La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), tiene un plan para construir 40 residencias en suelo público. Y eso pasa por aliarse con municipios que le cedan terrenos para que empresas privadas construyan los centros y a cambio exploten en ellos su negocio durante décadas, como ocurre con el modelo de la educación concertada. El Ayuntamiento de la capital ya anunció a finales de mayo que cedía para el proyecto 19 parcelas municipales ―casi la mitad de las previstas en el plan―, distribuidas por 13 distritos de la ciudad. El valor de estos terrenos asciende a 87,8 millones de euros, según información obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Sin embargo, esa cifra solo refleja el valor contable en el inventario municipal, no el valor catastral o el de mercado. Por ejemplo, la única parcela que ya ha salido a concurso, en la calle Oslo, tiene un valor de 648.197,12 para el Consistorio, cuando su valor catastral es de dos millones, según documentación pública. Eso quiere decir que los 87,8 millones en los que calcula Madrid el lote completo pueden tener un valor mucho mayor.
El Ayuntamiento de la capital transfiere casi 200.000 metros cuadrados de suelo municipal que las empresas concesionarias podrán explotar durante décadas, con un modelo similar al de la educación concertada
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), tiene un plan para construir 40 residencias en suelo público. Y eso pasa por aliarse con municipios que le cedan terrenos para que empresas privadas construyan los centros y a cambio exploten en ellos su negocio durante décadas, como ocurre con el modelo de la educación concertada. El Ayuntamiento de la capital ya anunció a finales de mayo que cedía para el proyecto 19 parcelas municipales ―casi la mitad de las previstas en el plan―, distribuidas por 13 distritos de la ciudad. El valor de estos terrenos asciende a 87,8 millones de euros, según información obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Sin embargo, esa cifra solo refleja el valor contable en el inventario municipal, no el valor catastral o el de mercado. Por ejemplo, la única parcela que ya ha salido a concurso, en la calle Oslo, tiene un valor de 648.197,12 para el Consistorio, cuando su valor catastral es de dos millones, según documentación pública. Eso quiere decir que los 87,8 millones en los que calcula Madrid el lote completo pueden tener un valor mucho mayor.
Son las cifras de un negocio en el que se mezclan intereses públicos y privados. En total, las parcelas cedidas por el Ayuntamiento suman casi 200.000 metros cuadrados de superficie que pasan a manos del Gobierno regional y, de ahí, a las compañías que monten y gestionen los centros. “El equivalente a 20 veces la Plaza Mayor”, escribieron en la nota enviada a medios desde el Consistorio.
Sobre esa superficie, son múltiples las posibilidades de ingreso auspiciadas por el modelo de las dos administraciones del PP. Además de los beneficios millonarios que pueden llegar a cobrar las empresas que ganen los concursos por las plazas públicas que oferten a precio tasado, también sumarán los obtenidos con las privadas ―mayoritarias y más caras― y los añadidos con servicios como parking o cafetería.
El tamaño y valor de las 19 parcelas son variados: de los 4.010 metros cuadrados la más pequeña, valorada en 430.231 euros y ubicada en el distrito de Ciudad Lineal, a los 20.000 metros cuadrados (casi tres campos de fútbol) por valor de 14,1 millones de euros la de mayor tamaño, que se construirá en Fuencarral-El Pardo, cerca de La Moraleja. El valor económico de los terrenos aportado por el Ayuntamiento, al tratarse de bienes de dominio público, es el “contable en el Inventario de Patrimonio de Suelo”, no el precio de mercado, que será previsiblemente mayor.
Sobre por qué se han escogido estos terrenos, el Ayuntamiento responde, a través de transparencia, que se han cedido tras una solicitud de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, para incorporarlas “al Plan de Construcción de Centros 2024-2030″. Es la fórmula público-privada con la que el Gobierno de Ayuso planea ceder ―empezó en 2019― 100 parcelas públicas que serán explotadas durante décadas por operadores privados. Los terrenos son, en su mayoría, de origen municipal y cedidos de forma gratuita, como los 19, sin utilizar hasta ahora, del consistorio madrileño. Sobre los solares se construirán colegios privados concertados, viviendas de alquiler asequible o residencias y centros de día.
Antes de que el Gobierno de José Luis Martínez Almeida (PP) anunciara la gran cesión de patrimonio público, el plan de las residencias de Ayuso echó a andar con la publicación del primer contrato para uno de los centros, que da una pista de lo que se puede esperar para los otros 39. Se construirá en una parcela de 8.794 metros cuadrados de la calle Oslo, en el distrito de San Blas Canillejas, cuyo valor catastral es de dos millones de euros, por encima de los 648.197 que calcula el Ayuntamiento. La empresa que resulte ganadora tendrá dos vías de negocio. Por un lado, las 80 plazas públicas (60 de residencia y 20 de centro de día), a un precio estipulado por la Comunidad, y, por el otro, las 120 privadas (90 de residencia y 30 de centro de día), a precio de mercado y que constituyen gran parte del negocio de estos centros, según la documentación consultada por EL PAÍS. En este caso, la concesión del terreno será de 70 años prorrogables a los 75, el máximo permitido por la ley.
La Administración calcula que la compañía podrá llegar a cobrar dos millones de euros anuales por las plazas públicas, a lo que sumará lo ganado con las privadas, mucho más caras, y los negocios extra, como cafetería o parking. En los pliegos se incluyen, además, los siguientes servicios: podología, fisioterapia, salas de descanso, tanatorio o sala para libertad espiritual, entre otros. Con esto, la empresa recuperará los 16,7 millones de euros que costará construir y equipar la residencia, según cálculos de la Comunidad. El concesionario, más allá de ofertar huecos públicos, no tendrá ninguna otra limitación para desarrollar su actividad y tampoco tendrá que pagar un canon por explotar suelo público. “La existencia de una parte de las plazas necesariamente puestas a disposición de la administración y no poder establecer un precio privado para las mismas compensa cualquier canon que se pudiera establecer en contraprestación de la concesión”, recoge la memoria.
Con la residencia de la calle Oslo se da el pistoletazo de salida a un modelo que se replicará en los otros 18 terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid y los 21 restantes de otras localidades, hasta completar los 40 nuevos centros de mayores. “Es el reto residencial más ambicioso de la historia de esta Comunidad”, dijo Ayuso cuando anunció el plan durante el Debate del Estado de la Región, en septiembre de 2024. El objetivo es que estén todas listas para 2030.
Por ahora, ya hay 19 ubicadas, y la decisión de Almeida de ceder esos 200.000 metros cuadrados de suelo público ha sido muy criticada por la oposición.
Ana Lima, concejala del PSOE y portavoz de políticas sociales del grupo, dice que “se presenta como un plan ideal”, pero considera que es “aún más crudo” que el de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad. “La empresa privada lo explota durante 75 años; con el modelo Aguirre muchas eran 50. Es un modelo destinado a que se lo pueda permitir quien tenga mejores pensiones y más patrimonio, y el resto a la lista de espera para una plaza pública”, comenta por teléfono. Para la edil, sí hacen falta residencias en Madrid, aunque no así, matiza: “Se necesitan pequeñas residencias en los barrios, cercanas a cada comunidad y de gestión pública. En este modelo de negocio empiezan a entrar empresas que muchas veces ni siquiera están especializadas en el sector y, al concursar, tienden a la baja: no cumplen ratios de personal, la comida es de mala calidad… Las quejas ya se conocen”.
Coincide Mar Barberán, edil de Más Madrid, que lo califica de “vergüenza”, “escándalo” y “modelo masificado y precarizado”. “No solo por la sangría que supone la pérdida del valor monetario de esas parcelas, sino por el daño irreparable que representa renunciar a construir los recursos que una ciudad como Madrid exige y merece”, critica la concejala. Con la cesión de los solares, opina, “se abre la puerta a que empresas hagan negocio a costa de los cuidados, que se pisoteen las condiciones laborales de las trabajadoras del sector y que se vulnere de forma flagrante el derecho de las personas mayores a una atención digna y de calidad”.
La idea de Ayuso es que las 40 residencias público-privadas estén listas para 2030, dentro de cuatro años. Si todas se construyen entre el año que viene y la fecha prometida, los 200.000 metros cuadrados de la capital ―más los otros cientos de miles del resto de localidades― dejarán el patrimonio público hasta, mínimo, 2097, si la concesión es igual a la avanzadilla de la calle Oslo.
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