Según Pedro Sánchez, quienes ayer tumbaron en el Congreso sus dos ‘decretos Maricarmen’ serán juzgados por ello. Juzguémoslos, pues, pero por lo que de verdad tumbaron. Cabría pensar que unas normas aprobadas en nombre de los más vulnerables solo podían protegerlos; basta, sin embargo, repasar su contenido para comprobar que lo que decayó no era un escudo para los inquilinos, sino un mecanismo para expropiar a los propietarios y cerrar aún más el mercado a quienes buscan piso.El primer decreto suspendía hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional (incluso de okupas que hubiesen entrado con violencia o intimidación), blindaba en idénticas circunstancias al inquilino que dejase de pagar hasta que su comunidad autónoma le ofreciera otro techo o saldara su deuda y limitaba la subida de las rentas al 2% (o al 0% si, en zonas tensionadas, superaban el índice oficial) con la inflación rozando el 5%. Con ello se hundía el valor de toda vivienda no vacía y se empujaba a muchos dueños a malvenderla. ¿A quién? No a las sociedades que adquieren inmuebles problemáticos (los llamados «fondos buitre»), a las que el mismo decreto prohibía comprar por debajo del 70% de la tasación, sino, a efectos prácticos, al único comprador exento de ese límite: el sector público. El Estado creaba el problema, forzaba al propietario a vender, expulsaba de la puja a sus competidores y se quedaba con la vivienda a precio de saldo: so pretexto de combatir a los fondos buitre, el Gobierno se reservaba el monopolio de la carroña.El segundo decreto, impulsado por Sumar, iba aún más lejos. Los contratos de alquiler residencial se prorrogaban indefinidamente por sucesivos periodos de cinco años (siete, si el arrendador era una empresa) y el casero que quisiera recuperar su vivienda debía pagarle al inquilino al menos doce mensualidades, no de la renta que cobraba, sino de la de mercado de una vivienda análoga. Quien alquiló en 2019 por 800 euros un piso que hoy se arrendaría por 1.100 tendría que abonar 13.200 euros, más de dieciséis veces la renta pactada: cuanto más generoso hubiese sido con su inquilino, más caro le saldría recuperar lo suyo. Para colmo, salvo que necesitase la vivienda para sí o un familiar, en la práctica solo se libraba de pagar si el inquilino rechazaba renovar a una renta casi congelada; la deuda pasaba al comprador si vendía; y todo ello se aplicaba también a los contratos vigentes.¿Qué cabía esperar de semejante marco? Menos viviendas en alquiler, rentas iniciales más altas (si salir del contrato cuesta un año de renta, el casero cobrará de entrada lo que no podrá cobrar después) y una selección más estricta de inquilinos que dejaría fuera a jóvenes, temporales y recién llegados. Esto es, un mercado partido en dos : dentro, quienes ya tienen contrato, blindados; fuera, todos los demás, compitiendo por viviendas cada vez más escasas y caras. Ninguno de los decretos construía una sola casa; ambos ahuyentaban a quienes podrían construirlas o sacarlas en alquiler. Lo que el Congreso tumbó ayer no fue la protección del inquilino, sino una nueva vuelta de tuerca en contra de quienes todavía aspiran a serlo. Según Pedro Sánchez, quienes ayer tumbaron en el Congreso sus dos ‘decretos Maricarmen’ serán juzgados por ello. Juzguémoslos, pues, pero por lo que de verdad tumbaron. Cabría pensar que unas normas aprobadas en nombre de los más vulnerables solo podían protegerlos; basta, sin embargo, repasar su contenido para comprobar que lo que decayó no era un escudo para los inquilinos, sino un mecanismo para expropiar a los propietarios y cerrar aún más el mercado a quienes buscan piso.El primer decreto suspendía hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional (incluso de okupas que hubiesen entrado con violencia o intimidación), blindaba en idénticas circunstancias al inquilino que dejase de pagar hasta que su comunidad autónoma le ofreciera otro techo o saldara su deuda y limitaba la subida de las rentas al 2% (o al 0% si, en zonas tensionadas, superaban el índice oficial) con la inflación rozando el 5%. Con ello se hundía el valor de toda vivienda no vacía y se empujaba a muchos dueños a malvenderla. ¿A quién? No a las sociedades que adquieren inmuebles problemáticos (los llamados «fondos buitre»), a las que el mismo decreto prohibía comprar por debajo del 70% de la tasación, sino, a efectos prácticos, al único comprador exento de ese límite: el sector público. El Estado creaba el problema, forzaba al propietario a vender, expulsaba de la puja a sus competidores y se quedaba con la vivienda a precio de saldo: so pretexto de combatir a los fondos buitre, el Gobierno se reservaba el monopolio de la carroña.El segundo decreto, impulsado por Sumar, iba aún más lejos. Los contratos de alquiler residencial se prorrogaban indefinidamente por sucesivos periodos de cinco años (siete, si el arrendador era una empresa) y el casero que quisiera recuperar su vivienda debía pagarle al inquilino al menos doce mensualidades, no de la renta que cobraba, sino de la de mercado de una vivienda análoga. Quien alquiló en 2019 por 800 euros un piso que hoy se arrendaría por 1.100 tendría que abonar 13.200 euros, más de dieciséis veces la renta pactada: cuanto más generoso hubiese sido con su inquilino, más caro le saldría recuperar lo suyo. Para colmo, salvo que necesitase la vivienda para sí o un familiar, en la práctica solo se libraba de pagar si el inquilino rechazaba renovar a una renta casi congelada; la deuda pasaba al comprador si vendía; y todo ello se aplicaba también a los contratos vigentes.¿Qué cabía esperar de semejante marco? Menos viviendas en alquiler, rentas iniciales más altas (si salir del contrato cuesta un año de renta, el casero cobrará de entrada lo que no podrá cobrar después) y una selección más estricta de inquilinos que dejaría fuera a jóvenes, temporales y recién llegados. Esto es, un mercado partido en dos : dentro, quienes ya tienen contrato, blindados; fuera, todos los demás, compitiendo por viviendas cada vez más escasas y caras. Ninguno de los decretos construía una sola casa; ambos ahuyentaban a quienes podrían construirlas o sacarlas en alquiler. Lo que el Congreso tumbó ayer no fue la protección del inquilino, sino una nueva vuelta de tuerca en contra de quienes todavía aspiran a serlo.
Según Pedro Sánchez, quienes ayer tumbaron en el Congreso sus dos ‘decretos Maricarmen’ serán juzgados por ello. Juzguémoslos, pues, pero por lo que de verdad tumbaron. Cabría pensar que unas normas aprobadas en nombre de los más vulnerables solo podían protegerlos; basta, sin embargo, repasar … su contenido para comprobar que lo que decayó no era un escudo para los inquilinos, sino un mecanismo para expropiar a los propietarios y cerrar aún más el mercado a quienes buscan piso.
El primer decreto suspendía hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional (incluso de okupas que hubiesen entrado con violencia o intimidación), blindaba en idénticas circunstancias al inquilino que dejase de pagar hasta que su comunidad autónoma le ofreciera otro techo o saldara su deuda y limitaba la subida de las rentas al 2% (o al 0% si, en zonas tensionadas, superaban el índice oficial) con la inflación rozando el 5%. Con ello se hundía el valor de toda vivienda no vacía y se empujaba a muchos dueños a malvenderla. ¿A quién? No a las sociedades que adquieren inmuebles problemáticos (los llamados «fondos buitre»), a las que el mismo decreto prohibía comprar por debajo del 70% de la tasación, sino, a efectos prácticos, al único comprador exento de ese límite: el sector público. El Estado creaba el problema, forzaba al propietario a vender, expulsaba de la puja a sus competidores y se quedaba con la vivienda a precio de saldo: so pretexto de combatir a los fondos buitre, el Gobierno se reservaba el monopolio de la carroña.
El segundo decreto, impulsado por Sumar, iba aún más lejos. Los contratos de alquiler residencial se prorrogaban indefinidamente por sucesivos periodos de cinco años (siete, si el arrendador era una empresa) y el casero que quisiera recuperar su vivienda debía pagarle al inquilino al menos doce mensualidades, no de la renta que cobraba, sino de la de mercado de una vivienda análoga. Quien alquiló en 2019 por 800 euros un piso que hoy se arrendaría por 1.100 tendría que abonar 13.200 euros, más de dieciséis veces la renta pactada: cuanto más generoso hubiese sido con su inquilino, más caro le saldría recuperar lo suyo. Para colmo, salvo que necesitase la vivienda para sí o un familiar, en la práctica solo se libraba de pagar si el inquilino rechazaba renovar a una renta casi congelada; la deuda pasaba al comprador si vendía; y todo ello se aplicaba también a los contratos vigentes.
¿Qué cabía esperar de semejante marco? Menos viviendas en alquiler, rentas iniciales más altas (si salir del contrato cuesta un año de renta, el casero cobrará de entrada lo que no podrá cobrar después) y una selección más estricta de inquilinos que dejaría fuera a jóvenes, temporales y recién llegados. Esto es, un mercado partido en dos: dentro, quienes ya tienen contrato, blindados; fuera, todos los demás, compitiendo por viviendas cada vez más escasas y caras. Ninguno de los decretos construía una sola casa; ambos ahuyentaban a quienes podrían construirlas o sacarlas en alquiler. Lo que el Congreso tumbó ayer no fue la protección del inquilino, sino una nueva vuelta de tuerca en contra de quienes todavía aspiran a serlo.
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