Hay muchos inmigrantes que llegan a España, incluso con sus familias, y que se desesperan cuando comprueban que no pueden trabajar ni tienen ningún tipo de documento. Entonces piensan en un último recurso, una recomendación que corre con el boca a boca, alguien que les asegura que pueden acelerar el proceso para establecerse legalmente si pagan una cantidad que puede ir de los 1.000 a 8.000 euros. Se agarran a esa posibilidad y reúnen las sumas de dinero, que algunos piden prestadas, para conseguir los ansiados papeles. “Es una doble victimización”, explica un responsable de UCRIF Central, la unidad de la Policía Nacional que se encarga de investigar a las redes de inmigración ilegal y falsedades documentales tanto a nivel nacional como internacional. “Si le ofrecen esto por ahí, se van a quedar sin 1.000 euros y sin permiso de residencia. Incluso, si hay una detención por falsedad documental, le va a impedir conseguir la residencia en un futuro”, advierte el mando policial, que pide se le dé difusión a este tipo de estafas para que la población migrante no sea engañada por las redes criminales que las ofrecen.
Una red vendía resguardos de protección internacional sin validez o tramitaba permisos de residencia por reagrupación familiar fraudulentos que tampoco prosperaban
Hay muchos inmigrantes que llegan a España, incluso con sus familias, y que se desesperan cuando comprueban que no pueden trabajar ni tienen ningún tipo de documento. Entonces piensan en un último recurso, una recomendación que corre con el boca a boca, alguien que les asegura que pueden acelerar el proceso para establecerse legalmente si pagan una cantidad que puede ir de los 1.000 a 8.000 euros. Se agarran a esa posibilidad y reúnen las sumas de dinero, que algunos piden prestadas, para conseguir los ansiados papeles. “Es una doble victimización”, explica un responsable de UCRIF Central, la unidad de la Policía Nacional que se encarga de investigar a las redes de inmigración ilegal y falsedades documentales tanto a nivel nacional como internacional. “Si le ofrecen esto por ahí, se van a quedar sin 1.000 euros y sin permiso de residencia. Incluso, si hay una detención por falsedad documental, le va a impedir conseguir la residencia en un futuro”, advierte el mando policial, que pide se le dé difusión a este tipo de estafas para que la población migrante no sea engañada por las redes criminales que las ofrecen.
Las víctimas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, en un país ajeno, cuyo sistema desconocen. “Hay muchos que realmente se ven abocados a esto. Son pobres hombres o mujeres, gente que no tiene dinero, lo pide prestado, y se ven estafados”, continúa el mando policial. Este agente dirigió una investigación en la que fueron detenidas en mayo 12 personas de entre 35 y 45 años que formaban parte de una red que se había especializado en estafar a inmigrantes sudamericanos recién llegados.
El grupo criminal tenía una facción en Guadalajara, donde hubo cinco arrestos, y que ofrecía esos resguardos de solicitante de protección internacional. “Es un documento bastante sencillo, que lleva la foto de la persona, la huella y un código QR”, detalla el agente. “Lo falsificaban con datos de terceras personas y los vendían por 1.000 euros”. “En algunos casos, acreditamos que creaba problemas al extranjero estafado, porque se lo creía y podía incluso presentar documentos, creyendo que eran buenos en una comisaría, con la intención de renovarlo, algo que podía aparejar una detención por llevar documentos falsos y hacer uso de ellos”, añade.
El grupo de Guadalajara también arreglaba matrimonios fraudulentos con varios familiares de uno de los máximos responsables, incluso con su propia pareja, señalan las fuentes consultadas. Tenían varias denuncias anteriores a nivel nacional por hechos similares, por ofrecer documentación, cobrar por ella, y no entregarla.
La modalidad más novedosa de estafa la protagonizó la rama investigada en la provincia de Toledo. Contaban con la colaboración de un empleado municipal que tenía acceso a bases de datos de funcionarios y se encargaba de tramitar los permisos de residencia por reagrupación familiar a través de la página web del Ministerio de Administraciones Públicas. El empleado del Consistorio conocía el funcionamiento de estos permisos por su empleo, pero no era parte de su trabajo, señalan las fuentes consultadas. Sin embargo, sí que sabía quiénes eran los extranjeros en situación irregular.
El proceso de reagrupación familiar permite que las personas residentes legalmente en España puedan traer a sus familiares como cónyuges, hijos o padres. Así se consigue para ellos un permiso de residencia temporal. El empleado del Consistorio está investigado por usar identidades digitales de personas sin permiso para tramitar estas solicitudes de reagrupación. “Algunos de esos expedientes se tramitaron directamente desde su puesto de trabajo del Ayuntamiento”, explican fuentes del caso. Según las pesquisas, la red utilizó la identidad de una mujer sin su consentimiento hasta en 17 ocasiones para pedir la reagrupación con diferentes inmigrantes en diferentes provincias. Ella nunca supo nada.
Las solicitudes se tramitaban en diferentes provincias, como Cádiz, Toledo, León o Madrid, con idea de despistar a la Administración, pero la treta no funcionó. “Esos expedientes no iban a acabar de ninguna manera (…) terminan frenándose en los sistemas”, dice el responsable de UCRIF Central.
La investigación comenzó en octubre de 2024 en Teruel, precisamente porque se detectó una situación similar. En este caso fueron cinco solicitudes a nombre de una misma persona que tampoco lo sabía. Los agentes de la brigada de Extranjería de Teruel supieron de esta situación, gracias a la colaboración con la Subdelegación del Gobierno. Con esa alerta comenzó una investigación a la que también se sumó la brigada provincial de Extranjería de Madrid y la UCRIF Central.“Pensaron que no a llamar la atención o iba a hacerlo menos por ser un lugar pequeño, pero los sistemas funcionaron adecuadamente y lanzaron el aviso”.
El grupo de investigados de Toledo también buscaba a candidatos para reagrupar a mujeres extranjeras a cambio de dinero. En esta ocasión, quienes colaboraban con ellos, sí que conocían a lo que se prestaban, un matrimonio de conveniencia falso, por el que pagaban y falseaban documentos. La investigación acreditó el pago y la recepción del dinero por las dos partes y la falsificación de empadronamiento de las personas que participaban y que “no se conocían en absoluto”. En este caso se enfrentan a delitos de falsificación de documento público y favorecimiento de la inmigración irregular. Los pagos que recibían estos miembros de la red iban desde los 3.000 a los 8.000 en función del trámite. Según los investigadores, contaban con una infraestructura para captar y derivar a los clientes.
Siete meses después del inicio de la investigación, los arrestados pasaron a disposición judicial en Teruel y fueron puestos en libertad con medidas cautelares mientras continúa la instrucción judicial del caso.
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