Las comunidades del PP boicotean la reunión sobre el reparto de menores migrantes

Las comunidades gobernadas por el PP no han acudido este jueves a la Conferencia Sectorial de Infancia que iba a abordar la reubicación de los niños y adolescentes migrantes no acompañados que permanecen en Canarias, Ceuta y Melilla. Ante el plante de los consejeros del PP —sí ha estado presente el máximo responsable de la ciudad autónoma ceutí—, la reunión no se ha celebrado por la falta de quorum para la toma de decisiones. Los populares arguyen que el Gobierno pretende imponer un reparto “forzoso” e “ilegal” que vulnera el principio de igualdad territorial.

La reunión estaba convocada a las 9.30 horas bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y se preveía bronca por el posicionamiento de los populares. En el orden del día se incluía la aprobación del reparto del crédito extraordinario de 22 millones de euros para 2025 al que dio luz verde el Consejo de Ministros del martes con el objetivo de “garantizar el sostenimiento” de los sistemas de acogida en Canarias (8,5 millones), Baleares (2), Ceuta(7) y Melilla (4,5). El Ejecutivo buscaba lograr también este jueves el respaldo de las autonomías al paquete de 100 millones de euros destinado a financiar los cstes asociados a la sobreocupación y los traslados, así como informar del decreto que regulará la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de estos menores y que el Gobierno prevé aprobar el 26 de agosto.

“Las deudas racistas de [Alberto Núñez] Feijóo con el señor [Santiago] Abascal las van a pagar las personas que viven en Canarias, en Ceuta, Melilla e Islas Baleares, porque no vamos a poder transferir este recurso que debía ser aprobado en la reunión”, ha criticado Rego después de confirmar la suspensión de la conferencia.

Algunas autonomías del PP han mostrado durante meses una fuerte oposición a la propuesta de reparto del Gobierno y 11 han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional contra el decreto aprobado en marzo pasado. El ministerio asegura que la ausencia de los populares no supondrá un bloqueo efectivo de esta norma. “Tenemos un dictamen del Consejo de Estado que nos habilita para seguir trabajando. Una comunidad autónoma no se puede erigir en juez y parte. Tienen todo el derecho a presentar los recursos que estimen oportunos ante el Constitucional, pero deberán dejar que sean los jueces los que determinen cuál es el resultado de estos recursos”, ha manifestado muy firme la ministra de Juventud. “Lo que es inaudito es que en una democracia quien presenta un recurso determine que el recurso ya le habilita para incumplir una ley (…). Mientras tanto, la ley aprobada en el Congreso de los Diputados es una ley que hay que aplicar”, ha añadido Rego, que ha asegurado que así será.

La ministra ha anunciado que su departamento prevé llevar al Consejo de Ministros del 26 de agosto el decreto de capacidad ordinaria, es decir, los niños y niñas que pueden acoger cada sistema y la financiación asociada a este. “Desde el Gobierno seguimos trabajando con determinación para estar en disposición, a partir del 28 de agosto de comenzar con los traslados de estos niños y niñas que tienen derechos y vienen de procesos migratorios muy duros. En una sociedad democrática debemos ser capaces de acogerlos con dignidad”, ha concluido.

El objetivo del Ejecutivo es reubicar a unos 4.400 menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Sin embargo, es muy probable que el número acabe siendo menor, entre otras cosas porque, mientras todo se resuelve, los adolescentes están cumpliendo la mayoría de edad.