El Ministerio de Trabajo ha puesto encima de la mesa una rebaja tributaria a las empresas para que se sumen al acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 en forma de deducción fiscal a través del Impuesto de Sociedades, el que pagan todos los negocios por los beneficios obtenidos cada ejercicio fiscal. Se trata de una medida condicionada a dos requisitos de calado: el mantenimiento del empleo en esas empresas, pero sobre todo implica un compromiso a que cada vez haya menos parte de sus plantillas que cobren el SMI . Es decir, que suban los sueldos más allá de esta referencia, que se ha incrementado un 60% desde 2018.Esta medida forma parte de lo que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había catalogado como «formulación» que buscaba su departamento para atraer a la CEOE al pacto, después de que sus equipos hayan estado negociando con los del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, para encontrar una vía con la que compensar a las empresas por el alza del SMI, sin entrar en la indexación de los contratos públicos, la línea roja de la patronal. Y esa actualización del coste de los trabajos que muchos sectores realizan a entes públicos era la línea roja que la patronal había exigido en cada negociación del salario mínimo, sin recibir respuesta alguna.20% Deducción hasta 2015 La medida más similar en Sociedades fue una reducción del rendimiento neto para empresas que mantuvieran el empleo en pequeños negociosLa medida fiscal que quieren habilitar Hacienda y Trabajo implicaría un cambio en el Impuesto de Sociedades, que sería rebajado, siempre que los negocios asuman que no despedirán a trabajadores durante el siguiente año, así como a incrementar paulatinamente los sueldos para que no haya tanta plantilla cobrando el SMI, según apuntan fuentes del diálogo social. Pero no hay ningún papel concreto encima de la mesa que pasaría por una modificación fiscal que tendría que ser avalada, sí o sí, por el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria asegurada. A la espera de un texto concretoTrabajo ha comunicado esta posibilidad durante la reunión que ayer mantuvo con los agentes sociales esta mañana para abordar la fase definitiva del SMI en 2026. Sin embargo, de ese encuentro no salió ningún texto legal concreto. Porque el departamento de Montero va a trabajar en los próximos días para plasmar esa idea de rebaja fiscal para que Díaz pueda volver a llevarla a la nueva mesa de negociación del diálogo social, convocada para el próximo jueves. La patronal se había negado a un nuevo incremento, de estas características, y la de la indexación de los contratos públicos era una línea roja para aceptar el pacto. La directora del departamento de Empleo, Protección Social y Diversidad de la CEOE, Rosa Santos, ha apuntado que la patronal esperará a tener la propuesta por escrito para plantear su fórmula, ya que la medida está llena de «incógnitas». Los empresarios insisten en su idea de que el SMI debería subir un 1,5% pero aclaran que «si hay una propuesta que mejore las circunstancias globales de las empresas, se analizará y se traerá una solución».3,1% Nuevo SMI para 2026 La idea del Ejecutivo pasa por aplicar este alza, la menor entre las propuestas por el comité de expertos, sin tributación para los trabajadores.Para desatascar esta situación y atraer a la patronal, los equipos de Díaz y Montero habían abierto la puerta a aplicar alguna medida que amortigüe el coste que conlleva para las empresas -sobre todo las pymes- una nueva subida del salario mínimo interprofesional. En un empeño venido a más, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insiste ahora en la necesidad de que los empresarios figuren en esa fotografía después de los numerosos choques que ha mantenido con CEOE a cuenta de la jornada laboral, el registro horario, los costes sociales o los nuevos permisos . Y para lograrlo, necesita el concurso de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, con la llave de las finanzas públicas en sus manos.A pesar de que la titular de Hacienda se había cerrado la puerta a modificar la ley para actualizar los contratos del sector público con las empresas que les prestan servicios a un nivel actual tras varios años congelados, Hacienda se ha sentado en la mesa junto a Trabajo para acordar alguna medida que, sí o sí, implicaría un gasto adicional del presupuesto. De ahí el aval necesario de Montero. En esa mesa de negociación, que ha estado abierta incluso durante este fin de semana, se han analizado varias propuestas que pasarían, de alguna u otra forma, por ayudar o compensar el gasto que asumen las empresas más impactadas por las alzas del salario mínimo en lo relativo a esos contratos públicos, que es donde Hacienda tiene la última palabra. O en alguna otra derivada que implique un drenaje para el erario público.1.900 euros Coste total empresarial Las patronales insisten en que un SMI de 1.221 euros al mes, como el que se prevé, implica un coste cercano a 2.000 euros, incluidas cotizaciones sociales.Por su parte, las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT también han apuntado a que la propuesta planteada tiene «algunas lagunas» sobre cómo garantizar que se hacen efectivos en los salarios los incrementos del SMI por la vía de regular los incentivos de la deducción en el Impuesto de Sociedades. Los sindicatos plantearon en su momento la necesidad de subir el salario mínimo más de un 7% para este año, aunque han ido modulando sus posiciones en estas semanas para intentar llegar a un acuerdo con Trabajo y a la espera de lo que decida la CEOE. El Ministerio de Trabajo ha puesto encima de la mesa una rebaja tributaria a las empresas para que se sumen al acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 en forma de deducción fiscal a través del Impuesto de Sociedades, el que pagan todos los negocios por los beneficios obtenidos cada ejercicio fiscal. Se trata de una medida condicionada a dos requisitos de calado: el mantenimiento del empleo en esas empresas, pero sobre todo implica un compromiso a que cada vez haya menos parte de sus plantillas que cobren el SMI . Es decir, que suban los sueldos más allá de esta referencia, que se ha incrementado un 60% desde 2018.Esta medida forma parte de lo que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había catalogado como «formulación» que buscaba su departamento para atraer a la CEOE al pacto, después de que sus equipos hayan estado negociando con los del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, para encontrar una vía con la que compensar a las empresas por el alza del SMI, sin entrar en la indexación de los contratos públicos, la línea roja de la patronal. Y esa actualización del coste de los trabajos que muchos sectores realizan a entes públicos era la línea roja que la patronal había exigido en cada negociación del salario mínimo, sin recibir respuesta alguna.20% Deducción hasta 2015 La medida más similar en Sociedades fue una reducción del rendimiento neto para empresas que mantuvieran el empleo en pequeños negociosLa medida fiscal que quieren habilitar Hacienda y Trabajo implicaría un cambio en el Impuesto de Sociedades, que sería rebajado, siempre que los negocios asuman que no despedirán a trabajadores durante el siguiente año, así como a incrementar paulatinamente los sueldos para que no haya tanta plantilla cobrando el SMI, según apuntan fuentes del diálogo social. Pero no hay ningún papel concreto encima de la mesa que pasaría por una modificación fiscal que tendría que ser avalada, sí o sí, por el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria asegurada. A la espera de un texto concretoTrabajo ha comunicado esta posibilidad durante la reunión que ayer mantuvo con los agentes sociales esta mañana para abordar la fase definitiva del SMI en 2026. Sin embargo, de ese encuentro no salió ningún texto legal concreto. Porque el departamento de Montero va a trabajar en los próximos días para plasmar esa idea de rebaja fiscal para que Díaz pueda volver a llevarla a la nueva mesa de negociación del diálogo social, convocada para el próximo jueves. La patronal se había negado a un nuevo incremento, de estas características, y la de la indexación de los contratos públicos era una línea roja para aceptar el pacto. La directora del departamento de Empleo, Protección Social y Diversidad de la CEOE, Rosa Santos, ha apuntado que la patronal esperará a tener la propuesta por escrito para plantear su fórmula, ya que la medida está llena de «incógnitas». Los empresarios insisten en su idea de que el SMI debería subir un 1,5% pero aclaran que «si hay una propuesta que mejore las circunstancias globales de las empresas, se analizará y se traerá una solución».3,1% Nuevo SMI para 2026 La idea del Ejecutivo pasa por aplicar este alza, la menor entre las propuestas por el comité de expertos, sin tributación para los trabajadores.Para desatascar esta situación y atraer a la patronal, los equipos de Díaz y Montero habían abierto la puerta a aplicar alguna medida que amortigüe el coste que conlleva para las empresas -sobre todo las pymes- una nueva subida del salario mínimo interprofesional. En un empeño venido a más, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insiste ahora en la necesidad de que los empresarios figuren en esa fotografía después de los numerosos choques que ha mantenido con CEOE a cuenta de la jornada laboral, el registro horario, los costes sociales o los nuevos permisos . Y para lograrlo, necesita el concurso de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, con la llave de las finanzas públicas en sus manos.A pesar de que la titular de Hacienda se había cerrado la puerta a modificar la ley para actualizar los contratos del sector público con las empresas que les prestan servicios a un nivel actual tras varios años congelados, Hacienda se ha sentado en la mesa junto a Trabajo para acordar alguna medida que, sí o sí, implicaría un gasto adicional del presupuesto. De ahí el aval necesario de Montero. En esa mesa de negociación, que ha estado abierta incluso durante este fin de semana, se han analizado varias propuestas que pasarían, de alguna u otra forma, por ayudar o compensar el gasto que asumen las empresas más impactadas por las alzas del salario mínimo en lo relativo a esos contratos públicos, que es donde Hacienda tiene la última palabra. O en alguna otra derivada que implique un drenaje para el erario público.1.900 euros Coste total empresarial Las patronales insisten en que un SMI de 1.221 euros al mes, como el que se prevé, implica un coste cercano a 2.000 euros, incluidas cotizaciones sociales.Por su parte, las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT también han apuntado a que la propuesta planteada tiene «algunas lagunas» sobre cómo garantizar que se hacen efectivos en los salarios los incrementos del SMI por la vía de regular los incentivos de la deducción en el Impuesto de Sociedades. Los sindicatos plantearon en su momento la necesidad de subir el salario mínimo más de un 7% para este año, aunque han ido modulando sus posiciones en estas semanas para intentar llegar a un acuerdo con Trabajo y a la espera de lo que decida la CEOE.
El Ministerio de Trabajo ha puesto encima de la mesa una rebaja tributaria a las empresas para que asuman la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en forma de deducción fiscal a través del Impuesto de Sociedades, el que pagan los … negocios por los beneficios obtenidos cada año. Se trata de una medida condicionada a dos requisitos de calado: el mantenimiento del empleo en esas empresas así como un compromiso a que cada vez haya menos parte de sus plantillas que cobren el SMI.
Esta medida forma parte de lo que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha denominado como «formulación» después de que sus equipos hayan estado negociando con los del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, para encontrar una vía con la que compensar a las empresas por el alza del SMI, sin entrar en la indexación de los contratos públicos, la línea roja de la patronal.
La medida fiscal implicaría un cambio en el Impuesto de Sociedades, que sería rebajado, siempre que los negocios asuman que no despedirán a trabajadores durante el siguiente año, así como a incrementar paulatinamente los sueldos para que no haya tanta plantilla cobrando el SMI, según apuntan fuentes del diálogo social. Pero no hay ningún papel concreto encima de la mesa que pasaría por una modificación fiscal que tendría que ser avalada, sí o sí, por el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria asegurada.
Trabajo ha comunicado esta posibilidad durante la reunión que mantiene con los agentes sociales esta mañana para abordar la fase definitiva del SMI en 2026. La patronal se había negado a un nuevo incremento, de estas características, y la de la indexación de los contratos públicos era una línea roja para aceptar el pacto. Mientras, los sindicatos son más proclives al acuerdo a pesar de que habían reclamado un alza superior al 7%.
Para desatascar esta situación, los equipos de Díaz y Montero habían abierto la puerta a aplicar alguna medida que amortigüe el coste que conlleva para las empresas -sobre todo las pymes- una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Ambos departamentos han estado negociando una solución con la que atraer a la patronal al pacto para elevar el SMI un 3,1% este año. Porque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insiste ahora en la necesidad de que los empresarios figuren en esa fotografía después de los numerosos choques que ha mantenido con CEOE a cuenta de la jornada laboral, el registro horario, los costes sociales o los nuevos permisos. Y para lograrlo, necesita el concurso de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
A pesar de que la responsable de las finanzas públicas había cerrado la puerta a modificar la ley para actualizar los contratos del sector público con las empresas que les prestan servicios a un nivel actual tras varios años congelados, Hacienda se ha sentado en la mesa junto a Trabajo para acordar alguna medida que, sí o sí, implicaría un gasto adicional del presupuesto. De ahí el aval necesario de Montero. Ambos departamentos llevan varios días desarrollando conversaciones y, al menos, hay una «disposición a hablar», señalan fuentes gubernamentales. Aunque no dan por hecho que vaya ha derivar en una medida concreta.
En esa mesa de negociación, que ha estado abierta incluso durante este fin de semana, se han analizado varias propuestas que pasarían, de alguna u otra forma, por ayudar o compensar el gasto que asumen las empresas más impactadas por las alzas del salario mínimo en lo relativo a esos contratos públicos, que es donde Hacienda tiene la última palabra. O en alguna otra derivada que implique un drenaje para el erario público.
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