Las gran élite empresarial cuestiona el peso del empleo público en España

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar se comprometió hace poco más de un mes, en el marco del XXIX Congreso Nacional de la institución que reúne a las grandes sagas familiares de empresarios de España, a tener un papel más activo en el debate público y a difundir antes de las elecciones un informe con los temas que consideran clave para impulsar la competitividad del país de aquí a diez años y facilitar su despliegue como gran potencia económica.Lo que les ha salido es un decálogo de asuntos en el que aparecen temas sobre los que hay un consenso general como la demografía, la salud, la educación, la vivienda y los desafíos tecnológicos; otros que han saltado en los últimos meses a la primera plana por razones obvias como la conservación de las infraestructuras, la vivienda o la política exterior; y otros que constituyen una genuina preocupación de los empresarios como la competitividad y el entorno empresarial.Porque sí, los propietarios de algunas de las mayores empresas del país, como Mercadona, Inditex, Acciona o Bodegas Osborne, consideran que el deterioro del entorno regulatorio en el que desempeñan su actividad las empresas se ha convertido ya en un problema para la competitividad del país. «Debemos aspirar a un entorno regulatorio que no resulte asfixiante y que permita a las empresas desarrollar una actividad con eficacia y responsabilidad», asegura el documento.Entienden que el incremento de la presión fiscal y la proliferación de nuevas normas han sobrecargado a las empresas con costes fiscales y de recursos humanos que lastran su competitividad, y consideran crítico transitar hacia un nuevo entorno fiscal y regulatorio «que incentiva el emprendimiento, la inversión y la continuidad empresarial».El papel de lo públicoTambién entienden que lo público tiene un papel clave que jugar a la hora de impulsar la competitividad de la economía. Consideran, por ejemplo, que el peso del empleo público «es considerablemente elevado» y que, sin embargo, el papel de los organismos públicos que deben combatir el desempleo no ha sido todo lo satisfactorio que debiera.Detectan igualmente lagunas en el funcionamiento de servicios públicos críticos ya no solo para la competitividad del país sino para su cohesión territorial como la red ferroviaria y la red de carreteras, para las que pide una actuación urgente para recuperar la confianza en el servicio y garantizar la seguridad de los viajeros, un mínimo para el que instan a los candidatos a la Presidencia del Gobierno a precisar cuál va a ser el gasto anual que van a realizar en mantenimiento y conservación de la red de infraestructuras.Demandan un revisión urgente de la red ferroviaria de alta velocidad para restaurar la confianza de los ciudadanos en la seguridad de los servicios, la mejora de los servicios de conexión de cercanías, que consideran críticos ya no solo para garantizar el desplazamiento de los trabajadores hacia sus centros de trabajo sino también para poder trazar una estrategia de vivienda que resuelva las tensiones actuales del mercado; también una apuesta por la asignatura pendiente del transporte ferroviario de mercancías, así como una mayor inversión en la red viaria «que muestra alarmantes síntomas de deterioro que afectan a la seguridad del tráfico y a la eficacia de transportes y mercancías».Los empresarios familiares juzgan que hay tareas pendientes en asegurar el suministro de la red eléctrica y en mejorar la eficiencia de la gestión del agua para la que piden un mayor esfuerzo. «Energía están interconectadas y exigen un esfuerzo conjunto». El presidente del Instituto de la Empresa Familiar se comprometió hace poco más de un mes, en el marco del XXIX Congreso Nacional de la institución que reúne a las grandes sagas familiares de empresarios de España, a tener un papel más activo en el debate público y a difundir antes de las elecciones un informe con los temas que consideran clave para impulsar la competitividad del país de aquí a diez años y facilitar su despliegue como gran potencia económica.Lo que les ha salido es un decálogo de asuntos en el que aparecen temas sobre los que hay un consenso general como la demografía, la salud, la educación, la vivienda y los desafíos tecnológicos; otros que han saltado en los últimos meses a la primera plana por razones obvias como la conservación de las infraestructuras, la vivienda o la política exterior; y otros que constituyen una genuina preocupación de los empresarios como la competitividad y el entorno empresarial.Porque sí, los propietarios de algunas de las mayores empresas del país, como Mercadona, Inditex, Acciona o Bodegas Osborne, consideran que el deterioro del entorno regulatorio en el que desempeñan su actividad las empresas se ha convertido ya en un problema para la competitividad del país. «Debemos aspirar a un entorno regulatorio que no resulte asfixiante y que permita a las empresas desarrollar una actividad con eficacia y responsabilidad», asegura el documento.Entienden que el incremento de la presión fiscal y la proliferación de nuevas normas han sobrecargado a las empresas con costes fiscales y de recursos humanos que lastran su competitividad, y consideran crítico transitar hacia un nuevo entorno fiscal y regulatorio «que incentiva el emprendimiento, la inversión y la continuidad empresarial».El papel de lo públicoTambién entienden que lo público tiene un papel clave que jugar a la hora de impulsar la competitividad de la economía. Consideran, por ejemplo, que el peso del empleo público «es considerablemente elevado» y que, sin embargo, el papel de los organismos públicos que deben combatir el desempleo no ha sido todo lo satisfactorio que debiera.Detectan igualmente lagunas en el funcionamiento de servicios públicos críticos ya no solo para la competitividad del país sino para su cohesión territorial como la red ferroviaria y la red de carreteras, para las que pide una actuación urgente para recuperar la confianza en el servicio y garantizar la seguridad de los viajeros, un mínimo para el que instan a los candidatos a la Presidencia del Gobierno a precisar cuál va a ser el gasto anual que van a realizar en mantenimiento y conservación de la red de infraestructuras.Demandan un revisión urgente de la red ferroviaria de alta velocidad para restaurar la confianza de los ciudadanos en la seguridad de los servicios, la mejora de los servicios de conexión de cercanías, que consideran críticos ya no solo para garantizar el desplazamiento de los trabajadores hacia sus centros de trabajo sino también para poder trazar una estrategia de vivienda que resuelva las tensiones actuales del mercado; también una apuesta por la asignatura pendiente del transporte ferroviario de mercancías, así como una mayor inversión en la red viaria «que muestra alarmantes síntomas de deterioro que afectan a la seguridad del tráfico y a la eficacia de transportes y mercancías».Los empresarios familiares juzgan que hay tareas pendientes en asegurar el suministro de la red eléctrica y en mejorar la eficiencia de la gestión del agua para la que piden un mayor esfuerzo. «Energía están interconectadas y exigen un esfuerzo conjunto».  

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar se comprometió hace poco más de un mes, en el marco del XXIX Congreso Nacional de la institución que reúne a las grandes sagas familiares de empresarios de España, a tener un papel más activo en el debate público … y a difundir antes de las elecciones un informe con los temas que consideran clave para impulsar la competitividad del país de aquí a diez años y facilitar su despliegue como gran potencia económica.

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