“Que hagan las infraestructuras y lo que sea necesario para que no se repita”, ha exigido Fernando Catalán, portavoz de la agrupación ciudadana de afectados por la dana Tots a una veu, este lunes en un acto celebrado en la Universitat Politècnica de València. El propósito de la convocatoria era presentar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la ley de aguas con el fin de poner las vidas humanas en el centro cuando se hagan obras en infraestructuras hidráulicas.
La Politécnica de Valencia acoge la presentación de la ILP que apoyan ingenieros y abogados con presencia de víctimas de las riadas mortales del 29 de octubre
“Que hagan las infraestructuras y lo que sea necesario para que no se repita”, ha exigido Fernando Catalán, portavoz de la agrupación ciudadana de afectados por la dana Tots a una veu, este lunes en un acto celebrado en la Universitat Politècnica de València. El propósito de la convocatoria era presentar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la ley de aguas con el fin de poner las vidas humanas en el centro cuando se hagan obras en infraestructuras hidráulicas.
Los impulsores de la iniciativa, que incluye a colectivos como la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) o el Colegio de la Abogacía de Madrid, piden también evitar la desinversión económica y mejorar la formación de los cargos de responsabilidad.
Los promotores de la ILP, que necesita 500.000 firmas para que el Congreso considere su debate, quieren añadirle tres principios a la norma: la protección de la integridad humana, la inversión suficiente para la mitigación de los riesgos naturales y la profesionalidad y capacidad técnica de los cargos de la administración pública, según ha explicado uno de los promotores, el consultor José Luis Belmonte. El plazo para presentar el documento ante la Junta Electoral Central termina el 25 de febrero de 2026.
En el acto también han participado representantes de algunas de las asociaciones que agrupan a las víctimas. Rosa María Álvarez de la Associació de Víctimes de la Dana 29-O es una de ellas. Ha destacado que “a los familiares no nos los van a devolver, pero sí sabemos que esto va a suceder de nuevo aunque no sabemos cuándo”. La riada, cuya responsabilidad penal se instruye actualmente, segó 228 vidas humanas y devastó buena parte de la provincia de Valencia.
Verónica Vicent, portavoz de la Asociación de Damnificados por la Dana l’Horta Sud, ha destacado en su intervención la importancia de que los políticos tengan la formación suficiente y del trabajo que hacen las universidades.
En el acto han participado el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Colegio de la Abogacía de Madrid y la Universitat Politècnica de València.
“Las sequías y las inundaciones son los fenómenos naturales que más impacto producen en España”, ha señalado Javier Machí, decano de la Comunidad Valenciana del Colegio de Caminos, Canales y Puertos. Machí ha asegurado que estos episodios se van a producir a lo largo de los años por “la situación del Mediterráneo y el cambio climático”. Machí compareció en el Senado el 25 de marzo y afirmó que si se hubieran llevado a cabo las obras del barranco del Poyo los daños hubieran sido menores, en referencia a las obras proyectadas para conectar los barrancos de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce del río Turia.
El abogado Rafael Ariño, experto en Derecho Público y Administrativo, ha lamentado que “la Comisión Europea ha señalado que España está invirtiendo menos de un tercio de lo necesario en estas infraestructuras”.
Álvarez, una de las víctimas, ha respondido a las intervenciones de los técnicos que en ese momento tenía “más preguntas que respuestas”, porque le quedaba la duda de “¿qué mecanismo se articulará para proteger a las personas?“. Ariño le ha respondido que “ya existen los planes hidrológicos y hay inversión prevista, pero el problema es que no se ejecuta. Si el principio de inversión suficiente está en la ley, yo puedo exigirle al juez que se ejecute. Pero si no está, no puedo”.
Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, ha cifrado en poco más de dos mil millones el coste de la inversión para mejorar infraestructuras de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la CHJ, antes de la dana. Ha remarcado que “es una cantidad mucho menor de lo que cuestan las reparaciones actuales”. Carrillo ha comenzado su intervención con un reproche: “con el alto grado de excelencia que tiene la ingeniería española, es inadmisible que se vuelva a producir un desastre humano y económico como el del 29 de octubre”.
Por su parte, José Luis Santa Isabel, presidente de FECOVAL, la patronal de las constructoras de obra pública, ha cargado contra las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), porque “contemplan la preservación de todas las especies, menos de la humana. Lo primero que hay que hacer es abolir la DIA en las obras cuyo objetivo sea la defensa humana”.
Joaquín Martínez, presidente del colegio de geólogos pasó la noche de la dana en un IKEA. La riada le pilló conduciendo por la pista de Silla. En su intervención ha criticado que las administraciones “no escuchen” a los geólogos. “La confederación del Segura y la del Júcar solo tienen un geólogo cada una”, ha lamentado.
Durante el acto, diferentes representantes han cargado contra los poderes públicos y han elogiado las virtudes de la sociedad civil. El moderador ha señalado al final del acto que “todos los poderes públicos, en mayor o menor medida, fallaron el 29 de octubre. Ha fallado la lentitud de la reconstrucción, pero sobre todo, falló el Estado cuando no hizo las obras preventivas aunque había informes técnicos para el barranco del Poyo, la Saleta…”.
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