Las sujeciones regulatorias que por dos décadas han obligado a los gobiernos a ceñir su política económica a los límites marcados por el Parlamento en los Presupuestos del Estado terminaron de saltar por los aires el año pasado. La información de detalle que el Ministerio de Hacienda ha proporcionado al Congreso -con retraso- sobre las modificaciones realizadas en el presupuesto prorrogado de 2025 desvela que el Gobierno no solo insistió en la práctica, cuestionada por el Tribunal de Cuentas , de extraer créditos asignados al Mecanismo Europeo de Recuperación para sufragar gastos ordinarios como las pensiones, sino que además accionó otras palancas igualmente dudosas para atender las obligaciones de gastos contraídas por el Estado como la ampliación del Fondo de Contingencia, algo no previsto en la normativa.Según fuentes parlamentarias, a la luz de esa información las cantidades movidas el año pasado a través de este tipo de argucias contables nunca antes vistas rondaría los 15.000 millones de euros, seis veces más que los 2.389 de créditos de fondos europeos usados en 2024 para pagar pensiones de asalariados y funcionarios que hicieron saltar las alarmas del Tribunal de Cuentas. Ese dinero se ha usado para gastos en pensiones y también para nóminas.Noticia relacionada No No El Gobierno cambió las reglas entre 2019 y 2020 para poder gastar a su antojo sin Presupuestos Bruno PérezEl encadenamiento de prórrogas presupuestarias y los compromisos crecientes de gasto adquiridos por el Gobierno han acabado por reventar las costuras de los Presupuestos. Conscientes de que la normativa nacional no proporciona herramientas para resolver esta situación, los equipos de Hacienda se han dedicado en los últimos tres años a idear nuevas escapatorias -el año de la pandemia ya se suspendieron de forma supuestamente transitoria un buen número de limitaciones para mover recursos entre partidas que nunca se llegaron a reactivar- para esquivar estas restricciones hasta el punto de eliminarlas casi por completo. Es lo que un alto cargo del Ministerio conocedor de esta estrategia define como «utilizar la técnica legislativa al límite para poder mantener la operatividad del Estado ante una prórroga presupuestaria».Por el camino se ha liquidado el marco presupuestario aún vigente. El derribo de la legislación presupuestaria vigenteEl punto de arranque de este derribo hay que situarlo en la Ley de Presupuestos de 2023. En previsión de que la espiral inflacionista pudiera desbordar las cuentas, el Gobierno introdujo un artículo que anulaba las limitaciones previstas en la Ley General Presupuestaria y le habilitaba para mover dinero entre partidas con la mera autorización de la ministra de Hacienda.La medida resultó útil, pero no suficiente. La evolución de los gastos comprometidos desbordó ya en 2024 la capacidad de los mecanismos ordinarios para ampliar créditos presupuestarios, las bajas de créditos de otros programas (facilitadas por el mencionado artículo), la utilización del fondo para imprevistos y el aprovechamiento de los ingresos fiscales extra no previstos en los PGE 2023, y obligó al Gobierno a extraer 2.300 millones de los fondos europeos para poder pagar las facturas. El real decreto ley de 2020 que reguló la ejecución de los fondos europeos prohibía aparentemente hacer tal cosa, pero Hacienda se ha ocupado de introducir en los criterios reguladores de las prórrogas presupuestarias -que se aprueban en Consejo de Ministros y no son públicos- una interpretación de la normativa que la permitía hacerlo.Un puñado de coartadas jurídicas Marco de la pandemia Presupuestos 2023 Retoques ‘ad hoc’ Las limitaciones regulatorias para gastar que se levantaron supuestamente de forma transitoria para gestionar los gastos extra derivados de la pandemia siguen activas. El Gobierno se aprovecha de un retoque legal que metió en 2023 para tener margen por si se agravaba la crisis de inflación para mover partidas de un lugar a otro sin control. En los últimos tres años se han convertido en ampliables partidas que no lo eran y se hanh modulado los criterios de la prórroga presupuestaria para tener coartada para tirar de los fondos europeos.El año pasado la cosa fue a peor y al Gobierno no le ha quedado otra que tirar aún más de los créditos de los fondos europeos y recurrir a otras maniobras nunca vistas, como ampliar la dotación del Fondo de Contingencia, que se triplicó de 3.130 a 9.653 millones de euros en un movimiento insólito desde su creación en 2003. «El Gobierno ha anulado el control del legislativo sobre el gasto público con la complicidad de sus socios parlamentarios» Alberto Nadal Secretario de Economía del PPHa habido más cosas. «Han prorrogado lo que les ha dado la gana: subvenciones nominativas, créditos cuyas obligaciones de pago vencían en 2023…todo lo han metido al mismo saco para poder gastar» denuncian fuentes parlamentarias. El pasado marzo el Gobierno reportó 600 páginas de modificaciones presupuestarias, algunas tan curiosas como la transferencia de 20 millones que en principio iban destinadas a indemnizaciones a ganaderos por ataques de lobos para dotar el Moves III e incentivar la compra de vehículos eléctricos.«Es una aberración», denuncia Alberto Nadal, secretario de Economía y Empleo del PP, partido que ha impulsado en el Parlamento medidas para frenar e ilegalizar estas prácticas. «El Gobierno ha anulado el control del legislativo sobre el gasto público con la complicidad de sus socios parlamentarios. Han convertido esto en la ley de la selva, han aumentado partidas sobre gastos ficticios y si hay una ley que les molesta se la quitan de en medio. Sin duda cambiaremos la ley para que no vuelva a pasar esto». Las sujeciones regulatorias que por dos décadas han obligado a los gobiernos a ceñir su política económica a los límites marcados por el Parlamento en los Presupuestos del Estado terminaron de saltar por los aires el año pasado. La información de detalle que el Ministerio de Hacienda ha proporcionado al Congreso -con retraso- sobre las modificaciones realizadas en el presupuesto prorrogado de 2025 desvela que el Gobierno no solo insistió en la práctica, cuestionada por el Tribunal de Cuentas , de extraer créditos asignados al Mecanismo Europeo de Recuperación para sufragar gastos ordinarios como las pensiones, sino que además accionó otras palancas igualmente dudosas para atender las obligaciones de gastos contraídas por el Estado como la ampliación del Fondo de Contingencia, algo no previsto en la normativa.Según fuentes parlamentarias, a la luz de esa información las cantidades movidas el año pasado a través de este tipo de argucias contables nunca antes vistas rondaría los 15.000 millones de euros, seis veces más que los 2.389 de créditos de fondos europeos usados en 2024 para pagar pensiones de asalariados y funcionarios que hicieron saltar las alarmas del Tribunal de Cuentas. Ese dinero se ha usado para gastos en pensiones y también para nóminas.Noticia relacionada No No El Gobierno cambió las reglas entre 2019 y 2020 para poder gastar a su antojo sin Presupuestos Bruno PérezEl encadenamiento de prórrogas presupuestarias y los compromisos crecientes de gasto adquiridos por el Gobierno han acabado por reventar las costuras de los Presupuestos. Conscientes de que la normativa nacional no proporciona herramientas para resolver esta situación, los equipos de Hacienda se han dedicado en los últimos tres años a idear nuevas escapatorias -el año de la pandemia ya se suspendieron de forma supuestamente transitoria un buen número de limitaciones para mover recursos entre partidas que nunca se llegaron a reactivar- para esquivar estas restricciones hasta el punto de eliminarlas casi por completo. Es lo que un alto cargo del Ministerio conocedor de esta estrategia define como «utilizar la técnica legislativa al límite para poder mantener la operatividad del Estado ante una prórroga presupuestaria».Por el camino se ha liquidado el marco presupuestario aún vigente. El derribo de la legislación presupuestaria vigenteEl punto de arranque de este derribo hay que situarlo en la Ley de Presupuestos de 2023. En previsión de que la espiral inflacionista pudiera desbordar las cuentas, el Gobierno introdujo un artículo que anulaba las limitaciones previstas en la Ley General Presupuestaria y le habilitaba para mover dinero entre partidas con la mera autorización de la ministra de Hacienda.La medida resultó útil, pero no suficiente. La evolución de los gastos comprometidos desbordó ya en 2024 la capacidad de los mecanismos ordinarios para ampliar créditos presupuestarios, las bajas de créditos de otros programas (facilitadas por el mencionado artículo), la utilización del fondo para imprevistos y el aprovechamiento de los ingresos fiscales extra no previstos en los PGE 2023, y obligó al Gobierno a extraer 2.300 millones de los fondos europeos para poder pagar las facturas. El real decreto ley de 2020 que reguló la ejecución de los fondos europeos prohibía aparentemente hacer tal cosa, pero Hacienda se ha ocupado de introducir en los criterios reguladores de las prórrogas presupuestarias -que se aprueban en Consejo de Ministros y no son públicos- una interpretación de la normativa que la permitía hacerlo.Un puñado de coartadas jurídicas Marco de la pandemia Presupuestos 2023 Retoques ‘ad hoc’ Las limitaciones regulatorias para gastar que se levantaron supuestamente de forma transitoria para gestionar los gastos extra derivados de la pandemia siguen activas. El Gobierno se aprovecha de un retoque legal que metió en 2023 para tener margen por si se agravaba la crisis de inflación para mover partidas de un lugar a otro sin control. En los últimos tres años se han convertido en ampliables partidas que no lo eran y se hanh modulado los criterios de la prórroga presupuestaria para tener coartada para tirar de los fondos europeos.El año pasado la cosa fue a peor y al Gobierno no le ha quedado otra que tirar aún más de los créditos de los fondos europeos y recurrir a otras maniobras nunca vistas, como ampliar la dotación del Fondo de Contingencia, que se triplicó de 3.130 a 9.653 millones de euros en un movimiento insólito desde su creación en 2003. «El Gobierno ha anulado el control del legislativo sobre el gasto público con la complicidad de sus socios parlamentarios» Alberto Nadal Secretario de Economía del PPHa habido más cosas. «Han prorrogado lo que les ha dado la gana: subvenciones nominativas, créditos cuyas obligaciones de pago vencían en 2023…todo lo han metido al mismo saco para poder gastar» denuncian fuentes parlamentarias. El pasado marzo el Gobierno reportó 600 páginas de modificaciones presupuestarias, algunas tan curiosas como la transferencia de 20 millones que en principio iban destinadas a indemnizaciones a ganaderos por ataques de lobos para dotar el Moves III e incentivar la compra de vehículos eléctricos.«Es una aberración», denuncia Alberto Nadal, secretario de Economía y Empleo del PP, partido que ha impulsado en el Parlamento medidas para frenar e ilegalizar estas prácticas. «El Gobierno ha anulado el control del legislativo sobre el gasto público con la complicidad de sus socios parlamentarios. Han convertido esto en la ley de la selva, han aumentado partidas sobre gastos ficticios y si hay una ley que les molesta se la quitan de en medio. Sin duda cambiaremos la ley para que no vuelva a pasar esto».
Las sujeciones regulatorias que por dos décadas han obligado a los gobiernos a ceñir su política económica a los límites marcados por el Parlamento en los Presupuestos del Estado terminaron de saltar por los aires el año pasado. La información de detalle que … el Ministerio de Hacienda ha proporcionado al Congreso -con retraso- sobre las modificaciones realizadas en el presupuesto prorrogado de 2025 desvela que el Gobierno no solo insistió en la práctica, cuestionada por el Tribunal de Cuentas, de extraer créditos asignados al Mecanismo Europeo de Recuperación para sufragar gastos ordinarios como las pensiones, sino que además accionó otras palancas igualmente dudosas para atender las obligaciones de gastos contraídas por el Estado como la ampliación del Fondo de Contingencia, algo no previsto en la normativa.
Según fuentes parlamentarias, a la luz de esa información las cantidades movidas el año pasado a través de este tipo de argucias contables nunca antes vistas rondaría los 15.000 millones de euros, seis veces más que los 2.389 de créditos de fondos europeos usados en 2024 para pagar pensiones de asalariados y funcionarios que hicieron saltar las alarmas del Tribunal de Cuentas. Ese dinero se ha usado para gastos en pensiones y también para nóminas.
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Bruno Pérez
El encadenamiento de prórrogas presupuestarias y los compromisos crecientes de gasto adquiridos por el Gobierno han acabado por reventar las costuras de los Presupuestos. Conscientes de que la normativa nacional no proporciona herramientas para resolver esta situación, los equipos de Hacienda se han dedicado en los últimos tres años a idear nuevas escapatorias -el año de la pandemia ya se suspendieron de forma supuestamente transitoria un buen número de limitaciones para mover recursos entre partidas que nunca se llegaron a reactivar- para esquivar estas restricciones hasta el punto de eliminarlas casi por completo. Es lo que un alto cargo del Ministerio conocedor de esta estrategia define como «utilizar la técnica legislativa al límite para poder mantener la operatividad del Estado ante una prórroga presupuestaria».Por el camino se ha liquidado el marco presupuestario aún vigente.
El derribo de la legislación presupuestaria vigente
El punto de arranque de este derribo hay que situarlo en la Ley de Presupuestos de 2023. En previsión de que la espiral inflacionista pudiera desbordar las cuentas, el Gobierno introdujo un artículo que anulaba las limitaciones previstas en la Ley General Presupuestaria y le habilitaba para mover dinero entre partidas con la mera autorización de la ministra de Hacienda.
La medida resultó útil, pero no suficiente. La evolución de los gastos comprometidos desbordó ya en 2024 la capacidad de los mecanismos ordinarios para ampliar créditos presupuestarios, las bajas de créditos de otros programas (facilitadas por el mencionado artículo), la utilización del fondo para imprevistos y el aprovechamiento de los ingresos fiscales extra no previstos en los PGE 2023, y obligó al Gobierno a extraer 2.300 millones de los fondos europeos para poder pagar las facturas. El real decreto ley de 2020 que reguló la ejecución de los fondos europeos prohibía aparentemente hacer tal cosa, pero Hacienda se ha ocupado de introducir en los criterios reguladores de las prórrogas presupuestarias -que se aprueban en Consejo de Ministros y no son públicos- una interpretación de la normativa que la permitía hacerlo.
Un puñado de coartadas jurídicas
| Marco de la pandemia | Presupuestos 2023 Retoques ‘ad hoc’ | |
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| Las limitaciones regulatorias para gastar que se levantaron supuestamente de forma transitoria para gestionar los gastos extra derivados de la pandemia siguen activas. | El Gobierno se aprovecha de un retoque legal que metió en 2023 para tener margen por si se agravaba la crisis de inflación para mover partidas de un lugar a otro sin control. | En los últimos tres años se han convertido en ampliables partidas que no lo eran y se hanh modulado los criterios de la prórroga presupuestaria para tener coartada para tirar de los fondos europeos. |
El año pasado la cosa fue a peor y al Gobierno no le ha quedado otra que tirar aún más de los créditos de los fondos europeos y recurrir a otras maniobras nunca vistas, como ampliar la dotación del Fondo de Contingencia, que se triplicó de 3.130 a 9.653 millones de euros en un movimiento insólito desde su creación en 2003.
«El Gobierno ha anulado el control del legislativo sobre el gasto público con la complicidad de sus socios parlamentarios»
Alberto Nadal
Secretario de Economía del PP
Ha habido más cosas. «Han prorrogado lo que les ha dado la gana: subvenciones nominativas, créditos cuyas obligaciones de pago vencían en 2023…todo lo han metido al mismo saco para poder gastar» denuncian fuentes parlamentarias. El pasado marzo el Gobierno reportó 600 páginas de modificaciones presupuestarias, algunas tan curiosas como la transferencia de 20 millones que en principio iban destinadas a indemnizaciones a ganaderos por ataques de lobos para dotar el Moves III e incentivar la compra de vehículos eléctricos.
«Es una aberración», denuncia Alberto Nadal, secretario de Economía y Empleo del PP, partido que ha impulsado en el Parlamento medidas para frenar e ilegalizar estas prácticas. «El Gobierno ha anulado el control del legislativo sobre el gasto público con la complicidad de sus socios parlamentarios. Han convertido esto en la ley de la selva, han aumentado partidas sobre gastos ficticios y si hay una ley que les molesta se la quitan de en medio. Sin duda cambiaremos la ley para que no vuelva a pasar esto».
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