La Dirección Provincial saca un nuevo listado para el próximo curso, tres días después de publicar el definitivo a finales de junio, lo que obligará a las familias a volver hacer la matrícula.
Más información: CSIF alerta de un «cese masivo» de docentes en junio: 7.000 profesores han sido despedidos en Castilla y León La Dirección Provincial saca un nuevo listado para el próximo curso, tres días después de publicar el definitivo a finales de junio, lo que obligará a las familias a volver hacer la matrícula.
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La Dirección Provincial de Educación de Valladolid ha cambiado de centro a 72 alumnos de la capital y alguno del alfoz, casi todos de Secundaria, tras detectar “errores” en la adjudicación de las plazas escolares para el próximo curso. De esta manera, se ha visto obligada a sacar un nuevo listado el 27 de junio, solo tres días después de haber publicado la relación definitiva.
Una situación que obligará a muchas familias a volver a realizar la matrícula en el centro asignado posteriormente, después de haber presentado toda la documentación en el instituto donde el alumno aparecía en un primer momento.
Todos los afectados por estos errores son estudiantes que a partir de septiembre empezarán el primer curso de la ESO en institutos públicos de Valladolid, salvo cinco alumnos de la etapa de Infantil, tres de Primaria y cuatro de Bachillerato.
Fuentes de la Consejería de Educación señalaron a la Agencia Ical que la publicación del 27 de junio, que modifica la del 24 de junio, responde a las alegaciones individuales presentadas por diversas familias.
Unas reclamaciones que, precisó, se debieron, principalmente, a que no se había tenido en cuenta la condición de alumnos transportados con preferencia en el centro, así como situaciones de familias cuyos hijos no habían obtenido plaza todos en el mismo centro.
El caso de los hermanos, según el listado consultado, solo afecta a tres familias, de las que una de ellas es para matricular a dos niñas en un colegio de La Cistérniga, después de que inicialmente, se les hubiera asignado dos centros concertados diferentes de la capital.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) consideró que este tipo de errores puede estar relacionado con la falta de personal en las direcciones provinciales de Educación, tal y como denunció en abril pasado cuando alertó de la carencia de empleados administrativos en estas dependencias.
En esa ocasión, hablaban de que esa situación impedía “agilizar” las contrataciones interinas, pero ahora citan los listados de plazas aunque, al inicio del curso, suele haber problemas con las nóminas de los docentes interinos. Por otro lado, criticaron los “deficientes” sistemas de bolsas de empleo existentes para el personal laboral, que resultan “menos eficientes” que las de los docentes.
El secretario autonómico de negociación del sindicato en el sector de Educación, Mariano González, apuntó a Ical que el último concurso de traslados de la Junta ha “vaciado” las direcciones provinciales. “Son puestos complicados, al tener que gestionar mucho trabajo, y la gente opta por otras consejerías”, aseveró.
Además, precisó que el pasado 23 de junio fue una “fecha fatídica”, ya que salió gente de Educación y entraron nuevos empleados públicos. “Se trató de adelantar todo lo posible ante esta situación pero el problema es que en algunas secciones no queda casi nadie para enseñar el trabajo a desempeñar”, añadió.
Falta de personal
En este sentido, el responsable sindical recordó que Csif ha solicitado, en varias ocasiones, que se refuercen las direcciones provinciales de Educación con más personal. Consciente de que no se puede obligar a los funcionarios e interinos trabajar en estos puestos, González apostó por ofrecer incentivos y mejores condiciones para atraer a los administrativos.
Comisiones Obreras publicó en junio una encuesta realizada entre el personal no docente de la Consejería de Educación y las direcciones provinciales, que concluía que la falta de administrativos y la mala organización era la causa principal de los riesgos psicosociales entre estos trabajadores.
El sindicato evidenció que este tipo de riesgos se debía a la organización del trabajo y la gestión de los recursos humanos así como las labores de mando que se ejercen, donde existen “grandes carencias”.
Proceso “muy garantista”
La Consejería de Educación añadió a Ical que los procesos de admisión tienen un “elevado” número de familias participantes.
En el caso concreto de Valladolid, se han recibido un total de 11.540 solicitudes, de las cuales se han adjudicado 11.073 plazas, sin que haya quedado ningún alumno sin escolarizar. “Se trata de un proceso muy garantista, diseñado para proteger los derechos e intereses de las familias y asegurar la máxima transparencia y equidad en la adjudicación de plazas”, concluyó.
elespanol – Castilla y León
