El juez Juan Carlos Peinado se ha librado de tres querellas por su presunta instrucción irregular en el caso que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es una de las causas que acumula más recursos en menos tiempo por parte de todas las partes: desde las acusaciones populares de ultraderecha, hasta la fiscalía y la defensa de los imputados.
El magistrado pide al Supremo que impute al titular de Justicia por un testimonio similar al de otro exalto cargo de Moncloa que no ha sido todavía encausado
El juez Juan Carlos Peinado se ha librado de tres querellas por su presunta instrucción irregular en el caso que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es una de las causas que acumula más recursos en menos tiempo por parte de todas las partes: desde las acusaciones populares de ultraderecha, hasta la fiscalía y la defensa de los imputados.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no apreció en la actuación de Peinado ninguna anomalía digna de apartarle de una causa penal llena de sobresaltos injustificables. El juez ha llegado a imputar a personas -como Juan José Güemes, directivo del IE- por unas declaraciones en el juzgado que nunca se produjeron; ordenó un registro en la habitación del hospital de un empresario gravemente enfermo que fue anulado por la Audiencia Provincial por vulnerar derechos fundamentales; abrió investigaciones basadas en conjeturas o en noticias falsas; y salpicó de errores de bulto algunos de su autos -en el último llama “investigado” al testigo Bolaños-.
Peinado empezó investigando un supuesto tráfico de influencias de Begoña Gómez para que un empresario logrará contratos millonarios de la administración central pero no hay todavía un sólo indicio que acredite la existencia de ese delito sino todo lo contrario. Quince meses después, el juez intenta imputar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por un supuesto falso testimonio durante su declaración como testigo por otro asunto, también judicializado, relacionado con la mujer del presidente del Gobierno.
El juez investiga si Cristina Álvarez Rodríguez, la asistente de Begoña Gómez desde 2018, pudo cometer malversación de fondos por cobrar un salario público como trabajadora en Presidencia del Gobierno y dedicar una parte de su tiempo a mandar dos correos electrónicos relacionados con el trabajo privado de la mujer del presidente en la Universidad Complutense de Madrid.
El instructor Peinado se ha empeñado en conocer el nombre de la persona que propuso el nombramiento de Álvarez Rodríguez, como si esa actuación pudiera tener algún tipo de reproche penal. Nadie acierta a entender qué busca el juez porque, en principio, nombrar a alguien para un puesto eventual de libre designación en la administración pública no parece tener encaje en el Código Penal.
Todos los altos cargos de Moncloa que desfilaron por el juzgado de Peinado se acogieron a la normativa para intentar explicar cómo se realizan los nombramientos y no llegaron a contestar lo que en este caso parece lógico: la mujer del presidente del Gobierno elegiría a la persona que iba a trabajar junto a ella como asistente, se lo propondría al responsable encargado de las contrataciones y este, a su vez, lo haría efectivo.
Alfredo González era vicesecretario general de Presidencia en 2018. Declaró ante el juez Peinado que en aquella fecha era el responsable de firmar las propuestas de nombramiento del personal eventual y que Félix Bolaños no le sugirió esa contratación porque la asistente de Begoña Gómez no dependía de la Secretaria General de Presidencia sino del Gabinete de Presidencia. González señaló que las propuestas de nombramiento las hacían los directores del departamento al que estaban asignados los distintos puestos y aclaró también que no había recibido ninguna propuesta del jefe de gabinete del Presidente, Iván Redondo.
Pese a esta declaración, el juez Peinado citó a Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia en 2018. Aunque el ministro declaró que no conocía antes de su nombramiento a la asistente de Begoña Gómez, que nunca dependió de él y que nunca tuvo competencias para su contratación, el juez Peinado insistió en conocer el nombre de la persona que había decidido fichar a la ayudante de la mujer del presidente. Bolaños respondió: “El vicesecretario general tiene la competencia para elevar propuestas para los nombramientos de los eventuales. A el, los nombres de las personas que va a proponer se lo dan las responsables directos de las personas que van a depender esos eventuales”. El instructor llegó a amenazar a Bolaños con un careo con González y al finalizar el interrogatorio, insistió en conocer el nombre de la persona que propuso el nombramiento.
Juez Peinado. Dentro de la secretaria de Presidencia, además de Alfredo González, de don Iván Redondo, que era el jefe de gabinete, de usted mismo, y del presidente del Gobierno, quién podría tener competencias o facultades para proponer el nombramiento de Cristina Álvarez.
Ministro Bolaños. Los eventuales, y Cristina Álvarez lo era, la iniciativa de su nombramiento era de quien fuera a ser su responsable directo.
Peinado. ¿Y quién era su responsable directo?
Bolaños. Desconozco quien era porque yo no estaba en las tareas que hacía la persona Álvarez. No era mi competencia…
Peinado. Al instructor le resulta incomprensible que como secretario general de Presidencia, como ministro de la Presidencia, que ignore la persona responsable de Cristina Álvarez.
Bolaños. Es que no fue mi subordinada.
Peinado. No le estoy preguntando eso… Vamos a suspender la declaración y como estamos en la sede en la que se disponen los archivos necesarios para saber quién es esa persona, averigüe quien es la persona responsable de Cristina Álvarez Rodríguez.
Unos minutos después, el ministro Bolaños contestó que se trataba de Raúl Díez, un dato que el juez Peinado tenía desde dos meses antes porque lo reclamó y Presidencia del Gobierno se lo envió.
El juez citó después a Raúl Díez quien negó haber realizado el nombramiento por lo que el instructor Peinado consideró que el ministro Bolaños le había mentido y remitió una exposición razonada para que el Supremo le encause por falso testimonio. De pasó, Peinado incluyó el delito de malversación de fondos públicos, aunque Bolaños no fuera el responsable directo encargado de supervisar el trabajo de Cristina Álvarez como asistenta de la mujer del presidente del Gobierno.
El juez Peinado no ha imputado, de momento, a Alfredo González, la persona que firmó la propuesta de nombramiento y que declaró en el juzgado que no recibió llamadas de Félix Bolaños para esa contratación y aclaró que esa sugerencia llegó “de diversas fuentes diferentes, de los titulares de los órganos o de los directores” del departamento al que se asignó a la asistente de Begoña Gómez. La declaración de Alfredo González es similar a la que hizo el ministro Bolaños, pero el juez no le ha imputado.
Se trata del último salto al vacío del instructor Peinado, quien abrió una causa contra la mujer del presidente hace 15 meses, le ha imputado hasta cuatro delitos distintos -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional- y, aún hoy, no ha logrado un sólo indicio sólido para mantener vivo este proceso.
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