho
Inspector jefe de la Policía Nacional y principal investigador del caso ‘Gürtel’
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A partir de este 6 de abril y durante los tres próximos meses, este tribunal especializado —acostumbrado a las complejas tramas de crimen organizado— se enfrenta a una dimensión totalmente diferente. Kitchen no es un caso más de corrupción. El sumario describe cómo en 2013, cuando el PP vivía cercado por la investigación del magistrado Pablo Ruz sobre el caso Gürtel (por la que acabaría condenado) y EL PAÍS publicó Los papeles de Bárcenas, un dispositivo sin control judicial se activó en el seno de la Policía Nacional para espiar a Bárcenas, que se había enfrentado ya abiertamente a su partido y amenazaba con tirar de la manta. El objetivo era robarle supuestamente documentación sensible que aún pudiera guardar, lo que permitía boicotear esa causa que mantenía abierta Ruz en la propia Audiencia Nacional y que afectaba de lleno a la formación instalada en La Moncloa con Mariano Rajoy.
Tras revisar las decenas de miles de páginas del sumario, pocas dudas quedan de que altos mandos de la Policía pusieron en marcha una operación para seguir los pasos de Bárcenas. Tras detener a Villarejo en 2017, la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo le intervino grabaciones de las conversaciones que el comisario mantuvo con el chófer del extesorero, Sergio Ríos, al que monitoreaba tras captarlo y bautizarlo con el nombre en clave de “chef” (porque le recordaba al cocinero Sergi Arola). A esos audios se suman más pruebas del despliegue, como los recibís firmados por el propio conductor de los pagos de 2.000 euros que recibía de los fondos reservados; o las fotografías y actas de vigilancia del entorno de Bárcenas elaboradas por los agentes. Por lo que, realmente, las grandes preguntas que afronta el tribunal son otras: ¿Quién dio la orden de ejecutar Kitchen? ¿Cada uno de los procesados actuó con pleno conocimiento de que se hacía al margen de la ley?
Para el juez Manuel García-Castellón, que dirigió la instrucción, esas incógnitas quedaron despejadas en 2021, cuando dio por finalizadas sus pesquisas. Entonces, el magistrado desechó la tesis de algunas defensas —que insisten en que el operativo era una investigación policial legal sobre un sospechoso por corrupción, aunque al juez Pablo Ruz nunca se le informó— y concluyó que existen indicios de que altos mandos del Ministerio del Interior y la Policía se conchabaron para sobrepasar sus funciones e impulsar una misión “ilícita” para robar a Bárcenas, sabotear el caso Gürtel y salvaguardar los intereses del PP. Además, para García-Castellón, la X tiene un nombre: Jorge Fernández Díaz, hombre de confianza del expresidente Mariano Rajoy y su ministro del Interior de 2011 a 2016.
El juez, que circunscribió toda la responsabilidad a ese departamento, coloca en la cúspide de Kitchen a Fernández Díaz, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de cárcel. El magistrado considera que todo partió del ministro, que “instó” a su mano derecha y secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a desplegar la operación de espionaje. Y, de esta forma y siguiendo las directrices de su jefe, según señala García-Castellón, Martínez “coordinó” el despliegue ilegal, cuya “planificación” y “desarrollo” se encomendó al director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, considerado el muñidor de la policía patriótica (un grupo de agentes que maniobraba contra adversarios del PP durante el Gobierno de Rajoy y al que también se sitúa detrás de la Operación Cataluña contra los independentistas o la fabricación de pruebas falsas contra Podemos).
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Declaración de Sergio Ríos en la Audiencia Nacional el 25 de noviembre de 2020
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Declaración de Sergio Ríos en la Audiencia Nacional el 25 de noviembre de 2020
Sergio Ríos, en su declaración ante el juez en instrucción: «En el domicilio de Bárcenas, la vigilancia era continua». Sin embargo, la Fiscalía siempre ha dudado de que la guerra sucia contra el caso Gürtel se gestara exclusivamente en Interior. En su propio escrito de acusación para este juicio sobre Kitchen, que se limita a las antiguas cúpulas de Interior y la Policía, el ministerio público destaca que no puede “descartarse la intervención de otras personas”. Es decir, intuye que no todos los implicados responderán ante la justicia. De hecho, durante la instrucción, Anticorrupción logró que el juez imputara a María Dolores de Cospedal, quien fuera secretaria general del PP, y a su entonces marido, Ignacio López del Hierro, con quienes Villarejo departió de manera asidua durante los meses de la trama. Sin embargo, García-Castellón los dejó finalmente fuera de la vista oral al considerar que no existían suficientes indicios contra ellos —una decisión que fue avalada después por la Sala de lo Penal—. Sus indagaciones tampoco alcanzaron al expresidente Mariano Rajoy.
Para las acusaciones (e, incluso, para alguna defensa) esta situación supone una paradoja: en el banquillo de los acusados no se sienta ninguno de los responsables orgánicos del PP, ni tampoco el propio partido como persona jurídica, pese a que era el gran beneficiado de la operación. Para tratar de paliar este déficit, el PSOE, personado como acusación popular, llegó a solicitar que se procesase a la formación conservadora como partícipe a título lucrativo para que, en el caso de condena, costee el desvío de los fondos reservados utilizados para Kitchen (más de 53.000 euros, según el sumario). Sin embargo, García-Castellón no aceptó esa iniciativa. Aun así, según fuentes socialistas, se volverá a plantear esta propuesta durante la primera semana del juicio, dedicada a la fase de cuestiones previas.
La estrategia del exministro
La Audiencia Nacional prevé que 10 personas se sienten en el banquillo desde este lunes, ya que la causa contra un undécimo acusado (el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo) se archivó tras sufrir un ictus. El foco principal se situará sobre Jorge Fernández Díaz, pero lo acompañarán Francisco Martínez, Eugenio Pino, Sergio Ríos, José Manuel Villarejo y otros cinco ex altos mandos de la Policía —dos inspectores jefes: José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; y tres comisarios: Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de Cospedal; José Luis Olivera, exjefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) y exdirector del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado); y Marcelino Martín Blas, antiguo responsable de Asuntos Internos—.
La estrategia que despliegue el exministro será otra de las claves de la vista oral, ya que su versión impacta directamente en la defensa de su antiguo número dos. Desde que el juez lo imputara, Fernández Díaz no solo ha negado su implicación en la trama, sino que ha insistido en que nunca supo nada de la Operación Kitchen, ni de la captación de Sergio Ríos como confidente. Pero en su contra juegan unos mensajes de teléfono que Francisco Martínez aportó a la Audiencia Nacional y que, según dijo, recibió de su jefe en pleno despliegue contra el extesorero. Esos SMS, que el exsecretario de Estado llevó a un notario, hacen referencia explícita al conductor de Bárcenas —“Chófer B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”— y a la supuesta sustracción de los dispositivos electrónicos del extesorero y su pareja para acceder a su contenido —“la operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y un iPad)”—.
—Alguien te dio esa información y tú querías comprobar si era verdad o no. Porque, si no, de qué me invento yo esto. ¿A santo de qué? —le espetó Francisco Martínez a Fernández Díaz el 13 de noviembre de 2020.
Ese día, durante la fase de instrucción, se celebró un tenso careo en la Audiencia Nacional, durante el que el exministro negó haber enviado esos mensajes que lo incriminan. Ambos se acusaron entonces mutuamente de mentir. Y ninguno se ha movido de su posición en estos años.
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Declaración de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez
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Declaración de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez
Cualquier juicio es impredecible, pero el sinfín de recovecos que esconde el sumario de Kitchen convierte a este en una bomba de relojería para la actual dirección del PP, que lleva años tratando de marcar distancias. Por la vista oral desfilarán una larga lista de los principales dirigentes populares de los últimos años para declarar como testigos: Mariano Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido, Javier Arenas… E, inevitablemente, el proceso navegará por algunos truculentos episodios que impactan de lleno en la historia reciente de la formación conservadora: como las presiones al principal investigador del caso Gürtel, el inspector Manuel Morocho, para que obviara los indicios contra el partido del Gobierno; el violento asalto perpetrado en la casa de los Bárcenas en 2013 por un falso cura, que decía buscar documentos que podían derrocar al Ejecutivo; la entrada ilegal en un estudio que tenía Rosalía Iglesias en Madrid; las sospechosas visitas que recibió el extesorero en prisión en pleno caso Gürtel, a quien los agentesclonaron sin control judicial un móvil y una tableta que le sustrajeron…
Las agendas de Villarejo dan fe de buena parte de ello. Con una enorme precisión, el comisario plasmó los principales hitos que componen Kitchen. El 17 de octubre de 2013, escribió: “copiando Tfnos”, en referencia a ese clonado. Y el 8 de junio de 2015, cuando la operación se acercaba a su fin, añadió: “Lo que le quitaron a LB está en el despacho de Gago. Este verano lo va a copiar. Chisco [sobrenombre que usaba para referirse a Francisco Martínez, número dos del ministro] fue quien ordenó que dejara yo los contactos con Sergi”.
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