Los partidos contrarios a la ‘ley mordaza’ reactivan su reforma a días del décimo aniversario de la entrada en vigor

A solo unos días de que el próximo 1 de julio se cumplan el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del PP, la conocida por sus detractores como ley mordaza, seis grupos parlamentarios partidarios de reformarla mueven ficha. PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y Junts tienen previsto celebrar este miércoles, al término de la sesión del control al Gobierno en el pleno del Congreso, la primera reunión conjunta desde que se inició la legislatura para intentar acercar posiciones, según han confirmado a EL PAÍS varios diputados que tienen previsto participar en la misma y que piden mantener el anonimato.

Con este encuentro, estos seis partidos pretenden reactivar una propuesta que permanece atascada en el Congreso arrumbada por cuestiones de la actualidad política y amenazada siempre por la inestable aritmética parlamentaria. El objetivo de la reunión, según destaca una fuente consultada, es “avanzar de verdad” en un acuerdo entre los partidos favorables a la reforma para alcanzar lo antes posible un texto acordado a la ponencia para que ese último trámite parlamentario sea rápido y sin sobresaltos. A pesar de que el acuerdo alcanzado en octubre entre PSOE, Sumar y EH Bildu ―y al que se sumaron posteriormente Esquerra, PNV y BNG― pareció despejar entonces el camino, desde entonces solo se habían celebrado discretos encuentros bilaterales y los avances han sido “escasos”, según un diputado consultado.

El punto de partida sigue siendo el acuerdo fallido de 2023, cuando los partidos que sustentaban entonces el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya habían acordado modificar 36 de los 54 artículos de la ley cuando zozobró por la falta de acuerdo en cuatros puntos de la norma. Entonces, como ahora, la dificultad se centra en el uso de material antidisturbios, sobre todo el de las pelotas de goma, para hacer frente a altercados callejeros (artículo 23.4); las sanciones por faltas de respeto a los policías (artículo 37.4); el castigo a la desobeciencia y resistencia a las órdenes de los agentes (artículo 36.6), y la devolución en caliente de inmigrantes irregulares en frontera (disposición transitoria).

No obstante, uno de los participantes admite que, aunque estos siguen siendo los principales obstáculos a salvar, en esta ocasión han surgido variables que introducen nuevos escollos. Podemos (que no ha sido invitada a participar en la reunión de este miércoles) y Junts, cuyos votos son imprescindibles para aprobarla, dejaron claro en los dos primeros trámites parlamentarios ―la toma en consideración de la reforma en octubre y el rechazo, en diciembre, de las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP y Vox― que su apoyo no está garantizado. En aquel debate, por ejemplo, Podemos exigió la derogación de la ley, el fin de las pelotas de goma y acabar con las devoluciones en caliente en frontera.

Además, el diálogo se ha visto condicionado por rivalidades políticas. En concreto, la de Junts con ERC; Podemos con Sumar, y el PNV con EH Bildu. Por ello, en los últimos meses, estos contactos a dos bandas ―a veces simples charlas en el escaño o al coincidir en una comisión, según los describen algunos participantes― han seguido una peculiar lógica parlamentaria para soltearlas. Así, EH Bildu se ha convertido en el interlocutor con Podemos y mantiene su tradicional buena sintonía con ERC; Sumar lo hace con Junts; y con el PNV habla principalmente el PSOE.

Sobre la mesa de la reunión prevista para este miércoles estarán además las 200 enmiendas presentadas al texto que el pleno del Congreso acordó tramitar hace nueve meses y que en algún caso cuestionan puntos que se daban por cerrados y acordados en la negociación fallida de 2023. El mejor ejemplo de estas dificultades son los distantes planteamientos que dichas enmiendas presentaban sobre las polémicas pelotas de goma. Junts, Podemos y BNG (otro partido que tampoco participa en la reunión pero cuyo voto es necesario para sacar adelante el proyecto) han presentado enmiendas para que este material antidisturbios sea definitivamente prohibido. Otros dos, EH Bildu y ERC, ponen plazo a su eliminación: un año a partir de que la reforma entre en vigor. Frente a ellos, el PSOE, su socio de Gobierno, Sumar, y el PNV, formación con la que los socialistas gobiernan en País Vasco, defienden la creación de protocolos “específicos” para su uso y la sustitución progresiva de este material “por otros menos lesivos”, pero sin fijar fecha para esto último.