Los datos de déficit y deuda de las Administraciones Públicas relativos a 2025 publicados hoy por el Ministerio de Hacienda y el Banco de España confirman una tendencia, y es que, gracias a unos ingresos tributarios que no dejan de aumentar, año a año el Gobierno consigue cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria pactados con Bruselas, pero lo hace sin aplicar esa reducción del gasto que organismos como la Airef o la propia Comisión Europea llevan tiempo pidiendo. La conclusión es una bola de deuda pública que sigue creciendo a costa de la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias, que además son las que tendrán que abonar la factura cuando el PIB ya no acompañe. Concretamente, en 2025 el déficit de las Administraciones Públicas fue de 36.780 millones de euros, cifra que escala a los 40.330 millones si se le añade el esfuerzo que supusieron las ayudas por la dana de Valencia. Sea como fuere, sin incluir ese extraordinario el saldo negativo se ha reducido en un 19,3% con respecto a 2024, hecho que deja la ratio de déficit sobre PIB en el 2,18%, un 0,68% menos que al cierre del ejercicio anterior. Con esto, el balance de las Administraciones Públicas se anota su mejor resultado desde la crisis financiera de 2008 y, más importante aún, se sitúa -por sexto año consecutivo- dentro del margen acordado por el Ejecutivo con la Comisión Europea (2,5%). Lo mismo puede decirse de la deuda pública, que al cierre del ejercicio equivalía al 100,7% del PIB, seis décimas por debajo de ese 101,4% comprometido con Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo de octubre de 2024.Noticia relacionada general No No Los ‘boomers’ tiran del gasto en pensiones y la jubilación media roza los 1.600 euros Susana AlcelayComo ya se ha avanzado, el problema es que este buen desempeño no sigue a una contención del gasto ni a una mejora en la eficiencia, sino a un alza sensacional en los ingresos tributarios, que en 2025 rompieron todos los récords al alcanzar los 325.356 millones de euros , un 10,4% más en un año. Esto se explica por la batería de nuevos gravámenes que se empezaron a aplicar hace ahora un año, como la tasa de basuras, el impuesto al tabaco y los cigarrillos electrónicos o el impuesto especial a la banca, a lo que hay que sumar las sucesivas subidas en el Impuesto de Sociedades y en tipos de ahorro en el IRPF o la vuelta a la tributación normal del IVA de la luz y los alimentos básicos, tras un período de tipos reducidos por la guerra en Ucrania. Y por supuesto, la inflación, que es un recurso que tienen los gobiernos para aumentar la presión fiscal sin pasar por el legislativo. En 2025 los precios subieron un 2,9%, hecho que disparó los ingresos por IVA hasta los 99.532 millones de euros, un 9,9% más que un año antes. Luego está el IRPF, que volvió a anotarse un récord de recaudación gracias a la negativa del Gobierno a ajustar los tramos al IPC (ningún ejecutivo lo ha hecho desde 2015), una circunstancia que, según el Banco de España, explica hasta un 77% del aumento de la recaudación por este tributo desde 2018. Con todo, en 2025 las declaraciones de renta redundaron en 142.466 millones de euros para el Fisco, un 10,1% más en un año. La lista sigue con el Impuesto de Sociedades, que reportó 42.266 millones a las arcas públicas (un 8,1% más), y los impuestos especiales, con 23.083 millones (+4,3%). Dudas sobre la sostenibilidad del sistemaComo ya se ha avanzado, toda esta recaudación ‘extra’ ha servido para elevar los recursos públicos disponibles hasta los 724.554 millones de euros (+7,5% interanual) y para que el Gobierno presuma de responsabilidad fiscal sin necesidad de ajustar los gastos, que en 2025 volvieron a anotarse un récord con 764.884 millones de euros, un 5,5% más. Por niveles de la Administración, el Estado elevó el dispendio un 5,7% (hasta los 358.642 millones de euros), circunstancia que se tradujo en un déficit de 35.022 millones (contados los gastos por la DANA), y las CC.AA. lo hicieron un 6,4% (285.042 millones), lo que las deja con un saldo negativo en 6.650 millones. Y todas estas cifras terminan en la deuda pública, que al cierre del año ascendía al récord de 1,69 billones de euros tras sumar 78.000 millones en un año. El plan del Ejecutivo es que para 2031 la ratio de deuda sobre PIB se haya reducido al 90,6%, pero todos los organismos oficiales (OCDE, Comisión Europea y FMI) coinciden en que eso no será posible sin racionalizar las cuentas. Los datos de déficit y deuda de las Administraciones Públicas relativos a 2025 publicados hoy por el Ministerio de Hacienda y el Banco de España confirman una tendencia, y es que, gracias a unos ingresos tributarios que no dejan de aumentar, año a año el Gobierno consigue cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria pactados con Bruselas, pero lo hace sin aplicar esa reducción del gasto que organismos como la Airef o la propia Comisión Europea llevan tiempo pidiendo. La conclusión es una bola de deuda pública que sigue creciendo a costa de la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias, que además son las que tendrán que abonar la factura cuando el PIB ya no acompañe. Concretamente, en 2025 el déficit de las Administraciones Públicas fue de 36.780 millones de euros, cifra que escala a los 40.330 millones si se le añade el esfuerzo que supusieron las ayudas por la dana de Valencia. Sea como fuere, sin incluir ese extraordinario el saldo negativo se ha reducido en un 19,3% con respecto a 2024, hecho que deja la ratio de déficit sobre PIB en el 2,18%, un 0,68% menos que al cierre del ejercicio anterior. Con esto, el balance de las Administraciones Públicas se anota su mejor resultado desde la crisis financiera de 2008 y, más importante aún, se sitúa -por sexto año consecutivo- dentro del margen acordado por el Ejecutivo con la Comisión Europea (2,5%). Lo mismo puede decirse de la deuda pública, que al cierre del ejercicio equivalía al 100,7% del PIB, seis décimas por debajo de ese 101,4% comprometido con Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo de octubre de 2024.Noticia relacionada general No No Los ‘boomers’ tiran del gasto en pensiones y la jubilación media roza los 1.600 euros Susana AlcelayComo ya se ha avanzado, el problema es que este buen desempeño no sigue a una contención del gasto ni a una mejora en la eficiencia, sino a un alza sensacional en los ingresos tributarios, que en 2025 rompieron todos los récords al alcanzar los 325.356 millones de euros , un 10,4% más en un año. Esto se explica por la batería de nuevos gravámenes que se empezaron a aplicar hace ahora un año, como la tasa de basuras, el impuesto al tabaco y los cigarrillos electrónicos o el impuesto especial a la banca, a lo que hay que sumar las sucesivas subidas en el Impuesto de Sociedades y en tipos de ahorro en el IRPF o la vuelta a la tributación normal del IVA de la luz y los alimentos básicos, tras un período de tipos reducidos por la guerra en Ucrania. Y por supuesto, la inflación, que es un recurso que tienen los gobiernos para aumentar la presión fiscal sin pasar por el legislativo. En 2025 los precios subieron un 2,9%, hecho que disparó los ingresos por IVA hasta los 99.532 millones de euros, un 9,9% más que un año antes. Luego está el IRPF, que volvió a anotarse un récord de recaudación gracias a la negativa del Gobierno a ajustar los tramos al IPC (ningún ejecutivo lo ha hecho desde 2015), una circunstancia que, según el Banco de España, explica hasta un 77% del aumento de la recaudación por este tributo desde 2018. Con todo, en 2025 las declaraciones de renta redundaron en 142.466 millones de euros para el Fisco, un 10,1% más en un año. La lista sigue con el Impuesto de Sociedades, que reportó 42.266 millones a las arcas públicas (un 8,1% más), y los impuestos especiales, con 23.083 millones (+4,3%). Dudas sobre la sostenibilidad del sistemaComo ya se ha avanzado, toda esta recaudación ‘extra’ ha servido para elevar los recursos públicos disponibles hasta los 724.554 millones de euros (+7,5% interanual) y para que el Gobierno presuma de responsabilidad fiscal sin necesidad de ajustar los gastos, que en 2025 volvieron a anotarse un récord con 764.884 millones de euros, un 5,5% más. Por niveles de la Administración, el Estado elevó el dispendio un 5,7% (hasta los 358.642 millones de euros), circunstancia que se tradujo en un déficit de 35.022 millones (contados los gastos por la DANA), y las CC.AA. lo hicieron un 6,4% (285.042 millones), lo que las deja con un saldo negativo en 6.650 millones. Y todas estas cifras terminan en la deuda pública, que al cierre del año ascendía al récord de 1,69 billones de euros tras sumar 78.000 millones en un año. El plan del Ejecutivo es que para 2031 la ratio de deuda sobre PIB se haya reducido al 90,6%, pero todos los organismos oficiales (OCDE, Comisión Europea y FMI) coinciden en que eso no será posible sin racionalizar las cuentas.
Los datos de déficit y deuda de las Administraciones Públicas relativos a 2025 publicados hoy por el Ministerio de Hacienda y el Banco de España respectivamente confirman una tendencia que ya se vio reflejada en las cuentas de los dos últimos años, y es que, … gracias a unos ingresos tributarios récord, el Gobierno consigue cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria pactados con Bruselas, pero lo hace sin aplicar esa reducción del gasto que organismos como la Airef o la propia Comisión Europea llevan tiempo pidiendo. La conclusión es una bola de deuda pública que sigue creciendo a costa de la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias, que son las que tendrán que abonar la factura.
Concretamente, en 2025 el déficit de las Administraciones Públicas fue de 36.780 millones de euros, cifra que escala a los 40.330 millones si se le añaden los gastos que tuvieron que enfrentar el Gobierno central (1.849 millones de euros), las CC.AA. (1.551 millones), los ayuntamientos (120 millones) y la Seguridad Social (30 millones). Sea como fuere, sin incluir las ayudas por la DANA supone una reducción del 19,3% con respecto a los datos de 2024, que deja la ratio de déficit sobre PIB en el 2,18%, un 0,68% menos que al cierre del ejercicio anterior.
Con esto, el saldo de las Administraciones Públicas se anota su mejor resultado desde la crisis financiera en 2008 y, más importante aún, se sitúa -por sexto año consecutivo- dentro del margen pactado por el Ejecutivo con la Comisión Europea (2,5%) el pasado ejercicio. Lo mismo puede decirse de la deuda pública, que cerró 2025 en una ratio sobre PIB del 100,7%, seis décimas por debajo de ese 101,4% al que nuestro país se comprometió con Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) de octubre de 2024.
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Sin embargo, este buen desempeño no se explica por una contención del gasto ni por una mejora en eficiencia, sino por los ingresos tributarios, que rompieron todos los récords al alcanzar los 325.356 millones de euros, un sensacional 10,4% más en un año. Esto se explica por la retahíla de nuevos gravámenes que se empezaron a aplicar el ejercicio pasado, como la tasa de basuras, el impuesto al tabaco y los cigarrillos electrónicos o el impuesto especial a la banca, además de subidas en Sociedades y en tipos de ahorro en el IRPF o la vuelta a la tributación normal del IVA de la luz y los alimentos básicos, tras un período de tipos reducidos por la guerra en Ucrania.
Y por supuesto, la inflación, que es una forma de aumentar la presión fiscal sin pasar por el Congreso de los Diputados. Los precios subieron un 2,9% en 2025, hecho que disparó los ingresos por IVA hasta los 99.532 millones de euros, un 9,9% más que en 2024. Y en lo que refiere al efecto de la inflación, más importante aún es referirse a la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF (ningún ejecutivo lo ha hecho desde 2015), hecho que según el Banco de España explica un 77% del aumento de los ingresos por el IRPF. Con todo, en 2025 este tributo recaudó 142.466 millones de euros, un 10,1% más en un año. A su vez, el año pasado también destacaron por su recaudación el Impuesto de Sociedades, que reportó 42.266 millones a las arcas públicas (un 8,1% más), y los impuestos especiales, con 23.083 millones (+4,3%).
Dudas sobre la sostenibilidad del sistema
Como ya se ha avanzado, toda esta recaudación ‘extra’ ha servido para elevar los recursos disponibles de la Administración hasta los 724.554 millones de euros, un 7,5% más, y poder cuadrar las cuentas con Bruselas sin necesidad de ajustar los gastos, que en 2025 volvieron a anotarse un récord con 764.884 millones de euros, un 5,5% más. Por niveles de la Administración, el Estado elevó el dispendio un 5,7%, hasta los 358.642 millones, circunstancia que se tradujo en un déficit de 35.022 millones (contados los gastos por la DANA) y las CC.AA. un 6,4%, hasta los 285.042 millones, lo que les deja con un saldo negativo en 6.650 millones.
El problema de estas cuentas es que valen para cumplir con Bruselas, pero engrosan una bolsa de deuda que no va a desaparecer. A cierre de 2025 el ‘debe’ de nuestro país ascendía a 1,69 billones de euros tras sumar 78.000 millones en un año. El plan del Ejecutivo es que para 2031 la ratio de deuda sobre PIB se haya recudido hasta un 90,6%, pero en la última edición de su monitor de sostenibilidad de la deuda, la Comisión Europea advirtió de que ese objetivo no se cumplirá sin ajustes de fondo.
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