El Tribunal Constitucional, que se enfrenta esta semana a su reto más escrutado de este mandato, es un órgano institucional clave del sistema democrático, intérprete último y máximo de la norma suprema, que dicta sentencias determinantes pero no se considera una instancia jurídica. Sus magistrados, elegidos con un método y una ley que no es de ahora ni sanchista, son figuras experimentadas y baqueteadas en las refriegas políticas del país, pero no se pueden defender ni justificar por los métodos habituales de los políticos profesionales. Se solían sustentar con el prestigio de su carrera y los razonamientos de sus sentencias. Eso era más o menos así hasta ahora.
Amnistía y vivienda han reproducido en el pleno la división política entre magistrados progresistas y conservadores
El Tribunal Constitucional, que se enfrenta esta semana a su reto más escrutado de este mandato, es un órgano institucional clave del sistema democrático, intérprete último y máximo de la norma suprema, que dicta sentencias determinantes pero no se considera una instancia jurídica. Sus magistrados, elegidos con un método y una ley que no es de ahora ni sanchista, son figuras experimentadas y baqueteadas en las refriegas políticas del país, pero no se pueden defender ni justificar por los métodos habituales de los políticos profesionales. Se solían sustentar con el prestigio de su carrera y los razonamientos de sus sentencias. Eso era más o menos así hasta ahora.
Casi nadie se escandalizó cuando la pasada semana el líder de la oposición y candidato a presidir el Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo (PP), cuestionó pública y directamente en una entrevista en la COPE al actual tribunal y en especial a su vigente presidente, Cándido Conde-Pumpido, “uno de los problemas que tiene el país”, dudando de su “objetividad” y concluyendo que ha labrado “un acuerdo con el Gobierno para sacar adelante la amnistía”. Pero Conde-Pumpido sí lo hizo.
Con 75 años y de familia muy jurídica, medio siglo de carrera en prácticamente todos los puestos más trascendentes del ámbito judicial, magistrado del Constitucional desde 2017, a propuesta del Senado, siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el presidente del Alto Tribunal desde 2023 se echó las manos a la cabeza. Y pensó en cómo habrían reaccionado los líderes políticos de la derecha, las asociaciones judiciales conservadoras y los medios más afines al PP si Pedro Sánchez hubiera dicho algo similar sobre teóricas connivencias y posiciones de magistrados del Tribunal Supremo contra, por ejemplo, la misma ley de amnistía.
El Constitucional sufre también estos tiempos convulsos y de trincheras. El supuesto balneario jurídico ya ha vivido otros momentos tensos y de confrontación en su historia, pero con otro tipo de métodos y lealtades internas. Ahora su presidente lee antes en un periódico que en su correo una carta aparentemente personal firmada por un componente del sector más conservador del tribunal, como Enrique Arnaldo, excolaborador de la FAES, en la que le pide tiempo para analizar con calma la ponencia que se discute esta semana sobre la ley de amnistía. Una carta presentada, además, como si fuera una resolución formal, con apariencia de requerimiento de un bando frente a otro y no como la opinión personal de un letrado.
Conde-Pumpido aceptó alargar las deliberaciones y si hace falta con sesiones vespertinas esta semana, pero con el objetivo de dejar el asunto resuelto sin tener que convocar otro plenario. La solución no gustó a su oposición, interna y externa. El presidente ya había advertido en Los Desayunos del Ateneo, el pasado 7 de abril, que el dilema sobre la constitucionalidad de la amnistía debería descifrarse antes del verano. Cuando tomó posesión hace tres años, prometió poner el calendario de sentencias pendientes al día y ahora quiere aclarar la situación de la amnistía ante las decenas de tribunales que ya están aplicando esa norma para no dejar en la incertidumbre a sus posibles beneficiarios. Y lo ha hecho porque la competencia sobre los señalamientos de este tipo de debates es suya.
Los componentes del sector conservador del tribunal no pueden llamarse a engaño, como tampoco el PP, sobre la nominación de procedencia política de Conde-Pumpido. Como refleja el artículo 160 de la Constitución, “el presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el Rey, a propuesta del propio Tribunal en pleno, entre sus miembros”. Conde-Pumpido ganó a su rival progresista por seis votos a cinco. Para cambiar ese método habría que retocar la Constitución. El PP ya propuso en 2013 como presidente a Francisco Pérez de los Cobos, que arguyó que era compatible ese cargo con ser militante de ese partido. Tras varios vetos anteriores, el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó la entrada en el tribunal del exconsejero popular madrileño Enrique López, que logró entrar gracias al voto de calidad del entonces presidente, Pascual Sala. Hay más precedentes y no solo en España. En Francia, el exjefe de Gobierno socialista Laurent Fabius es desde 2016 presidente del Consejo Constitucional. En Alemania, el político de la CDU Stephan Harbarth es desde 2020 presidente del Constitucional Federal.
Dos sectores sin lealtad mutua
En estas condiciones ambientales, el tribunal funciona ahora sin una lealtad mínima entre sus sectores, ahora divididos en siete componentes del llamado bando progresista y cinco del conservador. Un resultado que, sin embargo, solo se ha reproducido dos veces este año, las dos por sendos recursos de PP y Vox por temas relacionados con la Ley de Vivienda. Dos de esos 12 magistrados se han apartado de esta causa de la amnistía, por distintas razones, con lo que el plenario quedará repartido en seis de un lado frente a cuatro del otro. El tribunal ha dictado este año 136 sentencias, pero 116 por unanimidad, como han sido la mayoría tradicionalmente. No será el caso de esta sobre la amnistía.
Los magistrados se irán convocando desde este lunes con la finalidad de expurgar si la ley aprobada por el Gobierno y la mayoría parlamentaria en el Congreso resiste su examen en tres parámetros: constitucionalidad, razonabilidad y arbitrariedad. En la Constitución de 1978 la amnistía no está prohibida, pero tampoco permitida. Para aceptar la razonabilidad de la ley se mira que en la exposición de motivos se introduzcan algunos razonamientos mínimos, en esta ocasión palmarios hasta en su nombre: Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
La cuestión de la arbitrariedad no tiene que ver directamente con que el Gobierno de Pedro Sánchez haya necesitado, por coyuntura y motivaciones políticas evidentes, los siete votos de Junts para su investidura. Eso lo evaluarán los ciudadanos en unas elecciones y el Constitucional no se considera quién para enjuiciar las intenciones del legislador, como tampoco entró en el pasado en pactos de causa mayor, como el de aquel primer Gobierno de José María Aznar con Jordi Pujol en el hotel Majestic.
El expresidente Aznar, tan crítico con este Ejecutivo y esta amnistía, ya firmó en un solo día en mayo de 2003 por sorpresa 1.442 indultos, en contra del informe del Tribunal Supremo y bajo fuertes críticas de la oposición socialista. Junto a los condenados por el caso Filesa e insumisos, entre los beneficiarios del indulto estaba el exmagistrado Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación continuada en el caso Sogecable.
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