La violencia que ejercen los empleados de la empresa de desokupación García Seguridad Integral contra los jóvenes que viven en los corralones de la calle Castellar en el centro de Sevilla ha escalado varios peldaños. Este lunes tres empleados han golpeado a dos de ellos con puñetazos y codazos después de cortarles la acometida de agua del edificio en un episodio más de una progresión de ataques. En los dos últimos meses estos empleados han roto la nariz a otro joven, han allanado una vivienda, han atacado a varios periodistas con gas pimienta y se declaró un conato de incendio en este edificio, que los bomberos atajaron a tiempo.
Los empleados golpean a dos jóvenes tras haber atacado a periodistas en el acoso inmobiliario de los corralones de Castellar
La violencia que ejercen los empleados de la empresa de desokupación García Seguridad Integral contra los jóvenes que viven en los corralones de la calle Castellar en el centro de Sevilla ha escalado varios peldaños. Este lunes tres empleados han golpeado a dos de ellos con puñetazos y codazos después de cortarles la acometida de agua del edificio en un episodio más de una progresión de ataques. En los dos últimos meses estos empleados han roto la nariz a otro joven, han allanado una vivienda, han atacado a varios periodistas con gas pimienta y se declaró un conato de incendio en este edificio, que los bomberos atajaron a tiempo.
“Esta mañana vinieron tres hombres con serrucho, cemento y ladrillos, iban a por la acometida de agua. Yo me interpuse para evitar que lo sellaran, pero me apartaron a codazos, el cabecilla me pegó un puñetazo en la boca y a Juandi lo tiraron al suelo a puñetazos. No les da miedo enfrentarse a la policía. Es una escalada que va a más y podría contar 15 ataques en los últimos meses. Lo vivimos como una carrera de fondo, pero esperamos que no nos maten”, explicaba con entereza Estefanía Ramírez, sobre el último ataque sufrido este lunes. La policía acudió tras el asalto y les explicó que debían presentar denuncia ante las lesiones que presentaban. Los jóvenes acudieron al hospital y presentarán dicha denuncia en breve en el juzgado contra los desokupas, que cortaron el suministro de agua sin autorización de la empresa municipal sevillana Emasesa.
La sucesión de agresiones verbales y físicas por parte de los desokupas es una preocupación constante en el casco antiguo de la capital andaluza, ya que desde principios de año se han instalado de manera permanente en los corralones, arropados y contratados por uno de los dueños del edificio, Alejandro Valerio. Tras el hostigamiento ilegal se esconde una operación inmobiliaria para reconvertir el espacio, de 5.239 metros cuadrados con una protección urbanística especial y que incluye un colegio concertado, en un hotel y 35 apartamentos de lujo.
El centro histórico de Sevilla alberga varios corralones preñados de artesanos y artistas similares al de Castellar y que están amenazados por la especulación y la presión turística que arrasa con otro tipo de actividades menos lucrativas. La gentrificación del turismo ha logrado poner de acuerdo a los vecinos, y 84 asociaciones apoyan la resistencia de unas decenas de jóvenes para que estos corralones no desaparezcan y claudiquen frente a los métodos violentos de la empresa desokupa. Mientras, la Subdelegación del Gobierno no aclara si la firma incumple la ley o si mantiene una investigación para esclarecer y frenar su modus operandi.
El responsable de la empresa García Seguridad Integral, Miguel Ángel García, ha amenazado esta mañana a gritos a los jóvenes con una barra de hierro en plena calle mientras le grababan. García acumula numerosos antecedentes policiales, según fuentes del caso, y hace una semana pasó tres días en los calabozos de comisaría tras romperle la nariz a otro joven llamado Aire. “Escupió en la cara a una amiga y luego subieron a amenazarnos, hasta que cuando le llamé criminal empezó a pegarme puñetazos en la cabeza hasta romperme la nariz”, relata.
El relato de Valerio sobre la agresión de este lunes es opuesto al de los jóvenes y considera que fueron estos los que atacaron a sus empleados que acudieron a cortarles el suministro de agua y que interpondrá una denuncia por lesiones: “La violencia no es una solución, pero hemos agotado todas las vías. Los juzgados son lentos e intenté negociar por mensajes privados sin éxito”, alega sin llegar a justificar la violencia, pero siendo consciente de que la empresa desokupa ha sobrepasado la ley en numerosas ocasiones. “Alejandro estaba presente en el allanamiento de la vivienda junto a su mujer”, precisa Ramírez. Tras el allanamiento violento de la vivienda, tres empleados fueron detenidos y un juzgado dictó contra ellos una orden de alejamiento del edificio y así evitar futuros altercados.
Los propietarios mayoritarios del espacio, entre ellos Valerio, firmaron en 2023 un contrato de compraventa con la promotora onubense Arenas de la Bellida por 12 millones bajo la condición de que todos los inquilinos hubieran abandonado los corralones y que el Ayuntamiento modificara el PGOU, según Alfredo Quintero, director general de la compañía que lidera el proyecto urbanístico. Valerio niega que se haya producido la operación confirmada por Quintero. “En 2016 una multinacional se interesó para hacer un hotel, pero no llegamos a un acuerdo de compraventa”, sostiene el empresario, originario de Almonte (Huelva).
En su rústico despacho ubicado en el enorme espacio de la calle Castellar, Valerio asegura que hoy mantiene 22 inquilinos, pero que tuvo que echar a “178 okupas” de sus locales. “Los inquilinos se corrompieron por los okupas y estamos viviendo una auténtica ruina. Tenemos seguimientos en nuestras casas, cámaras en los vehículos y mi mujer está de psicólogos”, lamenta.
En la acera contraria, el abogado de Ramírez, Javier García, confía en que en breve los juzgados acumulen la veintena de denuncias presentadas por el acoso inmobiliario que sufren y que frenen la escalada de violencia que suele acompañar a estas prácticas para amedrentar a los vecinos. “Esta gente ha tirado por la vía de la agresividad y la violencia nunca está justificada. Si sigue así el tema, un día pasará una desgracia”, advierte.
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