La ministra de Juventud e Infancia convoca a los territorios para revisar la figura del coordinador de bienestar en los centros y asegura que Castilla y León «está aplicando» el plan de acogida.
Más información: Comienza el traslado de menores migrantes no acompañados entre comunidades, pero sin datos La ministra de Juventud e Infancia convoca a los territorios para revisar la figura del coordinador de bienestar en los centros y asegura que Castilla y León «está aplicando» el plan de acogida.
Más información: Comienza el traslado de menores migrantes no acompañados entre comunidades, pero sin datos
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que Castilla y León «ha mostrado resistencias» en el reparto de menores migrantes no acompañados, aunque también ha reconocido que, pese a eso, la Comunidad «está aplicando» el plan de acogida y «se está avanzando».
Aun así, Sira Rego ha aclarado que el Ejecutivo ha intentado evitar cualquier imposición brusca. «Ya dijimos a las comunidades que no íbamos a hacer un proceso abrupto, al contrario, que nos íbamos a adaptar para que fuera de una manera equilibrada en términos territoriales», ha señalado.
Pese a las reticencias de algunas autonomías, Rego ha asegurado que «los niños están llegando y están siendo acogidos». Si bien no ha querido especificar si alguno de ellos ha llegado ya a Castilla y León.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; junto al alcalde de Zamora, Francisco Guarido
«Es verdad que ha habido resistencias en algunos territorios, pero se están resolviendo y el proceso de acogida se está cumpliendo», ha detallado.
La titular de Juventud e Infancia ha apelado a la cooperación institucional y a la responsabilidad compartida. «Lo importante es que todos nos pongamos a trabajar para resolver un problema que no debería haber llegado a ser el problema que es», concluyó.
La ministra ha defendido que el proceso «se está cumpliendo» en toda España y que el Gobierno está centrado en garantizar «el bienestar de los niños y niñas».
Trabajando para cumplir con la sentencia del Supremo
Rego ha recordado que el Ejecutivo lleva «trabajando desde el primer momento» para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga al Estado a hacerse cargo de los centenares de menores llegados a Canarias.
«Tenemos reuniones de coordinación a lo largo de estos días, pero desde luego la sentencia la estamos cumpliendo. Hay que terminar de resolverla y ejecutarla, de cumplirla», ha afirmado, tras un acto de hermanamiento entre Zamora y la ciudad palestina de Beit Jala, al que ha asistido como invitada.
«Estamos haciendo un trabajo en el que ponemos en el centro las necesidades que tienen los niños. Hacemos entrevistas en profundidad para entender el proceso del que llega cada uno y para definir el sistema de acogida idóneo», ha añadido.
El plan de reparto de menores migrantes fue propuesto por el Gobierno en julio, con el fin de aliviar la presión en las comunidades que soportan el mayor número de llegadas, especialmente Canarias, Ceuta y Melilla. Una medida que ha generado tensiones políticas, sobre todo en las autonomías gobernadas por el Partido Popular.
Según el reparto conocido en agosto, a Castilla y León le corresponden 783 plazas, aplicando la ratio acordada de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes.
La Junta de Castilla y León mostró entonces su rechazo frontal al plan, calificándolo de «imposición» y anunciando un recurso judicial. Argumentó su decisión en tres motivos: la falta de diálogo previo, la desigual carga entre comunidades y la ausencia de financiación adicional.
En comparación, las comunidades con mayor capacidad de acogida son Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650), la Comunidad de Madrid (2.325) y la Comunidad Valenciana (1.767). En el extremo opuesto, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta apenas suman 28 y 27 plazas, respectivamente.
El Gobierno revisará urgentemente los protocolos antiacoso
La ministra también ha anunciado que el Gobierno revisará urgentemente con las comunidades autónomas el cumplimiento de las medidas legales contra el acoso escolar, después de los recientes casos de suicidio de menores víctimas de bullying en Sevilla y Lleida.
Rego ha querido subrayar que España «tiene leyes que ponen mucho el foco en la prevención y en la erradicación del acoso escolar», pero ha advertido de que es necesario garantizar que se cumplan.
En este sentido, la ministra ha anunciado que el próximo lunes, 27 de octubre, se celebrará una reunión del Observatorio de la Infancia, en la que participarán el Ministerio de Juventud e Infancia, las comunidades autónomas y las entidades sociales.
Durante ese encuentro, el Gobierno pedirá a las autonomías que informen sobre la figura del coordinador de bienestar, prevista en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
Cada centro educativo, ha recordado la ministra, «tiene la obligación de contar con esta figura», cuya función es prevenir, erradicar y activar los protocolos antiacoso.
«Vamos a preguntar por esta figura a las comunidades para determinar en cuáles comunidades está y en cuáles no está», ha avanzado Rego. A su juicio, «las instituciones públicas tenemos que ser muy exigentes y muy vigilantes» para asegurar que todos los mecanismos que establece la ley se aplican correctamente.
La ministra ha insistido en que la protección de la infancia debe estar en el centro de las políticas públicas, y afirmó que el Ejecutivo analizará con detalle «qué es lo que ha sucedido y cómo está la situación» en los últimos casos conocidos.
Ampliación de la Ley Orgánica de Violencia
Además, Rego ha anunciado una ampliación de la Ley Orgánica de Violencia, que incluirá un apartado específico para reforzar la lucha contra el acoso escolar y el ciberacoso.
También ha recordado que está en tramitación la Ley de Entornos Digitales Seguros, destinada a frenar la violencia que se produce a través de internet y las redes sociales.
«Desgraciadamente vemos que en la esfera digital estamos viendo mucha violencia contra la infancia», ha lamentado. Por ello, la ministra ha insistido en que el Gobierno trabaja «con determinación» en ambos frentes, tanto en los centros escolares como en los espacios digitales.
«Son dos asuntos que nos preocupan, pero también nos están ocupando», ha concluido la ministra, quien ha reivindicado la necesidad de pasar de las declaraciones de condena a una vigilancia efectiva del cumplimiento de las medidas que ya contempla la ley.
elespanol – Castilla y León
