El proyecto de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas que la Generalitat está preparando y ha presentado al Consell del Taxi este martes comportaría la desaparición de 600 de los cerca de 1.000 vehículos de transporte con conductor (VTC) con licencia urbana en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La nueva normativa, con un plazo de entrada en vigor aproximado de finales de 2026 y que también prevé un requisito mínimo del catalán para taxistas, pretende establecer funciones a cada tipo de servicio: taxis, VTC, limusinas y los vehículos de Alta Disposición, una nueva modalidad con una función similar a los VTC clásicos.
La normativa contempla exigir el nivel B1 de catalán a los taxistas
El proyecto de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas que la Generalitat está preparando y ha presentado al Consell del Taxi este martes comportaría la desaparición de 600 de los cerca de 1.000 vehículos de transporte con conductor (VTC) con licencia urbana en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La nueva normativa, con un plazo de entrada en vigor aproximado de finales de 2026 y que también prevé un requisito mínimo del catalán para taxistas, pretende establecer funciones a cada tipo de servicio: taxis, VTC, limusinas y los vehículos de Alta Disposición, una nueva modalidad con una función similar a los VTC clásicos.
Asimismo, la normativa tiene como objetivo generar una infraestructura de datos para que las administraciones locales tomen decisiones basadas en el interés público, así como para velar por el cumplimiento de la normativa, y umbrales ambientales, de congestión del tráfico y ocupación del espacio público.
La apuesta del Govern es fomentar el transporte público, aunque en el caso de que los criterios medioambientales se cumplan y haya una necesidad de ampliar la demanda de vehículos de transporte, la prioridad sería ofrecer más licencias de taxi al considerarlo un complemento del transporte público. Por contra, acabaría con más de la mitad de los VTC con licencia urbana que operan en el AMB debido a que el decreto por el cual se rigen establece que, con la aprobación de una futura ley del transporte de estos vehículos, estas licencias desaparecerían.
Requisito del catalán
El proyecto de ley también contempla exigir un requisito mínimo de catalán para los taxistas, que por ahora será del nivel B1. Sin embargo, Plataforma per la Llengua ya ha expresado a través de un comunicado que defenderá, a través de enmiendas parlamentarias, que se exija la acreditación de un nivel B2 para obtener la credencial de taxista.
La Generalitat divide en cuatro tipologías los distintos vehículos que, en caso de prosperar el texto, deberían someterse a la nueva normativa. El primero de ellos es el taxi, que se considera un servicio estructural para complementar el transporte público, con un régimen tarifario oficial fijado por las administraciones competentes.
En su caso, debería asumir obligaciones de acceso al servicio en condiciones de igualdad, no discriminación, calidad y seguridad, asegurar la prestación del servicio independientemente de su recorrido, no rechazar el servicio excepto por motivos justificados, establecimiento de sistemas digitales de control y obligatoriedad de prestación del servicio en casos de emergencia.
El segundo compete a los VTC, que no atenderían a la demanda estructural ordinaria de servicios de movilidad urbana, con un régimen tarifario libre no intervenido y para los que se establece un plazo mínimo de precontratación de 10 minutos y se prohíbe captar clientes en la vía pública.
Un caso similar es el de los vehículos de Alta Disposición, también con un régimen tarifario libre no intervenido y obligaciones de una antelación de la contratación de dos horas, de estar a disposición del usuario durante un mínimo de una hora y la prohibición de captar clientes en la vía pública.
Por último, las limusinas, actualmente sin un marco legal claro, tendrían un régimen tarifario libre no intervenido y la responsabilidad de una antelación en la contratación de 12 horas, de estar a disposición del usuario durante un mínimo de una hora y deben tener unas determinadas dimensiones.
El texto recoge excepciones en el caso de que no se cubra la totalidad de la nueva oferta de licencias de taxi, una situación en la que las administraciones podrían optar por otorgar las autorizaciones a VTC urbanos con carácter temporal equivalente al número de licencias vacantes. De este modo, podrían operar por un período máximo de 2 años -4 en el caso de VTC para PMR-, prorrogables a dos años adicionales.
En grandes eventos singulares con un aumento coyuntural de la demanda, como el Mobile World Congress, se permitirá a vehículos amparados en autorizaciones interurbanas de VTC domiciliadas en Catalunya u otras comunidades autónomas a realizar temporalmente servicios con origen en su territorio o en determinados puntos de este. Esta excepción incluye, en su caso, aquellos que tengan origen y destinación en el ámbito urbano.
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