El nuevo modelo de financiación pactado entre el Govern y Esquerra Republicana no satisface las exigencias de los empresarios catalanes pero lo consideran una “mejora importante” respecto al actual y un buen “punto de partida”. La Cambra de Barcelona ha capitaneado un frente, donde se integran Foment del Treball, Pimec, el Colegio de Economistas, el Cercle d’Economia y todas las cámaras de comercio, entre otras entidades, y ha redactado un documento donde se señala que la propuesta de nuevo modelo de financiación “no se puede considerar suficiente”.
Las cámaras de comercio y las patronales urgen a a los partidos políticos a trabajar conjuntamente para “mejorar el modelo propuesto”
El nuevo modelo de financiación pactado entre el Govern y Esquerra Republicana no satisface las exigencias de los empresarios catalanes. La Cambra de Barcelona ha capitaneado un frente, donde se integran Foment del Treball, Pimec, el Colegio de Economistas, el Cercle d’Economia y todas las cámaras de comercio, entre otras entidades, y ha redactado un documento donde se señala que la propuesta de nuevo modelo de financiación “representa una mejora importante” pero “no se puede considerar suficiente”.
A rebufo de las graves disfunciones de movilidad que ha provocado la crisis de Rodalies, la nota pone énfasis en que “la situación de las infraestructuras catalanas es crítica”, y se señala que Cataluña es “la comunidad autónoma con un grado de ejecución más bajo de la inversión total del Estado”. El porcentaje de ejecución medio de Cataluña entre 2015 y 2023 fue del 55,6%, “una cifra considerablemente inferior a la media del conjunto del Estado: 72,6%”.
Sobre el papel, el nuevo modelo de financiación aseguraría a la Generalitat para 2027 un incremento de 4.687 millones, un 13% más de lo que recibe actualmente. Miquel Nadal, director general del Cercle d’Economia, concreta que los cambios que conlleva el nuevo reparto “son mejoras importantes, tanto cuantitativas como cualitativas”. Explica que en hay margen de mejora en ciertos puntos, “como la ordinalidad y el coste de la vida”.
La nota de las entidades económicas, apoyada también por el RACC, Fira Barcelona, FemCat o Barcelona Global, reconoce que “la propuesta es un punto de partida para lograr mayores niveles de justicia y transparencia en la financiación territorial”, aunque no colma las expectativas: “está alejado de las cuotas de autogobierno a las que Cataluña aspira”. Los empresarios subrayan que “los años transcurridos desde el 2014, cuando tocaba reformar el modelo, y el grado de tensión de los servicios públicos esenciales que prestan las Comunidades Autónomas, imprimen un sentido de urgencia y aconsejan aprovechar la ventana de oportunidad que abre el trámite parlamentario para profundizar en la reforma del sistema”.
El Govern ha reaccionado con aparente complacencia a la nota. “Celebramos que las principales entidades económicas del país valoren positivamente el nuevo modelo de financiación y que digan que es una mejora sustancial del actual”, ha afirmado Alícia Romero. Sobre las críticas a la insuficiencia del modelo, la consellera ha señalado que “todavía hay que seguir trabajando” en la financiación de las competencias no homogéneas de Cataluña, la capacidad normativa o la gestión tributaria.
Romero ha hecho énfasis en el llamamiento de las entidades al trabajo conjunto de los partidos catalanes y ha aprovechado para mandar un mensaje a Junts: “Nos piden unidad y una actitud constructiva y positiva para que se apruebe el modelo”.
El vicepresidente de JxCat Antoni Castellà ha asegurado que el modelo que “blinda” las reivindicaciones de las patronales es el concierto económico, y ha asegurado que es el “momento óptimo” para “ir conjuntamente” a reclamarlo en el Congreso junto a los partidos catalanes.
Foment del Treball fue la primera entidad en señalar sus dudas, después de la presentación del acuerdo entre el Govern y ERC. Josep Sánchez Llibre considera que la propuesta es “claramente insuficiente” y ha defendido un posicionamiento más ambicioso: pide que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos generados en Cataluña, y que tenga capacidad normativa. En los últimos tiempos, Foment ha sido uno de los principales interlocutores que Junts tiene en el mundo empresarial, y han coincidido en algunas reivindicaciones que luego se han plasmado en el Congreso.
Esta misma semana, Sánchez Llibre visitó a Carles Puigdemont en Bélgica y, tras la reunión, insistió en que Cataluña acumula un déficit en infraestructuras de 42.500 millones de euros durante los últimos quince años.
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