El vicepresidente primero no acudirá a la Conferencia Sectorial de Infancia convocada por Sira Rego.Más información: La Fiscalía advierte: apercibirá a las CCAA que se opongan al reparto de menores migrantes llegados a Ceuta El vicepresidente primero no acudirá a la Conferencia Sectorial de Infancia convocada por Sira Rego.Más información: La Fiscalía advierte: apercibirá a las CCAA que se opongan al reparto de menores migrantes llegados a Ceuta
El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), no acudirá a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y, asimismo, ha avanzado que denunciará judicialmente el posible reparto de menores no acompañados desde Ceuta a las distintas comunidades tras la crisis migratoria.
Así se lo ha comunicado la Junta a través de una carta enviada a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, donde le han trasladado que el representante de Castilla y León no acudirá a la próxima reunión ordinaria.
En la misiva institucional, se defiende que la decisión «no responde a razones de oportunidad política, sino al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional y del principio del interés superior del menor».
En este sentido, han incidido en que se impone «como principio fundamental el de la reunificación familiar y devolución al país de origen«.
También se solicita en el escrito que se eleve a la Conferencia Sectorial el punto del orden del día respecto a la aprobación del acuerdo de distribución territorial a Ceuta del crédito destinado a la financiación en 2026 de la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por importe de 25 millones de euros.
Desde la Junta han subrayado que «no se puede aceptar» el traslado de los menores procedentes de Ceuta mientras «no se haya acreditado la previa tramitación y resolución de los procedimientos individualizados legalmente exigibles para determinar su situación jurídica mediante resolución firme».
Impugnación judicial
Asimismo, Pollán ha anunciado que impugnará judicialmente «todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos, única opción respetuosa con la justicia y el interés del menor».
Para el vicepresidente primero, el Gobierno de España «no ha ejercido correctamente su competencia exclusiva resolviendo el expediente individualizado de retorno y reunificación«.
Por eso, han considerado que «carece de fundamento trasladar a los menores a otra comunidad autónoma para que ésta asuma las consecuencias de una competencia estatal aún no ejercida o no concluida».
El escrito alega que las circunstancias concurrentes y todos los menores extranjeros que están en Ceuta han entrado a España «de manera ilegal y cruzando la frontera del Reino de Marruecos y España».
De esta manera, en nombre del Gobierno de Castilla y León, Pollán ha incidido en que se entiende que «todos esos menores deben ser retornados a Marruecos, vía reunificación familiar y vía entrega a la autoridad tutelar marroquí, sin excepción, previa la tramitación de los expedientes individualizados».
«En defecto de reunificación familiar – que deberá acreditarse indubitadamente-, el Reino de Marruecos es el Estado que ha de hacerse cargo de cualquier menor», ha añadido.
Además, la Junta también ha recordado que Marruecos ha sido calificado por el Consejo y Parlamento Europeo como «país seguro a todos los efectos y es público y notorio que ha manifestado su interés en la devolución y retorno de todos los extranjeros, incluidos los menores«.
«No corresponde a Castilla y León decidir la permanencia en España de esos menores. Tal decisión corresponde exclusivamente al Estado mediante el procedimiento previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000», han precisado desde la Junta.
Por todo ello, solicitan al Ministerio que se «abstenga de realizar acto alguno dirigido a preparar, acordar o ejecutar» el traslado de los menores procedentes de Ceuta mientras «no hayan concluido los expedientes individualizados previstos en la legislación vigente».
En otro orden de cosas, Pollán insta a que el Gobierno envíe la certificación acreditativa de la situación administrativa individual, además del expediente administrativo completo.
Por último, piden que se incluya a su vez la documentación que acredite las actuaciones practicadas para localizar a la familia del menor, la determinación de su edad, la valoración de su interés superior y la resolución acordada.
El Español – Castilla y León
