Ofensiva del PP para conocer los motivos de la temporalidad del 30% en el sector público

¿Cuál ha sido el resultado del proceso de estabilización de las plantillas llevado a cabo por la Administración, las comunidades autónomas y las entidades locales? ¿En qué consiste el plan que está preparando el Gobierno y que, según informaciones publicadas, incluiría un procedimiento sancionador para las administraciones que hayan incumplido la ley?¿Tiene previsto delimitar las responsabilidades civiles, económicas, patrimoniales y establecer sanciones? Son sólo algunas de las preguntas que ha presentado el Grupo Popular en Congreso para conocer los motivos por los que el Gobierno se ha saltado la ley que desde este año obliga a las administraciones a no superar el 8% de temporalidad en el sector público, así como el compromiso adquirido en este sentido en el Plan de Recuperación .Como público ABC, en 2021 el Ejecutivo impulsó por la vía exprés un plan de choque para reducir la eventualidad en la Administración, entonces en el 30% y situarla en el citado 8% este año, pero hoy, cuatro años después, la eventualidad pública no cede y dobla la que registra el sector privado (15%). La Comisión Europea ya ha abierto dos expedientes a nuestro país por el abuso de los interinos en el sector público y en 2024 Bruselas dio los primeros pasos en el procedimiento de infracción al enviar dos cartas de emplazamiento, en julio y octubre, al Gobierno, en las que le reprochó que la legislación española no contemple medidas de protección para los trabajadores temporales del sector público que encadenan contratos, en línea con la normativa europea. Las autoridades comunitarias ya estarían preparando sanciones para España.Un 40% en comunidades y ayuntamientosAl hilo de estas informaciones, los populares han puesto en marcha una ofensiva en la Congreso que incluye, además de una batería de preguntas al Gobierno sobre las que reclama respuesta, una proposición no de ley sobre los procesos de estabilización de las plantillas en la administración local para su debate en la comisión de Hacienda. Como avanzó este diario, la Administración General del Estado registra una tasa de temporalidad del 9,4% frente al 40% de ayuntamientos y comunidades. En esta iniciativa, los populares recuerdan que son las entidades locales unas de las más afectadas por el «abuso» de la temporalidad en el sector público. Recuerdan que se han planteado convocatorias de consolidación con un número de plazas «manifiestamente insuficientes» y que «se han desarrollado procesos selectivos incumpliendo los plazos establecidos legalmente». Aunque asegura que «numerosos ayuntamientos han desplegado con diligencia los mandatos de la ley 20/2021, impulsando procesos de estabilización con responsabilidad y eficacia», muchos funcionarios del mundo rural «se han visto directamente afectados por una actuación gubernamental que ha carecido de la diligencia necesaria». El PP alerta de «la paralización de la actividad municipal «.Por todo ello, el principal partido de la oposición pide al Ejecutivo que informe «de manera transparente y con carácter inmediato a las comunidades autónomas y a las entidades locales sobre los plazos, procedimientos y criterios que regirán la culminación de los procesos de estabilización del personal funcionario en la administración local con habilitación de carácter nacional». ¿Cuál ha sido el resultado del proceso de estabilización de las plantillas llevado a cabo por la Administración, las comunidades autónomas y las entidades locales? ¿En qué consiste el plan que está preparando el Gobierno y que, según informaciones publicadas, incluiría un procedimiento sancionador para las administraciones que hayan incumplido la ley?¿Tiene previsto delimitar las responsabilidades civiles, económicas, patrimoniales y establecer sanciones? Son sólo algunas de las preguntas que ha presentado el Grupo Popular en Congreso para conocer los motivos por los que el Gobierno se ha saltado la ley que desde este año obliga a las administraciones a no superar el 8% de temporalidad en el sector público, así como el compromiso adquirido en este sentido en el Plan de Recuperación .Como público ABC, en 2021 el Ejecutivo impulsó por la vía exprés un plan de choque para reducir la eventualidad en la Administración, entonces en el 30% y situarla en el citado 8% este año, pero hoy, cuatro años después, la eventualidad pública no cede y dobla la que registra el sector privado (15%). La Comisión Europea ya ha abierto dos expedientes a nuestro país por el abuso de los interinos en el sector público y en 2024 Bruselas dio los primeros pasos en el procedimiento de infracción al enviar dos cartas de emplazamiento, en julio y octubre, al Gobierno, en las que le reprochó que la legislación española no contemple medidas de protección para los trabajadores temporales del sector público que encadenan contratos, en línea con la normativa europea. Las autoridades comunitarias ya estarían preparando sanciones para España.Un 40% en comunidades y ayuntamientosAl hilo de estas informaciones, los populares han puesto en marcha una ofensiva en la Congreso que incluye, además de una batería de preguntas al Gobierno sobre las que reclama respuesta, una proposición no de ley sobre los procesos de estabilización de las plantillas en la administración local para su debate en la comisión de Hacienda. Como avanzó este diario, la Administración General del Estado registra una tasa de temporalidad del 9,4% frente al 40% de ayuntamientos y comunidades. En esta iniciativa, los populares recuerdan que son las entidades locales unas de las más afectadas por el «abuso» de la temporalidad en el sector público. Recuerdan que se han planteado convocatorias de consolidación con un número de plazas «manifiestamente insuficientes» y que «se han desarrollado procesos selectivos incumpliendo los plazos establecidos legalmente». Aunque asegura que «numerosos ayuntamientos han desplegado con diligencia los mandatos de la ley 20/2021, impulsando procesos de estabilización con responsabilidad y eficacia», muchos funcionarios del mundo rural «se han visto directamente afectados por una actuación gubernamental que ha carecido de la diligencia necesaria». El PP alerta de «la paralización de la actividad municipal «.Por todo ello, el principal partido de la oposición pide al Ejecutivo que informe «de manera transparente y con carácter inmediato a las comunidades autónomas y a las entidades locales sobre los plazos, procedimientos y criterios que regirán la culminación de los procesos de estabilización del personal funcionario en la administración local con habilitación de carácter nacional».  

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