El Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca al negocio de los centros de datos. E l real decreto que sacó en primavera para paliar los efectos de la crisis, añadió una serie de normas para regular los ‘data center’, ahora, varios meses después, lo utiliza para desarrollar una nueva ley que añade más restricciones al sector. Además, mantiene abierto otro real decreto del verano pasado que pretendía legislar cuestiones muy similares.El Ejecutivo lanza una consulta pública sobre un nuevo real decreto diseñado para regular la industria de los centros de datos bajo criterios de sostenibilidad y soberanía digital. El Gobierno busca establecer estándares de eficiencia energética e hídrica de nivel ‘A’, exigiendo además que estos proyectos garanticen que el 80% de su consumo provenga de nuevas fuentes renovables.Desde el Gobierno insisten en que esta legislación no va contra los centros de datos, a los que sitúan en un eje central de la nueva economía. Sin embargo, según argumentan fuentes del sector de los ‘data center’ a este periódico, todo lo que suponga añadir nuevas trabas al desarrollo de esta industria provoca un agravio frente a otros países. Además, esta nueva norma, que no afecta a proyectos ya operativos, sí pone la lupa sobre aquellos que todavía están en trámite. El problema es que no distingue cuál es su nivel de avance, y algunos pueden caer por no cumplir las nuevas exigencias de eficiencia.El Gobierno subraya que esto no son más requisitos, sino que la normativa pretende ordenar el crecimiento del sector ante una avalancha de solicitudes de conexión eléctrica que supera ampliamente las previsiones estratégicas para 2030.Asimismo, se introducen requisitos de ciberseguridad y protección de datos para asegurar que la información sensible de la administración pública permanezca dentro de la Unión Europea. Mediante este marco legal, desde el Ejecutivo se busca evitar la saturación de recursos y proporcionar seguridad jurídica a los inversores.Foco renovableUna de las grandes novedades –y exigencias– es que cada nueva unidad de consumo eléctrico que demande un centro de datos debe traer consigo, al menos en un 80%, una nueva unidad de generación de energía renovable. Es decir, ya sea por vía del autoconsumo o con contratos cerrados a largo plazo, tiene que haber ese volumen de electricidad verde.Para poder certificar este 80%, las empresas deben cumplir con dos conceptos técnicos muy definidos: adicionalidad, esto es que la energía debe provenir de plantas de generación renovable nuevas, creadas específicamente para dar soporte a esa demanda, y no de parques antiguos que ya estuvieran operando en el mercado; y correlación horaria (‘time matching’), es decir, no es válido generar excedentes de energía renovable a mediodía para compensar los consumos de la noche. Por ello, el promotor debe acreditar que, hora a hora, al menos el 80% de la energía consumida en esa franja horaria específica ha sido generada por fuentes renovables en esa misma hora.El Gobierno ya tenía en tramitación otro real decreto sobre centros de datos que todavía no ha publicadoOtro punto conflictivo es si la modificación de las reglas para proyectos con permisos ya concedidos podría tener consecuencias legales y llevar a las empresas a denunciar al Gobierno en los tribunales. Para ello, en principio, habrá entre otras cuestiones una ‘cláusulas de salida’ para evitar litigios. Las empresas que ya tenían permisos y decidan que no les interesa o no pueden cumplir las nuevas reglas dispondrán, según recoge el real decreto, unos meses para renuncias a los proyectos si así lo desean.En materia de soberanía del dato y soberanía digital, el nuevo marco regulatorio establece requisitos diferenciados según el tipo de información que se aloje en la instalación, alineándose con los estándares de la futura normativa europea relativa a la nube y la inteligencia artificial. El Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca al negocio de los centros de datos. E l real decreto que sacó en primavera para paliar los efectos de la crisis, añadió una serie de normas para regular los ‘data center’, ahora, varios meses después, lo utiliza para desarrollar una nueva ley que añade más restricciones al sector. Además, mantiene abierto otro real decreto del verano pasado que pretendía legislar cuestiones muy similares.El Ejecutivo lanza una consulta pública sobre un nuevo real decreto diseñado para regular la industria de los centros de datos bajo criterios de sostenibilidad y soberanía digital. El Gobierno busca establecer estándares de eficiencia energética e hídrica de nivel ‘A’, exigiendo además que estos proyectos garanticen que el 80% de su consumo provenga de nuevas fuentes renovables.Desde el Gobierno insisten en que esta legislación no va contra los centros de datos, a los que sitúan en un eje central de la nueva economía. Sin embargo, según argumentan fuentes del sector de los ‘data center’ a este periódico, todo lo que suponga añadir nuevas trabas al desarrollo de esta industria provoca un agravio frente a otros países. Además, esta nueva norma, que no afecta a proyectos ya operativos, sí pone la lupa sobre aquellos que todavía están en trámite. El problema es que no distingue cuál es su nivel de avance, y algunos pueden caer por no cumplir las nuevas exigencias de eficiencia.El Gobierno subraya que esto no son más requisitos, sino que la normativa pretende ordenar el crecimiento del sector ante una avalancha de solicitudes de conexión eléctrica que supera ampliamente las previsiones estratégicas para 2030.Asimismo, se introducen requisitos de ciberseguridad y protección de datos para asegurar que la información sensible de la administración pública permanezca dentro de la Unión Europea. Mediante este marco legal, desde el Ejecutivo se busca evitar la saturación de recursos y proporcionar seguridad jurídica a los inversores.Foco renovableUna de las grandes novedades –y exigencias– es que cada nueva unidad de consumo eléctrico que demande un centro de datos debe traer consigo, al menos en un 80%, una nueva unidad de generación de energía renovable. Es decir, ya sea por vía del autoconsumo o con contratos cerrados a largo plazo, tiene que haber ese volumen de electricidad verde.Para poder certificar este 80%, las empresas deben cumplir con dos conceptos técnicos muy definidos: adicionalidad, esto es que la energía debe provenir de plantas de generación renovable nuevas, creadas específicamente para dar soporte a esa demanda, y no de parques antiguos que ya estuvieran operando en el mercado; y correlación horaria (‘time matching’), es decir, no es válido generar excedentes de energía renovable a mediodía para compensar los consumos de la noche. Por ello, el promotor debe acreditar que, hora a hora, al menos el 80% de la energía consumida en esa franja horaria específica ha sido generada por fuentes renovables en esa misma hora.El Gobierno ya tenía en tramitación otro real decreto sobre centros de datos que todavía no ha publicadoOtro punto conflictivo es si la modificación de las reglas para proyectos con permisos ya concedidos podría tener consecuencias legales y llevar a las empresas a denunciar al Gobierno en los tribunales. Para ello, en principio, habrá entre otras cuestiones una ‘cláusulas de salida’ para evitar litigios. Las empresas que ya tenían permisos y decidan que no les interesa o no pueden cumplir las nuevas reglas dispondrán, según recoge el real decreto, unos meses para renuncias a los proyectos si así lo desean.En materia de soberanía del dato y soberanía digital, el nuevo marco regulatorio establece requisitos diferenciados según el tipo de información que se aloje en la instalación, alineándose con los estándares de la futura normativa europea relativa a la nube y la inteligencia artificial.
El Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca al negocio de los centros de datos. El real decreto que sacó en primavera para paliar los efectos de la crisis, añadió una serie de normas para regular los ‘data center’, ahora, varios meses … después, lo utiliza para desarrollar una nueva ley que añade más restricciones al sector. Además, mantiene abierto otro real decreto del verano pasado que pretendía legislar cuestiones muy similares.
El Ejecutivo lanza una consulta pública sobre un nuevo real decreto diseñado para regular la industria de los centros de datos bajo criterios de sostenibilidad y soberanía digital. El Gobierno busca establecer estándares de eficiencia energética e hídrica de nivel ‘A’, exigiendo además que estos proyectos garanticen que el 80% de su consumo provenga de nuevas fuentes renovables.
Desde el Gobierno insisten en que esta legislación no va contra los centros de datos, a los que sitúan en un eje central de la nueva economía. Sin embargo, según argumentan fuentes del sector de los ‘data center’ a este periódico, todo lo que suponga añadir nuevas trabas al desarrollo de esta industria provoca un agravio frente a otros países. Además, esta nueva norma, que no afecta a proyectos ya operativos, sí pone la lupa sobre aquellos que todavía están en trámite. El problema es que no distingue cuál es su nivel de avance, y algunos pueden caer por no cumplir las nuevas exigencias de eficiencia.
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El Gobierno subraya que esto no son más requisitos, sino que la normativa pretende ordenar el crecimiento del sector ante una avalancha de solicitudes de conexión eléctrica que supera ampliamente las previsiones estratégicas para 2030.
Asimismo, se introducen requisitos de ciberseguridad y protección de datos para asegurar que la información sensible de la administración pública permanezca dentro de la Unión Europea. Mediante este marco legal, desde el Ejecutivo se busca evitar la saturación de recursos y proporcionar seguridad jurídica a los inversores.
Foco renovable
Una de las grandes novedades –y exigencias– es que cada nueva unidad de consumo eléctrico que demande un centro de datos debe traer consigo, al menos en un 80%, una nueva unidad de generación de energía renovable. Es decir, ya sea por vía del autoconsumo o con contratos cerrados a largo plazo, tiene que haber ese volumen de electricidad verde.
Para poder certificar este 80%, las empresas deben cumplir con dos conceptos técnicos muy definidos: adicionalidad, esto es que la energía debe provenir de plantas de generación renovable nuevas, creadas específicamente para dar soporte a esa demanda, y no de parques antiguos que ya estuvieran operando en el mercado; y correlación horaria (‘time matching’), es decir, no es válido generar excedentes de energía renovable a mediodía para compensar los consumos de la noche. Por ello, el promotor debe acreditar que, hora a hora, al menos el 80% de la energía consumida en esa franja horaria específica ha sido generada por fuentes renovables en esa misma hora.
El Gobierno ya tenía en tramitación otro real decreto sobre centros de datos que todavía no ha publicado
Otro punto conflictivo es si la modificación de las reglas para proyectos con permisos ya concedidos podría tener consecuencias legales y llevar a las empresas a denunciar al Gobierno en los tribunales. Para ello, en principio, habrá entre otras cuestiones una ‘cláusulas de salida’ para evitar litigios. Las empresas que ya tenían permisos y decidan que no les interesa o no pueden cumplir las nuevas reglas dispondrán, según recoge el real decreto, unos meses para renuncias a los proyectos si así lo desean.
En materia de soberanía del dato y soberanía digital, el nuevo marco regulatorio establece requisitos diferenciados según el tipo de información que se aloje en la instalación, alineándose con los estándares de la futura normativa europea relativa a la nube y la inteligencia artificial.
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