El sector energético en su conjunto contiene la respiración. Se prevé que el próximo martes, 22 de julio, el Congreso de los Diputados aborde el real decreto ley 7/2025 para su convalidación. Se trata, en concreto, de la norma que ha elaborado el Gobierno tras el apagón con el objetivo de reforzar el sistema eléctrico y que no haya problemas en el futuro. Tras la presentación que llevó a cabo hace unos días la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, las principales empresas y agentes del sector quedaron satisfechos.Sin embargo, el Ejecutivo no tiene todas consigo , y menos con la relación en estos momentos con sus socios. Según ha podido conocer este medio, Podemos ya habría hecho amagos de tensar la cuerda por no haber podido participar de manera explícita en el desarrollo de los nuevos planes antiapagones como sí habrían hecho otras formaciones que apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez.Noticia Relacionada estandar Si Corredor defiende su gestión del apagón en la Junta de Red Eléctrica y salva una votación para cesarla Raúl MasaParadójicamente —fuera de los canales políticos—, hacía mucho tiempo que la inmensa mayoría del entramado energético no mostraba unanimidad con respecto a una ley. En este caso de manera positiva. Eléctricas, gasistas, petroleras, grandes, pequeñas… todas las empresas entienden que la norma constituye las bases regulatorias para encarar los principales retos que tiene el sector en lo que respecta a la integración de las renovables en el sistema; la operativa de Red Eléctrica —principal señalada en esta crisis—; el papel que debe jugar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ); el impulso a la electrificación de la industria. Todos coinciden en la necesidad de este real decreto ley.Pero a medida que se acerca la fecha ha empezado a crecer una preocupación —fundamentada— sobre la posibilidad de que la norma no salga adelante por cuestiones puramente políticas.Según ha podido conocer ABC en fuentes del mercado, diversas asociaciones y patronales sectoriales se están poniendo en contacto con sus socios para que remen todos en la misma dirección . En estas comunicaciones se traslada la idea de que la convalidación de esta norma trasciende los intereses estrictamente sectoriales para situarse en el ámbito del interés general del país.Las organizaciones que se están movilizando entienden que la nueva ley afecta, incluso, a la soberanía, la prosperidad económica y el liderazgo internacional de España. Por todo esto, no conciben que existan dudas sobre las bondades de este real decreto ley, incluso, dentro del contexto donde ha surgido.De hecho, y es una certeza, esta norma ha conseguido el respaldo de la mayoría de empresas. Incluso, pese a que sectores como el industrial, que han lamentado cierta falta de ambición — tal y como publicó ABC —, el conjunto de las propuestas les parece bien. Iberdrola y Endesa, a través de Aelec —la patronal que les representa— también han tenido grandes palabras sobre los planes desarrollados por el equipo de Aagesen. Lo mismo sucede desde el ámbito renovable a nivel regulatorio y de permisos, donde se pretende otorgar de mayor agilidad.Lo mismo sucede con los cometidos que se quieren otorgar a Red Eléctrica y la CNMC. Para el operador del sistema se han encargado una serie de tareas de gestión técnico sobre la infraestructura que, además, viene a señalar que había una serie de problemas que debían ser resueltos cuanto antes.Gran movilizaciónAnte esta situación, y con tiempo de poder encauzar todo, diversas organizaciones sectoriales están pidiendo el apoyo de sus socios para conseguir trasladar a todos los grupos parlamentarios y representantes políticos la importante de este real decreto ley . De igual modo, también quieren que en estas —casi— tres semanas que restan se empuje con las administraciones autonómicas y locales que saldrán beneficiadas de esta norma.Incluso, en el escalón más bajo, se quiere llegar a los alcaldes de las localidades donde existan activos y proyectos energéticos para que se transmita que esta ley es esencial para el desarrollo económico. Por eso, también se pondrá en foco en las organizaciones empresariales, porque se trata de un plan que, en la mayoría de sus aspectos, tiene claves económicas fundamentales para el desarrollo de las políticas energéticas.Por lo que respecta a las medidas, la transversalidad ha sido aplaudida por la inmensa mayoría del sector energético. Por ejemplo, en materia renovable, la modificación de los plazos en los permisos de los proyectos es una gran novedad.Otro aspecto clave tiene que ver con el almacenamiento . Sin que el Ministerio para la Transición Ecológica haya asumido que el actual retraso en la penetración de esta tecnología es por su responsabilidad, en la nueva norma impulsa una serie de medidas de gran calado para fomentar la inversión.De igual modo, el autoconsumo , también ha entrado en el punto de mira de esta norma. De hecho, y de modo tangencial, su falta de control ha salido a relucir en la crisis del apagón como un factor que debe ser tenido en cuenta en la planificación eléctrica nacional. El sector energético en su conjunto contiene la respiración. Se prevé que el próximo martes, 22 de julio, el Congreso de los Diputados aborde el real decreto ley 7/2025 para su convalidación. Se trata, en concreto, de la norma que ha elaborado el Gobierno tras el apagón con el objetivo de reforzar el sistema eléctrico y que no haya problemas en el futuro. Tras la presentación que llevó a cabo hace unos días la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, las principales empresas y agentes del sector quedaron satisfechos.Sin embargo, el Ejecutivo no tiene todas consigo , y menos con la relación en estos momentos con sus socios. Según ha podido conocer este medio, Podemos ya habría hecho amagos de tensar la cuerda por no haber podido participar de manera explícita en el desarrollo de los nuevos planes antiapagones como sí habrían hecho otras formaciones que apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez.Noticia Relacionada estandar Si Corredor defiende su gestión del apagón en la Junta de Red Eléctrica y salva una votación para cesarla Raúl MasaParadójicamente —fuera de los canales políticos—, hacía mucho tiempo que la inmensa mayoría del entramado energético no mostraba unanimidad con respecto a una ley. En este caso de manera positiva. Eléctricas, gasistas, petroleras, grandes, pequeñas… todas las empresas entienden que la norma constituye las bases regulatorias para encarar los principales retos que tiene el sector en lo que respecta a la integración de las renovables en el sistema; la operativa de Red Eléctrica —principal señalada en esta crisis—; el papel que debe jugar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ); el impulso a la electrificación de la industria. Todos coinciden en la necesidad de este real decreto ley.Pero a medida que se acerca la fecha ha empezado a crecer una preocupación —fundamentada— sobre la posibilidad de que la norma no salga adelante por cuestiones puramente políticas.Según ha podido conocer ABC en fuentes del mercado, diversas asociaciones y patronales sectoriales se están poniendo en contacto con sus socios para que remen todos en la misma dirección . En estas comunicaciones se traslada la idea de que la convalidación de esta norma trasciende los intereses estrictamente sectoriales para situarse en el ámbito del interés general del país.Las organizaciones que se están movilizando entienden que la nueva ley afecta, incluso, a la soberanía, la prosperidad económica y el liderazgo internacional de España. Por todo esto, no conciben que existan dudas sobre las bondades de este real decreto ley, incluso, dentro del contexto donde ha surgido.De hecho, y es una certeza, esta norma ha conseguido el respaldo de la mayoría de empresas. Incluso, pese a que sectores como el industrial, que han lamentado cierta falta de ambición — tal y como publicó ABC —, el conjunto de las propuestas les parece bien. Iberdrola y Endesa, a través de Aelec —la patronal que les representa— también han tenido grandes palabras sobre los planes desarrollados por el equipo de Aagesen. Lo mismo sucede desde el ámbito renovable a nivel regulatorio y de permisos, donde se pretende otorgar de mayor agilidad.Lo mismo sucede con los cometidos que se quieren otorgar a Red Eléctrica y la CNMC. Para el operador del sistema se han encargado una serie de tareas de gestión técnico sobre la infraestructura que, además, viene a señalar que había una serie de problemas que debían ser resueltos cuanto antes.Gran movilizaciónAnte esta situación, y con tiempo de poder encauzar todo, diversas organizaciones sectoriales están pidiendo el apoyo de sus socios para conseguir trasladar a todos los grupos parlamentarios y representantes políticos la importante de este real decreto ley . De igual modo, también quieren que en estas —casi— tres semanas que restan se empuje con las administraciones autonómicas y locales que saldrán beneficiadas de esta norma.Incluso, en el escalón más bajo, se quiere llegar a los alcaldes de las localidades donde existan activos y proyectos energéticos para que se transmita que esta ley es esencial para el desarrollo económico. Por eso, también se pondrá en foco en las organizaciones empresariales, porque se trata de un plan que, en la mayoría de sus aspectos, tiene claves económicas fundamentales para el desarrollo de las políticas energéticas.Por lo que respecta a las medidas, la transversalidad ha sido aplaudida por la inmensa mayoría del sector energético. Por ejemplo, en materia renovable, la modificación de los plazos en los permisos de los proyectos es una gran novedad.Otro aspecto clave tiene que ver con el almacenamiento . Sin que el Ministerio para la Transición Ecológica haya asumido que el actual retraso en la penetración de esta tecnología es por su responsabilidad, en la nueva norma impulsa una serie de medidas de gran calado para fomentar la inversión.De igual modo, el autoconsumo , también ha entrado en el punto de mira de esta norma. De hecho, y de modo tangencial, su falta de control ha salido a relucir en la crisis del apagón como un factor que debe ser tenido en cuenta en la planificación eléctrica nacional.
El sector energético en su conjunto contiene la respiración. Se prevé que el próximo martes, 22 de julio, el Congreso de los Diputados aborde el real decreto ley 7/2025 para su convalidación. Se trata, en concreto, de la norma que ha elaborado el Gobierno … tras el apagón con el objetivo de reforzar el sistema eléctrico y que no haya problemas en el futuro. Tras la presentación que llevó a cabo hace unos días la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, las principales empresas y agentes del sector quedaron satisfechos.
Sin embargo, el Ejecutivo no tiene todas consigo, y menos con la relación en estos momentos con sus socios. Según ha podido conocer este medio, Podemos ya habría hecho amagos de tensar la cuerda por no haber podido participar de manera explícita en el desarrollo de los nuevos planes antiapagones como sí habrían hecho otras formaciones que apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez.
Paradójicamente —fuera de los canales políticos—, hacía mucho tiempo que la inmensa mayoría del entramado energético no mostraba unanimidad con respecto a una ley. En este caso de manera positiva. Eléctricas, gasistas, petroleras, grandes, pequeñas… todas las empresas entienden que la norma constituye las bases regulatorias para encarar los principales retos que tiene el sector en lo que respecta a la integración de las renovables en el sistema; la operativa de Red Eléctrica —principal señalada en esta crisis—; el papel que debe jugar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); el impulso a la electrificación de la industria. Todos coinciden en la necesidad de este real decreto ley.
Pero a medida que se acerca la fecha ha empezado a crecer una preocupación —fundamentada— sobre la posibilidad de que la norma no salga adelante por cuestiones puramente políticas.
Según ha podido conocer ABC en fuentes del mercado, diversas asociaciones y patronales sectoriales se están poniendo en contacto con sus socios para que remen todos en la misma dirección. En estas comunicaciones se traslada la idea de que la convalidación de esta norma trasciende los intereses estrictamente sectoriales para situarse en el ámbito del interés general del país.
Las organizaciones que se están movilizando entienden que la nueva ley afecta, incluso, a la soberanía, la prosperidad económica y el liderazgo internacional de España. Por todo esto, no conciben que existan dudas sobre las bondades de este real decreto ley, incluso, dentro del contexto donde ha surgido.
De hecho, y es una certeza, esta norma ha conseguido el respaldo de la mayoría de empresas. Incluso, pese a que sectores como el industrial, que han lamentado cierta falta de ambición —tal y como publicó ABC—, el conjunto de las propuestas les parece bien. Iberdrola y Endesa, a través de Aelec —la patronal que les representa— también han tenido grandes palabras sobre los planes desarrollados por el equipo de Aagesen. Lo mismo sucede desde el ámbito renovable a nivel regulatorio y de permisos, donde se pretende otorgar de mayor agilidad.
Lo mismo sucede con los cometidos que se quieren otorgar a Red Eléctrica y la CNMC. Para el operador del sistema se han encargado una serie de tareas de gestión técnico sobre la infraestructura que, además, viene a señalar que había una serie de problemas que debían ser resueltos cuanto antes.
Gran movilización
Ante esta situación, y con tiempo de poder encauzar todo, diversas organizaciones sectoriales están pidiendo el apoyo de sus socios para conseguir trasladar a todos los grupos parlamentarios y representantes políticos la importante de este real decreto ley. De igual modo, también quieren que en estas —casi— tres semanas que restan se empuje con las administraciones autonómicas y locales que saldrán beneficiadas de esta norma.
Incluso, en el escalón más bajo, se quiere llegar a los alcaldes de las localidades donde existan activos y proyectos energéticos para que se transmita que esta ley es esencial para el desarrollo económico.
Por eso, también se pondrá en foco en las organizaciones empresariales, porque se trata de un plan que, en la mayoría de sus aspectos, tiene claves económicas fundamentales para el desarrollo de las políticas energéticas.
Por lo que respecta a las medidas, la transversalidad ha sido aplaudida por la inmensa mayoría del sector energético. Por ejemplo, en materia renovable, la modificación de los plazos en los permisos de los proyectos es una gran novedad.
Otro aspecto clave tiene que ver con el almacenamiento. Sin que el Ministerio para la Transición Ecológica haya asumido que el actual retraso en la penetración de esta tecnología es por su responsabilidad, en la nueva norma impulsa una serie de medidas de gran calado para fomentar la inversión.
De igual modo, el autoconsumo, también ha entrado en el punto de mira de esta norma. De hecho, y de modo tangencial, su falta de control ha salido a relucir en la crisis del apagón como un factor que debe ser tenido en cuenta en la planificación eléctrica nacional.
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