La Fundación considera que «podría constituir delitos de impedimento del ejercicio de derechos cívicos, impedimento de actos de culto y prevaricación».Más información: La Justicia da la razón a Abogados Cristianos y anula el derribo de una cruz en Dueñas: «No menosprecia a las víctimas» La Fundación considera que «podría constituir delitos de impedimento del ejercicio de derechos cívicos, impedimento de actos de culto y prevaricación».Más información: La Justicia da la razón a Abogados Cristianos y anula el derribo de una cruz en Dueñas: «No menosprecia a las víctimas»
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia penal contra el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y, subsidiariamente, contra el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.
Ello después de que varios agentes de la Policía Nacional «impidieran» a su presidenta, Polonia Castellanos, acceder a una calle «donde se manifestaban partidarios del aborto».
Los hechos ocurrieron el pasado 7 de marzo, cuando se celebraron en Valladolid dos concentraciones de signo contrario: una contra la inclusión del aborto como derecho constitucional, en la calle Gabilondo, y otra a favor del aborto, en la cercana calle San José.
Al finalizar la primera, Castellanos intentó dirigirse al local de la asociación Refugio Provida, situado en la zona de la segunda concentración, «para comprobar unas pintadas que había sufrido el establecimiento». «Sin embargo, varios agentes le impidieron el paso«, asegura Abogados Cristianos.
Según las grabaciones aportadas por la Fundación, uno de los policías reconoció que el motivo era que Castellanos venía de una concentración «con pensamiento diferente». «Mientras tanto, otros viandantes podían circular libremente por el mismo lugar», señala Abogados Cristianos.
Y apunta que «los agentes también admitieron que no consideraban que la presidenta de Abogados Cristianos fuera a provocar ningún incidente y que el posible conflicto podía proceder de los manifestantes contrarios».
Un expediente sancionador
Posteriormente, la Subdelegación del Gobierno en Valladolid inició un expediente sancionador contra Castellanos por una presunta infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, con una multa propuesta de 601 euros.
La presidenta de Abogados Cristianos presentó alegaciones el pasado 4 de noviembre, en las que niega haber increpado o desobedecido a los agentes, sostiene que las grabaciones demuestran su actitud pacífica y solicita el archivo del procedimiento.
La Fundación considera que estos hechos «podrían constituir delitos de impedimento del ejercicio de derechos cívicos, impedimento de actos de culto y prevaricación, con la agravante de discriminación ideológica y religiosa».
Por ello, solicita al Tribunal de Instancia de Valladolid que investigue la actuación policial, las órdenes impartidas durante el dispositivo y las posibles responsabilidades de las autoridades denunciadas.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que «es inadmisible que se impida circular a una persona por sus ideas mientras se permite pasar a otros ciudadanos y que, además, se pretenda multarla por cuestionar esa actuación».
«La Policía debe garantizar los derechos de todos, no restringir los de quienes piensan diferente», zanja.
El Español – Castilla y León
