Las reformas en el Poder Judicial que ha propuesto el Ministerio de Justicia ―la que prevé cambios en la forma de acceso y la que modifica el estatuto que regula la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales― han generado una disputa entre los jueces y el Gobierno. Todas las asociaciones judiciales, excepto Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), de sensibilidad progresista, han suscrito una huelga de tres días a partir del martes en contra de estas medidas. EL PAÍS ha entrevistado a dos jueces con décadas de experiencia sobre algunos puntos clave de estos proyectos legislativos: cambios en el acceso a la carrera judicial, estabilización de jueces sustitutos o la reforma de la Fiscalía.
Dos magistrados reflexionan sobre los cambios en el acceso a la carrera, la situación de los interinos y las huelgas
Las reformas en el Poder Judicial que ha propuesto el Ministerio de Justicia ―la que prevé cambios en la forma de acceso y la que modifica el estatuto que regula la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales― han generado una disputa entre los jueces y el Gobierno. Todas las asociaciones judiciales, excepto Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), de sensibilidad progresista, han suscrito una huelga de tres días a partir del martes en contra de estas medidas. EL PAÍS ha entrevistado a dos jueces con décadas de experiencia sobre algunos puntos clave de estos proyectos legislativos: cambios en el acceso a la carrera judicial, estabilización de jueces sustitutos o la reforma de la Fiscalía.
Aner Uriarte Codón, juez decano de Bilbao y asociado a la APM
“Denunciamos los excesos. Acusar de ‘lawfare’ a un juez es un exceso”
Aner Uriarte Codón es el juez decano de Bilbao desde 2014 y pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria, de tendencia conservadora, y una de las que ha convocado la huelga. Ingresó en la carrera judicial en el año 2000, ascendió a magistrado en 2005 y pasó por el Juzgado de Primera Instancia número 14 y por el Juzgado de lo Mercantil número 2 en la capital vizcaína.
P: ¿Ve necesario cambiar el modelo de acceso a la judicatura?
R: Creo que esto es una cosa muy importante. Estamos hablando de cómo se accede a un poder del Estado. Un cambio en el acceso tiene que ser una cosa pensada, mesurada y consensuada. Y me gustaría que en esto quede muy clara mi opinión. En estos momentos, en España tenemos un Poder Judicial independiente. Cualquier ciudadano puede litigar contra otro ciudadano, empresa o político y, si tiene razón, tiene posibilidades de ganar el litigio o de que se condene a la persona contra la que se querella o que sea absuelto. Yo discrepo de esta acusación de lawfare. Los jueces y las juezas en el ejercicio profesional somos independientes, y a eso hemos llegado con el sistema actual de acceso. Este sistema funciona, digan lo que digan. Porque, en estos momentos, la justicia en España es independiente.
P: Yendo a algunos puntos concretos, ¿qué piensa de que quieran incorporar un caso práctico en la oposición?
R: Cuando se habla de caso práctico, se dice como si no hiciéramos caso práctico. En estos momentos, la oposición es teórica: un examen tipo test y dos exámenes orales. En los dos años que estamos en la escuela judicial no paramos de hacer casos prácticos. Y se nos valora en la escuela. El caso práctico en una oposición está sujeto a unas valoraciones más subjetivas que un examen teórico. No es necesario que en la durísima criba de la oposición teórica se meta un caso práctico.
P: ¿Cuál es su opinión sobre el proceso de estabilización extraordinario para los jueces sustitutos?
R: Existe una justicia interina porque todos los compañeros y las compañeras titulares tenemos un estatuto orgánico en el que tenemos nuestras vacaciones, bajas médicas, permisos… Entonces, se necesita un cuerpo de jueces interinos que lleve a cabo las sustituciones. Con que este cuerpo pase, bajo determinadas condiciones, a ser titular, no estamos de acuerdo. Porque los jueces sustitutos pueden intentar, y lo hacen, entrar por el cuarto turno. O pueden intentar la oposición libre, como todos. Europa no está diciendo que a los compañeros interinos hay que darles una plaza fija. Es muy injusto para los compañeros y compañeras de categoría de juez, porque les van a pasar por delante.
P: Pero son un conjunto muy numeroso y parece que se han convertido en una parte muy necesaria de un Poder Judicial en el que faltan jueces.
R: Sí, sí. Yo no digo que sea innecesaria la existencia de la justicia interina. Lo que es innecesario es que, sin pasar por los mismos requisitos por los que hemos pasado los titulares, se conviertan en titulares. Eso es lo que es innecesario.
P: ¿Cómo se deberían regular los mecanismos para que los jueces protesten?
R: En estos momentos, se nos aplica la regulación general. Se ha convocado un comité de huelga y una convocatoria. Nosotros tenemos que advertir que estamos de huelga, tenemos que prestar unos servicios mínimos, que se tendrán que fijar. Entonces, los que no trabajemos perderemos la retribución que nos corresponde. ¿Que haya una regulación general para nosotros? Pues no lo sé. No sé si sería mejor o peor.
P: ¿Qué opina sobre las formas en las que los políticos y los jueces critican las decisiones de los otros?
R: Nosotros estamos sometidos a la crítica, pero denunciamos los excesos. En este caso, ha habido jueces que han sido directamente acusados de lawfare. Eso, desde mi punto de vista, es un exceso. Y eso es lo que critica el Consejo General del Poder Judicial. Insisto, estamos sometidos a la crítica, pero denunciamos cuando la crítica es excesiva. Sobre todo, cuando a un compañero se le acusa de prevaricar o de lawfare. A mí, por ejemplo, nunca me verá criticando una ley del Gobierno por criticar. Nosotros, en este caso, nos estamos pronunciando por una ley que nos afecta directamente. Pero no sé si existe esa crítica excesiva de compañeros, acusando, por ponerle un paralelismo, a un político de prevaricar por una ley que esté en proyecto. Simplemente estamos en desacuerdo.
P: ¿Qué opina de las formas en las que se llevó a cabo el paro del 11 de junio?
R: El paro es simbólico y se hace frente a las sedes judiciales para dar una visualización. Entonces, salir o no con toga es una cosa voluntaria. Ahora se le suma la concentración frente al Tribunal Supremo y la huelga de tres días. Si esto no sirve, me temo que irá a más. Pero lo que sí que quiero decir es que la inmensa mayoría de la carrera judicial estamos apoyando estas movilizaciones. Y creo que las asociaciones fiscales, también.
P: Precisamente, quería preguntarle sobre la propuesta de que sean los fiscales quienes instruyan las causas penales.
R: A mí es algo que me preocupa muchísimo. Me preocupa por el actual modelo de la carrera fiscal. Existe una jerarquía, es decir, que se puedan dar instrucciones hasta al último fiscal. Existe el gravísimo riesgo, y lo entiendo como gravísimo, de que este Gobierno y los que vengan puedan llegar a decidir qué delitos se investigan y cuáles no. Si esto depende de la Fiscalía, tal y como está ahora la carrera fiscal, el riesgo es evidente. El Gobierno, el que sea, puede decir qué delitos se investigan y cuáles no. Es un riesgo porque se puede decidir qué delitos se investigan y cuáles no.
P: Entonces, la crítica está en el modelo de la Fiscalía, no en la medida en sí misma, porque en otros países del entorno es así.
R: Sí, sí. España, para eso, creo que es mucho mejor porque la investigación la realizan jueces independientes. Pero lo que creo es que en estos países, la estructura no es tan jerárquica como aquí. Pero es un peligro.
Pedro Herrera Puentes, magistrado en la Audiencia Provincial de Las Palmas y asociado de JJPD
“En la justicia falta lo mismo que en sanidad y en educación: un pacto de Estado”
Nacido en Porcuna (Jaén) Pedro Herrera Puentes es magistrado en la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria y forma parte de JJpD. Accedió a la carrera judicial por medio del turno libre en 1991 y se convirtió en magistrado en 1998. También fue viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias desde 2011 hasta 2015.
Pregunta: ¿Cree que hay que cambiar el modo de acceso a la judicatura?
Respuesta: Lo que pretende este proyecto de ley orgánica es fortalecer la carrera judicial. Una forma de fortalecerla es cambiar o mejorar el acceso a la carrera judicial. También tengo que decir que hay que valorar muy positivamente el esfuerzo memorístico que se hace, pero no estaría de más completarlo con un ejercicio práctico. No es nada nuevo este sistema de acceso y es bueno que se complemente lo memorístico con lo práctico. Ahí no hay que hacerle ninguna objeción.
P: ¿No teme, como dicen algunas asociaciones judiciales, que se puedan meter a nuevos jueces afines al Gobierno de turno, debido a la anonimización?
R: Yo no lo veo. Lo que veo en este caso es que el sistema es más transparente. No creo que vaya por ahí el sentir de la norma. Y también lo digo con toda sinceridad, para mí esta norma puede ser objeto de críticas, claro que sí. Pero en ningún momento veo ese peligro de adoctrinamiento y tampoco veo que ataque a la independencia judicial. La función jurisdiccional se desempeña por cada uno de nosotros, como ha venido siendo hasta ahora: de manera libre, sin estar sometido a ningún tipo de adoctrinamiento ni a ningún tipo de coacción.
P: Ahora se está formando mucho revuelo por el proceso extraordinario de estabilización de la judicatura interina. ¿Entiende este alboroto?
R: Entiendo el revuelo porque en este aspecto sí tengo que hacer un análisis crítico de este proyecto de ley. Para mí, no ha estado afortunado. Creo que ha faltado una cosa esencial, que es el diálogo previo. También tendría que haber sido didáctico y explicar esa necesidad de estabilización y por qué se considera que es trasladable al ámbito judicial la normativa europea. Luego, por otro lado, tendrían que explicar claramente cómo va a ser ese proceso selectivo, el cual se puede encajar perfectamente dentro del cuarto turno sin ninguna especialidad concreta. En este caso, sí que critico al Ministerio su falta de diálogo y la imposición que quieren hacer al sistema.
P: Pasemos a hablar de los paros. ¿Cómo cree que se deberían regular los mecanismos para que los jueces protesten?
R: Yo siempre he estado a favor de que se nos reconozca nuestro derecho a la huelga. Lo que ocurre es que, en este caso, la materia que rige esta ley no es una materia que afecte a nuestras condiciones laborales. Al menos en lo que se refiere al ejercicio de nuestra función jurisdiccional, no afecta. No afecta a nuestra independencia ni a nuestros derechos retributivos. Por tanto, se ha desligado del aspecto sindical y reivindicativo que debe tener el ejercicio de la huelga y se enfoca de manera diferente. Por eso no estoy de acuerdo con hacer huelga.
P: Pero no está de acuerdo con hacer huelga solo en este caso, ¿no?
R: Efectivamente, en este caso concreto. También le quiero decir que, en otras ocasiones, sí he ejercido el derecho a huelga. Puedo hablarle de una huelga que se hizo allá por 2009. Pero ahora no veo motivo.
P: Hace dos semanas vimos ese paro de diez minutos en el que los jueces protestaron frente a las sedes judiciales y, algunos de ellos, con la toga. ¿Qué le parece?
R: Yo no voy a criticar nunca una forma de protesta de servidores públicos o de trabajadores. Cada uno debe de hacer lo que estime oportuno. Si me pregunta si yo lo hubiese hecho de esa manera, yo no. A mí me sobraría la toga en esa reivindicación y, en este caso, sobró hasta mi presencia porque no participé.
P: Con respecto a la comunicación entre el Poder Judicial y los políticos, ¿cómo debería ser?
R: Debe de ser fluida siempre y por vía institucional. Debe de haber buena armonía y entendimiento. Y también deben de oírse a las asociaciones judiciales, que para eso estamos, y dar cabida a lo que falta: diálogo y fluidez institucional. Así se pueden arreglar los problemas. En la justicia falta lo mismo que en sanidad y en educación: un pacto de Estado. Lo que queremos es que estas proclamas sean institucionales, sean en virtud de un pacto de Estado y que se dote de medios necesarios tanto materiales como personales. Hasta que eso no se logre, estaremos expuestos a los vaivenes políticos y a los cambios de Gobierno y a tener proclamas legislativas que muchas veces se quedan en eso, proclamas que no se materializan.
P: ¿Qué opinión tiene sobre que los fiscales vayan a instruir las causas penales?
R: Me ha llamado mucho la atención que se haya incidido en la instrucción del Ministerio Fiscal porque si hay algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo en nuestro ámbito es de trasladar la instrucción de los procedimientos penales al Ministerio Fiscal. No es nada nuevo. Y yo he sido siempre defensor de que el juez de instrucción tiene que ser un juez de garantías y de control de la investigación, pero no intervenir directamente en ella. Por ello, estoy a favor de trasladar la instrucción siempre y cuando haya un control judicial de la investigación y un juez garante de la misma.
P: Muchas de las críticas vienen de que la estructura de la Fiscalía sea tan jerárquica y no tenga contrapesos.
R: Sí, tienen razón en ese aspecto. En ese caso, lo que se tiene que pedir es que el Fiscal General del Estado se saque del Ministerio de Justicia y sea total y absolutamente independiente en todos los aspectos. Y se le dé la independencia que se le debe dotar para ejercer su función. Ese aspecto sería un punto reivindicativo interesante.
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