El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido esta semana su informe a favor de la prolongación hasta 2030 de la central nuclear de Almaraz , como pedían las empresas propietarias. Era uno de los requisitos que había planteado la ministra Aagesen para cambiar los planes energéticos del Ejecutivo y prolongar la vida útil de los reactores extremeños. Los otros dos requisitos: que lo pidieran los dueños de la central, y que no cuesten dinero a los contribuyentes, también se cumplen. ¿A qué está esperando entonces el Gobierno para dar el visto bueno a esta prórroga que desde hace meses le está pidiendo su propio partido en Extremadura y los alcaldes socialistas de la zona?Lo cierto es que el Gobierno se ha quedado sin excusas para mantener el enorme error que supondría el cierre previsto de las nucleares, empezando por la de Almaraz. Los socios más a la izquierda del PSOE, como Sumar, Podemos, ERC o Bildu pueden montarle una pequeña pataleta, pero nada que no pueda asumir el Partido Socialista o el Ejecutivo en este entorno de enorme incertidumbre geopolítica internacional, donde la soberanía energética de Europa se ha convertido en un objetivo de primer orden para el gobierno de Ursula Von der Leyen y España no puede ni debe nadar contracorriente.La Comisión Europea acaba de presentar su Plan de Acción de Electrificación, que es una clara apuesta por aumentar la electrificación de la economía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, como el gas y el petróleo. Y una de las recetas que incluye en su plan es «evitar el cierre prematuro de las instalaciones nucleares y promover la operación a largo plazo de los reactores existentes cuando las condiciones técnicas y de seguridad lo permitan». Está claro que mantener el calendario de cierre de centrales previsto por el Ejecutivo sería ir en contra de las directrices europeas. Y es que son los propios gobiernos autonómicos socialistas los que no lo quieren. Se mantienen callados porque no les toca, pero tanto el ejecutivo de Illa en Cataluña, como el de Page en Castilla-La Mancha, son partidarios de alargar la vida útil de sus centrales.Y es que aunque España ha hecho una apuesta clara por las renovables, como vimos con el apagón, necesitamos energías estables que compensen la inestabilidad de la solar y la eólica, y hasta que seamos capaces de desarrollar el almacenamiento y aumentar el consumo de electricidad desechar la energía nuclear parece una locura.Los ambiciosos planes de la UE pretenden duplicar la tasa de electrificación de la economía europea de modo que en 2040 casi la mitad (el 46%) de la energía que se consuma sea eléctrica, frente al 23% actual. Si se alcanza este objetivo, apuntan, la UE podría ahorrarse hasta 260.000 millones de euros . Y entre las recetas para conseguirlo, además de esa prórroga nuclear e incluso de facilitar la instalación de nuevos reactores, la Comisión considera necesario que la electricidad sea más barata que los combustibles fósiles, como el gas, por lo que pide a los países que no pongan más impuestos a la luz que al gas. Harían bien los gobiernos en escuchar estas recomendaciones. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido esta semana su informe a favor de la prolongación hasta 2030 de la central nuclear de Almaraz , como pedían las empresas propietarias. Era uno de los requisitos que había planteado la ministra Aagesen para cambiar los planes energéticos del Ejecutivo y prolongar la vida útil de los reactores extremeños. Los otros dos requisitos: que lo pidieran los dueños de la central, y que no cuesten dinero a los contribuyentes, también se cumplen. ¿A qué está esperando entonces el Gobierno para dar el visto bueno a esta prórroga que desde hace meses le está pidiendo su propio partido en Extremadura y los alcaldes socialistas de la zona?Lo cierto es que el Gobierno se ha quedado sin excusas para mantener el enorme error que supondría el cierre previsto de las nucleares, empezando por la de Almaraz. Los socios más a la izquierda del PSOE, como Sumar, Podemos, ERC o Bildu pueden montarle una pequeña pataleta, pero nada que no pueda asumir el Partido Socialista o el Ejecutivo en este entorno de enorme incertidumbre geopolítica internacional, donde la soberanía energética de Europa se ha convertido en un objetivo de primer orden para el gobierno de Ursula Von der Leyen y España no puede ni debe nadar contracorriente.La Comisión Europea acaba de presentar su Plan de Acción de Electrificación, que es una clara apuesta por aumentar la electrificación de la economía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, como el gas y el petróleo. Y una de las recetas que incluye en su plan es «evitar el cierre prematuro de las instalaciones nucleares y promover la operación a largo plazo de los reactores existentes cuando las condiciones técnicas y de seguridad lo permitan». Está claro que mantener el calendario de cierre de centrales previsto por el Ejecutivo sería ir en contra de las directrices europeas. Y es que son los propios gobiernos autonómicos socialistas los que no lo quieren. Se mantienen callados porque no les toca, pero tanto el ejecutivo de Illa en Cataluña, como el de Page en Castilla-La Mancha, son partidarios de alargar la vida útil de sus centrales.Y es que aunque España ha hecho una apuesta clara por las renovables, como vimos con el apagón, necesitamos energías estables que compensen la inestabilidad de la solar y la eólica, y hasta que seamos capaces de desarrollar el almacenamiento y aumentar el consumo de electricidad desechar la energía nuclear parece una locura.Los ambiciosos planes de la UE pretenden duplicar la tasa de electrificación de la economía europea de modo que en 2040 casi la mitad (el 46%) de la energía que se consuma sea eléctrica, frente al 23% actual. Si se alcanza este objetivo, apuntan, la UE podría ahorrarse hasta 260.000 millones de euros . Y entre las recetas para conseguirlo, además de esa prórroga nuclear e incluso de facilitar la instalación de nuevos reactores, la Comisión considera necesario que la electricidad sea más barata que los combustibles fósiles, como el gas, por lo que pide a los países que no pongan más impuestos a la luz que al gas. Harían bien los gobiernos en escuchar estas recomendaciones.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido esta semana su informe a favor de la prolongación hasta 2030 de la central nuclear de Almaraz, como pedían las empresas propietarias. Era uno de los requisitos que había planteado la ministra Aagesen para cambiar los … planes energéticos del Ejecutivo y prolongar la vida útil de los reactores extremeños. Los otros dos requisitos: que lo pidieran los dueños de la central, y que no cuesten dinero a los contribuyentes, también se cumplen. ¿A qué está esperando entonces el Gobierno para dar el visto bueno a esta prórroga que desde hace meses le está pidiendo su propio partido en Extremadura y los alcaldes socialistas de la zona?
Lo cierto es que el Gobierno se ha quedado sin excusas para mantener el enorme error que supondría el cierre previsto de las nucleares, empezando por la de Almaraz. Los socios más a la izquierda del PSOE, como Sumar, Podemos, ERC o Bildu pueden montarle una pequeña pataleta, pero nada que no pueda asumir el Partido Socialista o el Ejecutivo en este entorno de enorme incertidumbre geopolítica internacional, donde la soberanía energética de Europa se ha convertido en un objetivo de primer orden para el gobierno de Ursula Von der Leyen y España no puede ni debe nadar contracorriente.
La Comisión Europea acaba de presentar su Plan de Acción de Electrificación, que es una clara apuesta por aumentar la electrificación de la economía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, como el gas y el petróleo. Y una de las recetas que incluye en su plan es «evitar el cierre prematuro de las instalaciones nucleares y promover la operación a largo plazo de los reactores existentes cuando las condiciones técnicas y de seguridad lo permitan». Está claro que mantener el calendario de cierre de centrales previsto por el Ejecutivo sería ir en contra de las directrices europeas. Y es que son los propios gobiernos autonómicos socialistas los que no lo quieren. Se mantienen callados porque no les toca, pero tanto el ejecutivo de Illa en Cataluña, como el de Page en Castilla-La Mancha, son partidarios de alargar la vida útil de sus centrales.
Y es que aunque España ha hecho una apuesta clara por las renovables, como vimos con el apagón, necesitamos energías estables que compensen la inestabilidad de la solar y la eólica, y hasta que seamos capaces de desarrollar el almacenamiento y aumentar el consumo de electricidad desechar la energía nuclear parece una locura.
Los ambiciosos planes de la UE pretenden duplicar la tasa de electrificación de la economía europea de modo que en 2040 casi la mitad (el 46%) de la energía que se consuma sea eléctrica, frente al 23% actual. Si se alcanza este objetivo, apuntan, la UE podría ahorrarse hasta 260.000 millones de euros. Y entre las recetas para conseguirlo, además de esa prórroga nuclear e incluso de facilitar la instalación de nuevos reactores, la Comisión considera necesario que la electricidad sea más barata que los combustibles fósiles, como el gas, por lo que pide a los países que no pongan más impuestos a la luz que al gas. Harían bien los gobiernos en escuchar estas recomendaciones.
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