En España se producen diariamente 67 desahucios con Cataluña a la cabeza de este listado negro en el que 18 familias son obligadas a dejar su casa cada día. Una cifra tres veces mayor a lo que sucede en Madrid y casi el doble que en Andalucía y Valencia, donde se programan ocho lanzamientos diarios. De estos, la gran mayoría, siete de cada diez, tienen que ver con impago de alquileres a los caseros y el resto por hipotecas sin cubrir.
La amenaza de desahucio se extiende por todas las provincias, donde muchos resisten entre el silencio mediático y la indiferencia institucional
En España se producen diariamente 67 desahucios con Cataluña a la cabeza de este listado negro en el que 18 familias son obligadas a dejar su casa cada día. Una cifra tres veces mayor a lo que sucede en Madrid y casi el doble que en Andalucía y Valencia, donde se programan ocho lanzamientos diarios. De estos, la gran mayoría, siete de cada diez, tienen que ver con impago de alquileres a los caseros y el resto por hipotecas sin cubrir.
En el mejor de los casos, acompaña la salida del viejo inquilino un pequeño grupo de activistas de organizaciones como la Plataforma Antihipotecas (PAH) o el Sindicato de Inquilinas. Sin embargo, la gran mayoría se producen en silencio y sin testigos. Los únicos datos sobre desahucios son los que proporciona el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que recopila los datos de los juzgados sin detallar edades. En la mayoría de los casos, cuando el secretario judicial y el cerrajero entran en una vivienda, ya no hay nadie.
Mariví, de 78 años, vecina de Erandio; Rosario, de 64, de Barcelona y María Jesús, valenciana de 60 años, han pasado una de las semanas más duras siguiendo el caso de Maricarmen.
Aunque los desahucios están en mínimos históricos y han bajado casi un 36% desde 2022 —lejos de la peor época entre 2013 y 2016 cuando se desahuciaban a 187 familias cada día— los ancianos son el rostro más dramático de una crisis que los obliga a rehacer su vida en un lugar extraño.
Mariví no quiere ser la Maricarmen de Erandio
Es el caso de Mariví Abecia, que lucha a sus 78 años por no ser la nueva Maricarmen de Erandio. Vive con su marido, seis años mayor que ella, en uno de los ocho portales de la urbanización conocida como Los Ochos, en esta localidad vizcaína —de 25.000 habitantes— próxima a Bilbao. Paga un alquiler mensual algo inferior a 1.000 euros, pero su contrato vence esta semana. El fondo de inversión Mosaic, dueño de toda la urbanización, le ha enviado una notificación para que deje su casa o de lo contrario será desalojada. Por si acaso, ya tiene las maletas preparadas y todas sus cosas metidas en cajas, aunque insiste en que resistirá: “Cuando toquen la puerta, no sé cómo voy a reaccionar. Yo espero que nadie nos eche de aquí”.
Mariví es una de las 120 familias que tratan de escapar de las garras del mencionado fondo, que el año pasado adquirió 135 pisos de Los Ochos y ahora quiere vaciarlos para venderlos a un precio muy superior al que pagó en 2025 a la cartera inmobiliaria de La Caixa, hasta esa fecha propietaria de las casas. Mosaic quiere hacer un negocio redondo con la venta de los pisos. Los vecinos aseguran que este “especulador inmobiliario” pagó unos 70.000 euros por cada unidad y ahora pide a los inquilinos 340.000 euros, en algún caso.
Un total de 14 familias tienen la espada de Damocles sobre la cabeza desde entonces porque sus contratos acaban antes del 31 de diciembre. Joseba, padre de una niña de seis años, tiene margen hasta 2029 pero esto no es ningún consuelo: “Quieren echarnos a la calle uno detrás de otro, en un goteo constante, pero tenemos que seguir unidos para evitarlo”, asegura. Empezó pagando hace 15 años una renta de 800 euros mensuales, que en la actualidad es de 1.032 euros por una vivienda de 90 metros cuadrados.
En 2025, los juzgados españoles practicaron 25.540 lanzamientos: Cataluña concentró 6.814, por delante de Andalucía —3.782—, Comunidad Valenciana —2.992— y Madrid —2.267—.
La lucha en Barcelona de Rosario contra un fondo inmobiliario
En Barcelona termina una espesa semana para Rosario Castelló, de 64 años, que comenzó el lunes cuando supo que Sílvia, otra vecina del Eixample que peleaba por quedarse en el piso en el que llevaba 25 años, fue desahuciada. Y siguió el miércoles cuando pudo ver por televisión el desalojo de Maricarmen. Rosario se quedó impresionada al ver el desgaste que ha vivido los últimos meses la simbólica anciana de Madrid. “Estos procesos son muy duros y dañinos para la salud mental”, lamenta en el salón de su casa, en la calle Entença de Barcelona.
Rosario lleva cuatro años lidiando con Vandor, el fondo de inversión que pretende desalojarla del piso en el que reside desde hace 28 años. “Este es mi hogar. Aquí tuve mi tienda en 1994 y aquí crié a mis hijos. Hay un significado detrás de todo eso. Pero, claro, ellos eso no lo entienden”, lamenta. Rosario es la última vecina que queda en este inmueble.
La historia del edificio, como la de muchos otros del Eixample barcelonés, se trunca con la muerte de su antiguo propietario, un particular que dejó su herencia a la Sagrada Familia. Rosario cuenta cómo, en cuestión de meses, fue cambiando de manos. “Ellos se lo vendieron a Renta Corporación y esta empresa, a Vandor. Y, aunque mi contrato todavía no había vencido, cuando llegaron me comunicaron que tendría que irme”, dice. Sus vecinos fueron tirando la toalla y abandonando el inmueble y se trata de un lugar lleno de pisos alquilados de forma temporal y por habitaciones a estudiantes extranjeros que solo pasan en Barcelona entre dos y tres meses. “No paro de llamar a los dueños y a la Guardia Urbana”, describe.
Pero la mujer, que vive sola, decidió que daría la batalla por conservar su hogar. Recuerda que lo pintó, reformó y arregló. Y hoy lo conserva minuciosamente decorado. “Pensaban que era una presa fácil. Mujer y sola en una finca llena de estudiantes. Pero sigo resistiendo”, sostiene. Paga religiosamente 1.040 euros mensuales, que la socimi no tiene problema en ingresar. No es una cantidad fuera de mercado, puesto que Barcelona tiene los alquileres regulados y esa renta se halla dentro de la franja fijada por la Administración. Sin embargo, la empresa hace un mejor negocio con los otros pisos, donde alquila las habitaciones por unidades. “Y no puede ser que los barrios del centro se conviertan en zonas solo para extranjeros, sin vecinos y sin comercio local”, denuncia.
Rosario, como Maricarmen, ha encontrado apoyo en el Sindicato de Inquilinas y durante el desgastante camino ha conocido a gente en su situación. Cuatro de ellas, por ejemplo, lograron sentarse con el Ayuntamiento de Barcelona para exponer las demandas de los inquilinos.
Lo que peor llevan, explican, es el paso ante el juez. “Para casi todas, es la primera vez que vamos a la Ciudad de la Justicia. Y te sientes tratada como una delincuente”, se queja. Su demanda está ahora en la Audiencia Provincial. Y vive en esa incertidumbre que, insiste, la desgasta mentalmente.
Todo por el hueco de la escalera en Valencia
La última ‘Maricarmen’ que se levantó en Valencia contra un desahucio fue María Jesús Plaza, de 60 años, que inició una lucha legal el día en que llegó a su casa, en el casco antiguo de Valencia, y se encontró con todas sus pertenencias en la calle. Su piso había sido vandalizado y todo lo que había dentro fue arrojado por el hueco de la escalera. Su familia vivía alquilada en este antiguo inmueble desde hacía más de 100 años, pero los antiguos propietarios lo vendieron a un fondo de inversión en 2020 y fue ahí cuando comenzó su pesadilla. La inquilina tenía su contrato en vigor hasta 2029 y quería agotarlo, pero no pudo. Desde que, en 2021, María Jesús y sus vecinos recibieron la primera carta del fondo, se enfrentaron juntos incluso a la empresa de seguridad que envió el fondo para amedrentarlos, pero, poco a poco, todos se han ido mudando hasta dejarla sola. Finalmente, aceptó sentarse a negociar con el fondo y marcharse.
Un edificio en el punto de mira en Málaga
Los datos del CGPJ no detallan edades de los desahuciados, por lo que cada anciano es detectado por las organizaciones sociales. En Málaga, el Sindicato de Inquilinas se ha movilizado para defender a 16 familias, entre las que hay desde adolescentes hasta pensionistas. Son residentes de un mismo bloque que luchan desde hace un año por quedarse en sus casas de siempre, en el número 15 de la avenida de Europa. Los vecinos denuncian que la compañía que adquirió el edificio, Geslau, quiere desahuciarlos y los ha presionado tratando de expulsarlos. “Solo quieren especular, como está ocurriendo en toda la ciudad. Si quieren enriquecerse, que no lo hagan a costa del sufrimiento de la gente. Pueden buscar pisos vacíos o construir nuevos”, dice Jessica Muñoz, portavoz vecinal.
La batalla emprendida por los vecinos comenzó a finales del verano de 2025. En este tiempo, aseguran que la nueva propiedad ni responde a sus comunicaciones ni accede a negociar. “Hemos contactado por WhatsApp, redes sociales, teléfono, correo electrónico, burofax… Y nada”, dice Muñoz. Entre los vecinos en pie de guerra de su bloque hay dos familias inmersas en procedimientos judiciales, demandadas por finalización del contrato, y a otras dos ya les han advertido de que no les renovarán sus alquileres. Un vecino ha fallecido en este proceso. “Es una inseguridad absoluta”, añade la mujer, que denuncia que la compañía sigue cobrando las rentas, pero incumple su obligación de mantener el edificio.
Durante los desahucios de ancianos, no incluidos en el escudo social que el PSOE aspiraba a sacar adelante y que ahora intenta retomar con Junts, a veces surgen héroes imprevistos que logran agitar a la opinión pública. Los activistas que bajaron y subieron a Maricarmen en volandas por los seis pisos de su casa para que pudiera ver el apoyo de sus vecinos, recibieron un largo aplauso, como el que se llevó el bombero coruñés Roberto Rivas en 2013, cuando se negó a participar en el desahucio de Aurelia Rey, una anciana de 85 años. Su imagen dio la vuelta a España cuando apareció con su casco de trabajo y, con los brazos en alto, un cartel en el que se leía Stop Desahucios. El bombero era el encargado de cortar la cadena que cerraba el portal de la vivienda, pero se negó a participar en el desalojo de la anciana. Aquello le costó un expediente y una multa de 600 euros, pero, desde entonces, en ciudades como Madrid, los bomberos ya no participan en desahucio alguno y la ejecución del desalojo recae directamente en la Policía y en la decisión de un juez.
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