Un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, relegara todas las explicaciones sobre el ático al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, este ha querido añadir un ángulo más a la polémica, una reflexión que, a su juicio, se está pasando por alto y por la que no le han preguntado: “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos y sí la tienen muchos ministros”.
Los expertos en urbanismo advierten de que el piso de Chamberí solo permite uso residencial ordinario, no uno vinculado al cargo
Un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, relegara todas las explicaciones sobre el ático al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, este ha querido añadir un ángulo más a la polémica, una reflexión que, a su juicio, se está pasando por alto y por la que no le han preguntado: “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos y sí la tienen muchos ministros”.
Es cierto, Madrid nunca ha contado con residencia oficial para el líder autonómico. Sin embargo, las palabras de García Martín se contradicen con dos hechos: primero, que la explicación inicial del Gobierno regional fue que el ático de 485 metros cuadrados sería una oficina temporal mientras se completaban unas obras en la sede de la presidencia, en la Puerta del Sol, algo que no permite la normativa municipal; el segundo es que el inmueble, adquirido por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros, tampoco podría haber sido una residencia oficial, advierten los expertos en urbanismo.
“Una residencia oficial es una figura que existe. Es un servicio que presta la administración pública a su máximo representante. Sería titularidad de la Comunidad de Madrid. Tiene unas características propias, como todo lo relacionado con la seguridad. En todo caso, podría ser una residencia no oficial, su vivienda privada”, explica por teléfono Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.
El edil, que ya advirtió en sus redes que el ático no podía destinarse a oficinas, indica que Planifica Madrid, dedicada a la gestión de suelo, patrimonio y proyectos urbanísticos, “sabe cómo funciona la ordenación urbana” y que, al adquirir un ático, sabían que el único uso que se le puede dar es el de vivienda ordinaria. “Sería complicado por parte del Ayuntamiento un cambio de uso. Habría que modificar la normativa del edificio completo y poner de acuerdo a todos los vecinos”, añade.
Ayuso ya habló de una posible residencia oficial para ella en marzo de 2024, durante un pleno de la Asamblea: “A lo mejor lo que tendría que hacer la Comunidad de Madrid es sufragar una vivienda oficial para su presidente y evitaríamos que ustedes siguieran haciendo ese escarnio bochornoso”. Entonces recordó que vivía de alquiler desde hacía 20 años, cinco ya como presidenta. García Martín lo ha sacado a colación de nuevo, a pesar de que van a vender el ático.
No es la primera vez que las explicaciones de la Comunidad de Madrid se topan con las limitaciones urbanísticas. La normativa tampoco permite oficinas en el ático, lo que desmontó las primeras explicaciones y por lo que el Gobierno de Ayuso ha defendido que lo vende: si no puede usarse para oficinas, se deshacen de él. Pero, bajo las mismas condiciones, los expertos señalan que las normas tampoco permiten lo que este jueves ha puesto sobre la mesa García Martín: “Una residencia oficial de una presidenta, un ministro o un diplomático no es una vivienda normal. Se trata de una residencia oficial de una administración pública para ofrecer ese servicio a su máximo representante. Y esto constituye un uso dotacional de la Administración pública, no un uso residencial”, insiste Giraldo.
Por su parte, Enrique Manzano, portavoz de Renovación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), asegura que “un uso de estas características sería asimilable al uso dotacional de administración pública y eso solo se permite hasta la primera planta, al igual que las oficinas”. Esto es, que una residencia oficial se entiende como una dependencia institucional de la Comunidad de Madrid. En edificios como el del ático, las oficinas solo están autorizadas en la planta baja, la primera planta y determinadas dependencias inferiores a la baja, pero no en un piso situado en la novena planta. Lo mismo aplicaría para una residencia oficial, comenta por teléfono.
José Manuel Calvo, exdelegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, difiere y sí considera que una residencia oficial podría plantearse como un uso principalmente residencial con actividades complementarias vinculadas al cargo institucional. Porque, recuerda, las administraciones cuentan con herramientas para modificar el planeamiento urbanístico o incluso justificar determinadas actuaciones por razones de interés general. “Agarrarse a la norma y dar por sentado que no hay ninguna solución posible me parece un argumento un poco endeble”, sostiene. En cualquier caso, añade, si el Gobierno regional optara por alguna de estas vías, podría interpretarse que se trata de una solución diseñada a posteriori, una vez conocida la polémica por la compra del ático.
Varias comunidades autónomas disponen de inmuebles institucionales para sus presidentes, aunque no siempre estos se usan como vivienda habitual. Es el caso del País Vasco, Cataluña, Extremadura o Canarias, donde existen residencias oficiales a disposición de sus mandatarios. Algunas se ocupan de forma permanente y otras se reservan para actos institucionales o estancias vinculadas a la agenda oficial. Otras autonomías, como Murcia, Navarra, Baleares, Cantabria o La Rioja, carecen de este tipo de dependencias, al igual que la Comunidad de Madrid. En la Comunidad Valenciana y en Andalucía existe una fórmula distinta: ayudas o indemnizaciones para sufragar la vivienda de los presidentes cuando residen lejos de la capital autonómica.
Por el momento, el ático no podrá convertirse en oficina ni en residencia de nadie ―Ayuso ya dijo que “no era su casa” y “no era para ella”―, porque el Gobierno regional se va a deshacer de él y pretende destinar el dinero de este piso y de otros cuatro inmuebles en la Gran Vía a la reconstrucción tras los incendios que han arrasado parte de la Sierra Oeste madrileña.
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