Entró en vigor la nueva Directiva europea que obliga a España a reducir el consumo energético del parque de viviendas, poniendo como límite el 2030.
Más información: La UE cambia de socios: se aleja de EEUU y fortalece sus relaciones comerciales con Latinoamérica y Australia Entró en vigor la nueva Directiva europea que obliga a España a reducir el consumo energético del parque de viviendas, poniendo como límite el 2030.
Más información: La UE cambia de socios: se aleja de EEUU y fortalece sus relaciones comerciales con Latinoamérica y Australia
Las claves
nuevo
Generado con IA
En su lucha contra el cambio climático y un futuro más verde, la Unión Europea ha impulsado una nueva normativa, ya en vigor, que pone el foco directamente en las viviendas menos eficientes a nivel energético.
De esta manera, Bruselas ha obligado a los Estados miembros, entre ellos España, a recortar de forma significativa el consumo energético de su parque inmobiliario de aquí al 2030.
Esto, en la práctica, supondrá impulsar reformas en los pisos y casas que más energía desperdician, lo cual convierte el certificado energético en una pieza clave para propietarios e inquilinos.
¿Qué dice la normativa?
La Directiva de la Unión Europea 2024/1275 relativa a la eficiencia energética de los edificios, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el 2024, establece que el consumo medio de energía primaria de las viviendas debe reducirse en un 16% antes del 2030, tomando el 2020 como año de referencia.
Así, al menos el 55% de esta reducción deberá lograrse actuando sobre los edificios residenciales menos eficientes, en otras palabras, las viviendas en peor estado a nivel energético.
Lo cierto es que el parque de viviendas de España está muy envejecido; la mayoría tiene más de 10 años y problemas típicos como poco aislamiento, ventanas anticuadas y sistemas de calefacción obsoletos.
De esta manera, la exigencia del Ejecutivo comunitario no se traduce en que para el 2030 todos los propietarios tengan que reformar su vivienda, sino que el Estado estará obligado a poner en marcha medidas específicas sobre los inmuebles con peores prestaciones energéticas.
El tipo de reformas que se pretende impulsar está relacionado con mejorar el aislamiento térmico de las fachadas y cubiertas, cambiar ventanas por otras más eficientes o sustituir calderas por sistemas más eficientes.
De hecho, en un intento de animar a los propietarios a hacer esto, en varias comunidades autónomas se dan ayudas de hasta 3.000 euros a los propietarios para cambiar las ventanas de sus viviendas por modelos más eficientes.
Por su parte, Hacienda también ha impuesto deducciones de hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta a aquellos propietarios que mejoren la eficiencia energética de su inmueble.
Con esto, el certificado energético cobrará una mayor relevancia, tanto en viviendas de compraventa como de alquiler.
Nuevo certificado energético
Además, la normativa establece que antes del 29 de mayo de 2026, los países miembros deberán adaptar su sistema de certificados a una escala común europea de la A a la G.
La letra A corresponderá a los edificios con cero emisiones y la G a los menos eficientes del parque nacional.
¿Qué hará España?
La Directiva, a pesar de concretar los objetivos, deja a cada país margen para decidir cómo aplicarlos, dejando en manos de cada Gobierno los plazos, obligaciones concretas, ayudas, entre otros.
Así, el Ejecutivo español tendrá que definir qué viviendas van primero en este plan, qué requisitos pedirán y qué ayudas públicas se darán, especialmente en los casos de familias con menos recursos.
El Español – Sociedad
