El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha asegurado esta semana que vería con buenos ojos promover cambios en la ley de opas para evitar lo que, en su opinión, constituyen «dificultades de interpretación» y «errores de redacción» a la hora de analizar correctamente determinados preceptos de la norma. Y es que diecisiete meses de tramitación dan para mucho y han permitido aflorar debilidades de la legislación actual. Resulta, por ejemplo, paradójico, que la norma exija deber de pasividad al opado y que eso no haya impedido a la cúpula de Banco Sabadell hablar y defender sus posiciones por activa y por pasiva, e incluso vender el TSB. Y además, los reguladores han entendido que no se ha incumplido ese deber de pasividad. Visto esto, una de dos, o se cambia la ‘palabra pasividad’ de la norma, o se cambia el contenido de lo que supone esa pasividad. Pero lo que hemos visto durante estos meses no es lo que el común de los mortales entenderíamos por pasividad. Algo que habría que aclarar también son los plazos o la manera de fijar los precios en el caso de llegar a una segunda opa. En este caso finalmente no se llegó pero si se hubiera hecho, la CNMV tendría que haber fijado un precio sin que la norma defina claramente cómo debe hacerse. Y el hecho de que no esté claro puede suponer que el opante o el opado recurra a los tribunales el precio fijado por el supervisor. De modo que haría bien el Ministerio de Economía en aceptar las sugerencias del presidente de la CNMV y antes de que se produzca otra opa especificar claramente qué parámetros deben tenerse en cuenta a la hora de fijar ese precio.También hemos aprendido con esta operación que la regulación española permite a la empresa que lanza la opa plantear la posibilidad de una segunda oferta en el último momento, después de conocer el resultado de la primera. La legislación norteamericana, sin embargo, mucho más garantista con los accionistas, exige al opante que diga antes si está dispuesto a renunciar a los límites de aceptación exigidos en la primera oferta. Quizás el regulador español debería plantearse copiar la legislación estadounidense para proteger mejor a los accionistas. El Gobierno tendrá que adaptar, además, la legislación española a la directiva europea que exige que la decisión sobre las fusiones bancarias no puede estar en manos de los Estados, sino de los supervisores, tal y como ha avanzado ABC . Bruselas pretende quitar este poder a los países que, como ya estamos viendo, no solo el gobierno español, sino también el alemán o el italiano, ponen trabas a las fusiones entre empresas nacionales o europeas, impidiendo que se cumplan los objetivos de la UE de crear grandes empresas europeas capaces de hacerle frente a las norteamericanas o asiáticas. Y antes de trasponer esa directiva, esta próxima semana el Gobierno deberá responder a las cuestiones que Bruselas le ha planteado en el marco del expediente abierto contra España por las facultades discrecionales que nuestra legislación concede al Gobierno para intervenir en fusiones empresariales, porque la investigación europea, aunque se ha producido en el marco de la opa del BBVA sobre el Sabadell, trasciende a esta operación.Tiene trabajo por tanto el Ejecutivo y pese a la debilidad parlamentaria, el ministro de Economía debería ponerse manos a la obra y, con la colaboración de la CNMV y de Competencia, aprender de la experiencia de esta larga operación y subsanar los errores de redacción o llenar las lagunas normativas que han quedado al descubierto. El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha asegurado esta semana que vería con buenos ojos promover cambios en la ley de opas para evitar lo que, en su opinión, constituyen «dificultades de interpretación» y «errores de redacción» a la hora de analizar correctamente determinados preceptos de la norma. Y es que diecisiete meses de tramitación dan para mucho y han permitido aflorar debilidades de la legislación actual. Resulta, por ejemplo, paradójico, que la norma exija deber de pasividad al opado y que eso no haya impedido a la cúpula de Banco Sabadell hablar y defender sus posiciones por activa y por pasiva, e incluso vender el TSB. Y además, los reguladores han entendido que no se ha incumplido ese deber de pasividad. Visto esto, una de dos, o se cambia la ‘palabra pasividad’ de la norma, o se cambia el contenido de lo que supone esa pasividad. Pero lo que hemos visto durante estos meses no es lo que el común de los mortales entenderíamos por pasividad. Algo que habría que aclarar también son los plazos o la manera de fijar los precios en el caso de llegar a una segunda opa. En este caso finalmente no se llegó pero si se hubiera hecho, la CNMV tendría que haber fijado un precio sin que la norma defina claramente cómo debe hacerse. Y el hecho de que no esté claro puede suponer que el opante o el opado recurra a los tribunales el precio fijado por el supervisor. De modo que haría bien el Ministerio de Economía en aceptar las sugerencias del presidente de la CNMV y antes de que se produzca otra opa especificar claramente qué parámetros deben tenerse en cuenta a la hora de fijar ese precio.También hemos aprendido con esta operación que la regulación española permite a la empresa que lanza la opa plantear la posibilidad de una segunda oferta en el último momento, después de conocer el resultado de la primera. La legislación norteamericana, sin embargo, mucho más garantista con los accionistas, exige al opante que diga antes si está dispuesto a renunciar a los límites de aceptación exigidos en la primera oferta. Quizás el regulador español debería plantearse copiar la legislación estadounidense para proteger mejor a los accionistas. El Gobierno tendrá que adaptar, además, la legislación española a la directiva europea que exige que la decisión sobre las fusiones bancarias no puede estar en manos de los Estados, sino de los supervisores, tal y como ha avanzado ABC . Bruselas pretende quitar este poder a los países que, como ya estamos viendo, no solo el gobierno español, sino también el alemán o el italiano, ponen trabas a las fusiones entre empresas nacionales o europeas, impidiendo que se cumplan los objetivos de la UE de crear grandes empresas europeas capaces de hacerle frente a las norteamericanas o asiáticas. Y antes de trasponer esa directiva, esta próxima semana el Gobierno deberá responder a las cuestiones que Bruselas le ha planteado en el marco del expediente abierto contra España por las facultades discrecionales que nuestra legislación concede al Gobierno para intervenir en fusiones empresariales, porque la investigación europea, aunque se ha producido en el marco de la opa del BBVA sobre el Sabadell, trasciende a esta operación.Tiene trabajo por tanto el Ejecutivo y pese a la debilidad parlamentaria, el ministro de Economía debería ponerse manos a la obra y, con la colaboración de la CNMV y de Competencia, aprender de la experiencia de esta larga operación y subsanar los errores de redacción o llenar las lagunas normativas que han quedado al descubierto.
El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha asegurado esta semana que vería con buenos ojos promover cambios en la ley de opas para evitar lo que, en su opinión, constituyen «dificultades de interpretación» y «errores de redacción» a la hora de analizar … correctamente determinados preceptos de la norma. Y es que diecisiete meses de tramitación dan para mucho y han permitido aflorar debilidades de la legislación actual.
Resulta, por ejemplo, paradójico, que la norma exija deber de pasividad al opado y que eso no haya impedido a la cúpula de Banco Sabadell hablar y defender sus posiciones por activa y por pasiva, e incluso vender el TSB. Y además, los reguladores han entendido que no se ha incumplido ese deber de pasividad. Visto esto, una de dos, o se cambia la ‘palabra pasividad’ de la norma, o se cambia el contenido de lo que supone esa pasividad. Pero lo que hemos visto durante estos meses no es lo que el común de los mortales entenderíamos por pasividad.
Algo que habría que aclarar también son los plazos o la manera de fijar los precios en el caso de llegar a una segunda opa. En este caso finalmente no se llegó pero si se hubiera hecho, la CNMV tendría que haber fijado un precio sin que la norma defina claramente cómo debe hacerse. Y el hecho de que no esté claro puede suponer que el opante o el opado recurra a los tribunales el precio fijado por el supervisor. De modo que haría bien el Ministerio de Economía en aceptar las sugerencias del presidente de la CNMV y antes de que se produzca otra opa especificar claramente qué parámetros deben tenerse en cuenta a la hora de fijar ese precio.
También hemos aprendido con esta operación que la regulación española permite a la empresa que lanza la opa plantear la posibilidad de una segunda oferta en el último momento, después de conocer el resultado de la primera. La legislación norteamericana, sin embargo, mucho más garantista con los accionistas, exige al opante que diga antes si está dispuesto a renunciar a los límites de aceptación exigidos en la primera oferta. Quizás el regulador español debería plantearse copiar la legislación estadounidense para proteger mejor a los accionistas.
El Gobierno tendrá que adaptar, además, la legislación española a la directiva europea que exige que la decisión sobre las fusiones bancarias no puede estar en manos de los Estados, sino de los supervisores, tal y como ha avanzado ABC. Bruselas pretende quitar este poder a los países que, como ya estamos viendo, no solo el gobierno español, sino también el alemán o el italiano, ponen trabas a las fusiones entre empresas nacionales o europeas, impidiendo que se cumplan los objetivos de la UE de crear grandes empresas europeas capaces de hacerle frente a las norteamericanas o asiáticas.
Y antes de trasponer esa directiva, esta próxima semana el Gobierno deberá responder a las cuestiones que Bruselas le ha planteado en el marco del expediente abierto contra España por las facultades discrecionales que nuestra legislación concede al Gobierno para intervenir en fusiones empresariales, porque la investigación europea, aunque se ha producido en el marco de la opa del BBVA sobre el Sabadell, trasciende a esta operación.
Tiene trabajo por tanto el Ejecutivo y pese a la debilidad parlamentaria, el ministro de Economía debería ponerse manos a la obra y, con la colaboración de la CNMV y de Competencia, aprender de la experiencia de esta larga operación y subsanar los errores de redacción o llenar las lagunas normativas que han quedado al descubierto.
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