Obtuvo 10.085 millones de euros de financiación efectiva a competencias homogéneas frente a unos ingresos tributarios de 7.762 millones. Más información: Castilla y León presenta un saldo positivo de 2.370 millones en financiación autonómica en 2022 Obtuvo 10.085 millones de euros de financiación efectiva a competencias homogéneas frente a unos ingresos tributarios de 7.762 millones. Más información: Castilla y León presenta un saldo positivo de 2.370 millones en financiación autonómica en 2022
Castilla y León recibió en 2024 un total de 2.323 millones de euros más de los que obtuvo por ingresos tributarios a través del sistema de financiación autonómica, según el informe sobre la liquidación del modelo correspondiente al pasado ejercicio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Pese a ello, la Comunidad perdió medio punto de peso relativo en financiación efectiva por habitante ajustado, un indicador que la Junta utiliza para denunciar que el actual modelo de financiación «perjudica» a la autonomía.
El estudio, recogido por Ical, señala que Castilla y León obtuvo 10.085 millones de euros de financiación efectiva a competencias homogéneas (10.197 millones en términos de financiación normativa), frente a unos ingresos tributarios de 7.762 millones, lo que arroja un saldo positivo de 2.323 millones de euros, equivalente al 29,9% de la recaudación fiscal autonómica.
En términos absolutos, Castilla y León fue la cuarta comunidad que más recursos adicionales recibió, solo por detrás de Andalucía (6.114 millones), Canarias (4.439 millones) y Galicia (2.844 millones). En el lado contrario, Madrid fue la principal aportante al sistema, con 8.681 millones de euros, seguida de Cataluña (2.315 millones) y Baleares (413 millones).
El informe cifra en casi 25.000 millones de euros los recursos que el sistema redistribuye entre las comunidades de régimen común por encima de sus ingresos tributarios.
De esa cantidad, algo más de 13.200 millones proceden del Estado, mientras que otros 11.400 millones son aportados por las comunidades con mayor renta per cápita, principalmente Madrid, que asume el 76% de ese esfuerzo.
En las autonomías receptoras, las transferencias superan el 20% de los ingresos tributarios en diez casos, con especial incidencia en Extremadura y Canarias, donde representan más del 72% y del 96%, respectivamente.
Pierde peso relativo pese al aumento de recursos
Aunque la financiación de Castilla y León creció en 2024, lo hizo por debajo de la media nacional. Mientras el conjunto de las comunidades de régimen común incrementó su financiación efectiva un 9,45%, hasta los 166.833 millones de euros, la Comunidad registró un aumento del 8,2%.
La financiación efectiva por habitante se situó en Castilla y León en 3.874 euros, un 7,5% más que el año anterior y por encima de la media nacional, fijada en 3.666 euros.
La Comunidad ocupó la sexta posición del ranking autonómico, por detrás de Cantabria, La Rioja, Extremadura, Baleares y Canarias.
Sin embargo, el indicador de financiación por habitante ajustado, que corrige variables como la dispersión, el envejecimiento o la superficie, descendió del 106,2% de la media nacional en 2023 al 105,7% en 2024, una pérdida de medio punto.
El informe de Fedea constata que las posiciones relativas de las comunidades variaron de forma significativa entre 2023 y 2024, debido principalmente a la evolución desigual de los ingresos tributarios. Madrid y Aragón fueron las autonomías que más mejoraron su posición, mientras que Baleares registró el mayor retroceso, seguida de Extremadura y Cantabria.
La Junta insiste en reformar el modelo
Los datos respaldan las críticas que mantiene desde hace años el Gobierno de Castilla y León sobre el actual sistema de financiación autonómica, aprobado en 2009 y pendiente de renovación desde 2014.
El Ejecutivo autonómico sostiene que el modelo no compensa adecuadamente el coste de prestar servicios públicos en una comunidad con baja densidad de población, envejecimiento y elevada dispersión territorial.
El próximo 4 de septiembre está convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que el Gobierno central pretende abordar una propuesta de reforma del sistema.
La iniciativa cuenta con el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas, que reclaman negociar un nuevo modelo desde cero y critican que la propuesta responda al acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y ERC para Cataluña.
El Español – Castilla y León
