La primera vez que el personal del Ayuntamiento de Níjar (Almería, 33.319 habitantes) acudió a comprobar que Kwame —un joven de Ghana— vivía en una de las chabolas del asentamiento de Atochares no lo encontró allí. Era por la mañana y él estaba trabajando en un invernadero, así que su empadronamiento fue denegado. Él lo volvió a intentar, pero esta vez los funcionarios solo preguntaron en una tienda cercana y el resultado fue el mismo: la administración volvió a declinar su petición. El suyo es uno de los casos que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) documenta en el informe Vivir sin existir. Barreras al acceso al padrón en el municipio de Níjar realizado durante dos años, documento que recoge hasta 471 solicitudes cuyo procedimiento ha sido seguido al detalle. De ellas, el 50% fueron rechazadas y un 10% más quedaron en el limbo sin obtener respuesta en el plazo legal. Como consecuencia, todas estas personas tienen problemas para otros trámites esenciales como la sanidad, la escolarización, el acceso a servicios sociales o el actual proceso de regularización.
Un informe del Servicio Jesuita para Migrantes revela las dificultades de acceso al padrón y las consecuencias que conlleva para acceder a servicios públicos como sanidad o educación
La primera vez que el personal del Ayuntamiento de Níjar (Almería, 33.319 habitantes) acudió a comprobar que Kwame —un joven de Ghana— vivía en una de las chabolas del asentamiento de Atochares no lo encontró allí. Era por la mañana y él estaba trabajando en un invernadero, así que su empadronamiento fue denegado. Él lo volvió a intentar, pero esta vez los funcionarios solo preguntaron en una tienda cercana y el resultado fue el mismo: la administración volvió a declinar su petición. El suyo es uno de los casos que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) documenta en el informe Vivir sin existir. Barreras al acceso al padrón en el municipio de Níjar realizado durante dos años, documento que recoge hasta 471 solicitudes cuyo procedimiento ha sido seguido al detalle. De ellas, el 50% fueron rechazadas y un 10% más quedaron en el limbo sin obtener respuesta en el plazo legal. Como consecuencia, todas estas personas tienen problemas para otros trámites esenciales como la sanidad, la escolarización, el acceso a servicios sociales o el actual proceso de regularización.
El trabajo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se centra en Níjar por varios motivos. El primero, porque allí residen unas 3.500 personas —muchas en situación administrativa irregular— en campamentos de infravivienda. Son zonas con calles de barro y escaso acceso a luz o agua desde donde se desplazan a sus empleos en la agricultura intensiva bajo plástico. El segundo, porque esa situación convierte al municipio almeriense en un “observatorio relevante” de cómo se aplica la normativa legal para el empadronamiento, según el SJM. Y, tercero, porque la entidad social conoce muy bien este territorio al desarrollar en él, desde hace años, una amplia actividad ligada al apoyo de esta población, con iniciativas ligadas a la formación y búsqueda de empleo estable o vivienda digna. También acompañan a las personas durante procedimientos administrativos como el padrón, “que es tanto un derecho como una obligación de las personas con independencia de su nacionalidad o dónde vivan, además de un deber de los municipios”, recuerda Daniel Izuzquiza, responsable del SJM en la provincia de Almería.
Entre 2023 y 2025, su equipo ayudó a 981 personas en sus expedientes de empadronamiento, pero como no todos pudieron ser seguidos al detalle, el informe se centra en los 417 en los que el proceso completo se encuentra totalmente documentado. De ellos, 213 (50%) acabaron con denegación expresa y 45 más (10%) tuvieron un resultado con las misas consecuencias porque quedaron sin resolución en el plazo legal, que en este caso es positivo, pero sin un certificado final por parte del ayuntamiento no sirve de nada. Los brotes verdes se encuentran en los 159 casos restantes (40%), que fueron aprobados. “Es un cambio relevante respecto a hace años. Se avanza, sí, pero muy poco”, subraya Izuzquiza. Un estudio de Andalucía Acoge ya avisaba en 2022 que solo una de cada cuatro residentes en campamentos chabolistas almerienses estaba empadronada y que ello respondía a la “voluntad política” municipal. Para aclarar cualquier malentendido, la propia Diputación Provincial de Almería publicó esta primavera una nota técnica que subraya especialmente que “las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón” y que en condiciones extremas la decisión debe tomarse en base a la posibilidad de dirigir una comunicación al lugar planteado.
Prácticas “discriminatorias”
Entre las principales barreras para que el empadronamiento se consiga de manera efectiva, el SJM ha detectado cuatro grandes líneas. Por un lado, los obstáculos para que los migrantes acrediten su domicilio en los asentamientos, cortijos aislados o viviendas compartidas donde residen. La ausencia de contratos o títulos de propiedad es común en este mercado inmobiliario informal, lo que dificulta el proceso, aunque la norma prevé que el criterio que prima debe ser la residencia efectiva. También se pide como requisito una autorización expresa del propietario del inmueble, que consideran “sin base legal”. Es lo que ocurrió al marroquí Soufian, que paga un alquiler en un cortijo de San Isidro, pero su arrendador se negó a darle su firma y la solicitud de empadronamiento le fue denegada por ello a pesar de tener justificantes de pago y facturas de suministro, según el análisis del SJM. “Ocurre en los inmuebles cuya propiedad está identificada y eso hace que hoy sea más fácil empadronarse en una chabola, que no tiene propietario claro, que en estos espacios”, explica Izuzquiza.
Por otro lado, los jesuitas denuncian deficiencias en los procedimientos de comprobación de que las personas viven efectivamente en el domicilio geolocalizado que declaran. La principal es que las visitas se realizan sobre todo en horario de mañana, justo cuando los migrantes están trabajando en los invernaderos. También se quejan de la opacidad y arbitrariedad en la atención, con rechazos verbales en ventanilla —sin constancia escrita que permita un recurso— o prácticas “obstaculizadoras e incluso discriminatorias” por parte de algunas oficinas, como la de San Isidro de Níjar. Las discrepancias entre quienes atienden en ventanilla y las oficinas del padrón suponen un cuarto obstáculo, porque generan procedimientos fallidos e intentos sin éxito. Y todo ello, además, genera un mercado negro, según lamenta el SJM.
Consecuencias
“Estas prácticas no son errores aislados”, dice el informe, que especifica que no se trata de una política explícita de exclusión, pero sí de una acumulación de prácticas administrativas —algunas activas, otras por omisión— que “operan de facto como una barrera selectiva”. “Su reiteración y su concentración sobre un mismo perfil de población —migrantes en infravivienda, trabajadores agrícolas, personas sin contrato formal— configuran una barrera estructural que opera al margen de la legalidad vigente. Y tienen consecuencias reales: personas que resultan invisibilizadas para los gestores públicos, menores con trabas para la escolarización, trabajadores que ven dificultado el acceso a la regularización que el propio Estado ha puesto en marcha”, indica el texto. “El problema no es la ley. El problema es cómo se aplica”, diagnostica la entidad social.
El propio Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, indicaba esta semana en un escrito al SJM que es “fundamental abordar el empadronamiento a través de buenas prácticas” para que las personas no se queden fuera del sistema. De hecho, no figurar en el padrón es el inicio de grandes dificultades; en muchos procesos, como el acceso a servicios sociales, la escolarización o la sanidad, se multiplican. “No es un simple trámite burocrático: constituye la primera puerta para mitigar esta precariedad o exclusión y garantizar el derecho a tener una existencia cívica reconocida”, afirma Juan Sebastián Fernández, catedrático de sociología en la Universidad de Almería, que señala cómo el padrón municipal ha dejado de funcionar en Níjar como registro administrativo para convertirse en “barrera estructural de exclusión” y cómo el certificado es también un “muro insalvable” para muchas personas que están intentando acceder al proceso de regularización.
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