El Gobierno entrega al Supremo la lista con los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo la lista con las identidades de los nacionalizados por la llamada ley de nietos que le reclamó el pasado viernes. Aunque la Abogacía del Estado cifró en 163.020 personas los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) afectados por la suspensión del derecho al voto decretada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fuentes del Gobierno señalan que la relación final, tras repasar todos los expedientes, contiene un total de 163.355 nombres. Todos tienen paralizado el derecho al sufragio, salvo aquellos a los que consulados expidan un certificado que acredite que son hijos o nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual.

El Ejecutivo ha entregado los nombres de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática después de que el Supremo diera el pasado viernes cinco días a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares para que remitieran esa lista al alto tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral y les amenazara con una multa y posibles responsabilidades penales si no cumplían antes de las 15.00 de este miércoles. Fuentes del Gobierno señalan que Exteriores ha coordinado la labor que realizaban los consulados para revisar los expedientes de nacionalización en las distintas oficinas consulares, y ha autorizado la contratación de todas las asistencias técnicas solicitadas para poder entregar la lista en el plazo señalado.

La Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo que, al incluir datos sensibles de carácter personal, declare el listado como reservado para evitar que Vox y el partido extraparlamentario Iustitia Europa ―que forman parte del procedimiento porque fueron quienes llevaron el CERA de la ley de nietos al alto tribunal― “puedan hacer un uso malicioso o ilegítimo de esa información”. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes envió a la Oficina del Censo Electoral ya el pasado 15 de octubre el listado de 76.600 personas que constan en el Registro Civil digital (conocido como Dicireg) como nacionalizadas bajo el paraguas de la ley de nietos, que es la única información que constaba en ese departamento.

Fuentes del Gobierno aseguran que la Oficina del Censo remitió ese listado al Supremo el 21 de octubre, pese a que el alto tribunal, en dos autos notificados el día 23, aseguraba no tener la identidad de ninguno de los afectados y reprochó al Ejecutivo que solo le hubiera facilitado la cifra de los nacionalizados por la Ley de Memoria inscritos en el CERA a fecha del pasado 1 de agosto, que es el censo válido para el 29-N.

Según los jueces, el último escrito entregado al tribunal el 21 de octubre incluía tres documentos: dos informes de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y uno del Instituto Nacional de Estadística, en los que se explicaba que, hasta ese día, se habían revisado 31.390 expedientes de nacionalizados por la ley de nietos, de los que se habían expedido solo 91 certificados por parte de los encargados de los Registros Consulares a personas que han acreditado el exilio de sus padres o abuelos. “Puesto que la Administración conoce perfectamente, porque ha tramitado y resuelto estos expedientes, la identidad de todas estas personas, no se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores, máxime cuando hay un proceso electoral convocado y, por aplicación de las medidas cautelares de suspensión impuestas, estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración”, señaló el tribunal.

Los 163.355 nuevos españoles incluidos en el listado entregado ahora por Justicia obtuvieron la nacionalidad española acogiéndose al procedimiento previsto en la Ley de Memoria Democrática, publicada el 19 de octubre de 2022 y que permitía adquirir la condición de español a hijos y nietos de exiliados por razones políticas; y a la instrucción dictada seis días más tarde por el Ministerio de Justicia, que ampliaba los supuestos que permitían optar a la nacionalidad y reconocía la presunción de exilio a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1975. El Supremo suspendió el voto de todos, pero acordó que quienes hayan obtenido la nacionalidad al amparo de la ley podrán votar si presentan un certificado del consulado que acredite su condición de descendiente del exilio.