La oficina anticorrupción del Ayuntamiento de Madrid ha enviado a la Fiscalía la presunta gestión irregular que hizo la Policía municipal del atropello a una niña por el coche de su director general. Esta agencia que se define como autónoma del Ejecutivo municipal ha respondido así a dos denuncias, una de Más Madrid y otra de un denunciante sin identificar, en las que se relataban los indicios de abuso de poder en este caso, sucedido en una calle del suroeste el 28 de abril, el día del gran apagón. A pesar de esta medida, los padres de la niña, Aitana S., de 10 años, han anunciado a este periódico que han abandonado su intención de denunciar judicialmente debido a que están satisfechos con la cobertura que les ofrecerá el seguro de la Policía Municipal. El abogado de la familia, especializado en accidentes de tráfico, anticipa que la Fiscalía probablemente se desentenderá del caso, como suele hacer cuando no hay denuncia del perjudicado.
A pesar de esta decisión, los padres abandonan su intención de denunciar porque están satisfechos con la indemnización ofrecida por el seguro de la Policía Municipal
La oficina anticorrupción del Ayuntamiento de Madrid ha enviado a la Fiscalía la presunta gestión irregular que hizo la Policía municipal del atropello a una niña por el coche de su director general. Esta agencia que se define como autónoma del Ejecutivo municipal ha respondido así a dos denuncias, una de Más Madrid y otra de un denunciante sin identificar, en las que se relataban los indicios de abuso de poder en este caso, sucedido en una calle del suroeste el 28 de abril, el día del gran apagón. A pesar de esta medida, los padres de la niña, Aitana S., de 10 años, han anunciado a este periódico que han abandonado su intención de denunciar judicialmente debido a que están satisfechos con la cobertura que les ofrecerá el seguro de la Policía Municipal. El abogado de la familia, especializado en accidentes de tráfico, anticipa que la Fiscalía probablemente se desentenderá del caso, como suele hacer cuando no hay denuncia del perjudicado.
La agencia, la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, ha resuelto en un escrito de este martes y al que ha tenido acceso EL PAÍS que no tiene capacidad para investigar las discrepancias entre las versiones de los denunciantes y de las autoridades municipales. Explica que sus competencias son limitadas y que carece de los medios de investigación para esclarecer lo sucedido, a diferencia de la Policía Judicial, el Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial. “Así las cosas, y ante unos hechos que pueden alcanzar cierta gravedad, resulta procedente el envío de todo lo actuado por esta Oficina Municipal, junto con este informe, al Ministerio Fiscal, a los efectos oportunos”, dice el escrito.
La Policía sostiene que el conductor que habitualmente hace de chófer para el director general conducía prudentemente, que la madre de la niña causó la caída de la menor y que no hubo un atropello. La madre, la niña y tres testigos directos que han hablado con EL PAÍS mantienen que el coche iba a velocidad excesiva y que arrolló a Aitana.
Este periódico ha recabado numerosos indicios de irregularidad, como el testimonio “inventado” de la madre o una hora errónea en el parte policial de accidente, o la valoración de “atropello a muy baja velocidad”, en el parte sanitario del Samur, cuyos sanitarios no presenciaron los hechos.
Además, el equipo de comunicación de la Policía respondió a este diario que 48 horas después no había sido subido a sus bases de datos este suceso. Esto contravenía una instrucción que obliga a los agentes del orden a hacerlo en menos de 24 horas. El incidente tampoco figuraba en el registro informático de los sanitarios del Samur, según contestaron sus portavoces.
Los hechos sucedieron poco después del gran apagón en el Paseo de Extremadura, 28, una vía de seis carriles. Tras irse la luz, la madre recogió a la niña del colegio y cruzaba la calle por el paso de peatones para ir a un bazar donde querían comprar velas. El director policial se dirigía a la sede central del Cuerpo, en la Casa de Campo.
La decisión de la agencia anticorrupción se conoce a la vez que los padres de Aitana S. han comunicado a este periódico que con toda probabilidad no llevarán el caso a los juzgados por la vía penal. La razón se debe a que el seguro del Cuerpo municipal de Policía ha admitido su culpa, según explica el abogado de la familia, Roberto Rodríguez. “Al asumir culpa, reconocen el atropello”, explica Rodríguez. Esto deja en manos de la Fiscalía la posible judicialización del caso. “En este tipo de casos, si nosotros no podemos denuncia por vía penal, normalmente se suele archivar”, adelanta el abogado.
El padre de la niña, Jefferson S., explica que el letrado les ha recomendado llegar a un acuerdo extrajudicial o presentar una demanda civil. “Nos ha explicado que la indemnización será así mayor, sin necesidad de denunciar”, añade. El seguro les ha pagado una clínica privada y un anticipo de 4.000 euros, que aún no han recibido porque van a esperar a que la niña reciba el alta. En ese momento se determinará el monto de la compensación que por ley depende de un baremo en función de la gravedad de la lesión y los días de baja. “En caso de que no estemos de acuerdo, sí iremos a juicio”, agrega el padre.
Tras el disgusto inicial, los padres están aliviados porque su hija no precisará cirugía para soldar el fémur, como habían temido. La menor sufrió tres roturas, esa en el fémur izquierdo; y otras dos en el pie derecho, en un tobillo y en un hueso de la parte delantera. Ni el alcalde, ni el director policial ni ningún otro cargo municipal han visitado a la niña de esta familia de recursos limitados que vive en un pequeño piso cerca de Puerta del Ángel. Aitana perdió clase durante varias semanas y usa una silla de ruedas durante su recuperación.
El caso derivó en un enfrentamiento de la oposición de izquierdas contra el equipo del alcalde José Luis Martínez-Almeida, que salió en defensa del hombre que ha dirigido a los policías municipales desde 2019, Pablo Enrique Rodríguez. Sin embargo, Almeida reprochó a Rodríguez que se enteró del atropello por la prensa —EL PAÍS dio la noticia—. El jefe policial se dio de baja a principios de mayo, en mitad de la polémica, y el Ayuntamiento no ha anunciado su vuelta.
A pesar de las dudas manifestadas por la agencia anticorrupción, este servicio ha tomado partido por la versión municipal en su escrito de 13 páginas. Aunque no ha entrevistado a la madre o a otros testigos, da por buena la versión de la Policía y del Samur, concluyendo que no hubo irregularidad. Se basa únicamente en los informes que les remite la Dirección General de Policía Municipal y la Dirección General de Samur-Protección Civil.
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