El Gobierno ha concedido desde 2022 la nacionalidad española a 544.722 descendientes de represaliados del franquismo

Juan Manuel de Hoz, argentino y nieto de exiliados españoles, muestra los documentos que presentó para obtener en 2022 la nacionalidad española acogiéndose a los nuevos criterios de la ley de memoria democrática.

La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, amplió los criterios previstos en la normativa anterior, de 2007, para la adquisición de la nacionalidad española por parte de descendientes de represaliados del franquismo residentes en el extranjero. La exposición de motivos lo presenta como una “medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio” y fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática insisten en que se trata de “un acto de justicia” y “restitución de derechos” para las familias que tuvieron que huir del país. Otros países europeos, añaden, cuentan con mecanismos similares que permiten a los descendientes de emigrantes recuperar o adquirir la nacionalidad por razón de su origen familiar.

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 Hasta 2,4 millones de extranjeros han solicitado acogerse a los criterios de la Ley de Memoria. Argentina aglutina casi el 40% de las peticiones  

La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, amplió los criterios previstos en la normativa anterior, de 2007, para la adquisición de la nacionalidad española por parte de descendientes de represaliados del franquismo residentes en el extranjero. La exposición de motivos lo presenta como una “medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio” y fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática insisten en que se trata de “un acto de justicia” y “restitución de derechos” para las familias que tuvieron que huir del país. Otros países europeos, añaden, cuentan con mecanismos similares que permiten a los descendientes de emigrantes recuperar o adquirir la nacionalidad por razón de su origen familiar.

Cuántas personas la han pedido y cuántas la han obtenido ya

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, hasta el pasado 31 de marzo, 2,4 millones de personas pidieron cita en oficinas consulares para presentar su solicitud de acceso a la nacionalidad acogiéndose a la Ley de Memoria; 1,2 millones se presentaron oficialmente en dichas oficinas y 544.722 ya han sido aprobadas, de las cuales, 306.000 ya están inscritas en el registro. Las solicitudes “siguen tramitándose”, según aclaran fuentes del ministerio, después de que se prorrogaran hasta el pasado octubre los plazos previstos inicialmente ante el aluvión de peticiones en los consulados.

Cuáles son los países con más solicitudes

Solo en el primer año de entrada en vigor de la ley se aprobaron 69.000 solicitudes. Los consulados con más peticiones son los argentinos (casi el 40% del total), seguidos de los cubanos.

Qué criterios había que cumplir para solicitar la nacionalidad española

La ley de 2022 estableció la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a nacidos fuera del país de padres o madres, abuelas o abuelos exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia, así como los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al contraer matrimonio con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, y los hijos mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en aplicación de la ley de memoria anterior, de 2007.

Además, la ley de memoria también previó la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza, es decir, por circunstancias excepcionales, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil española sin que tuvieran que renunciar a su nacionalidad de origen. El artículo 33 de la norma añade que “se entenderá que concurren las mismas circunstancias en los descendientes de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España”.

La ampliación de los criterios para conceder la nacionalidad española era una vieja reivindicación de colectivos de exiliados y sus descendientes, sobre todo después de que muchos solicitantes se quedaran fuera por no cumplir los requisitos de la anterior ley, de 2007. Es el caso, por ejemplo, de Juan Manuel de Hoz, argentino y nieto de españoles. Sus padres obtuvieron la nacionalidad española gracias a aquella norma, pero él no obtuvo su DNI español hasta noviembre de 2022, cuando pudo acogerse a los nuevos criterios de la ley. “Para mí”, explicó entonces a EL PAÍS, “es una cuestión de identidad y reconocimiento. Ese documento es una forma de homenajear a nuestros padres y abuelos”. Con los criterios de la norma anterior se concedieron algo más de medio millón de nacionalidades.

Qué documentos había que presentar

Para solicitar la nacionalidad española de acuerdo a los criterios previstos en la ley de memoria democrática de 2022 es necesario acreditar un vínculo de parentesco con la persona exiliada; presentar certificados de nacimiento de los solicitantes, padres y abuelos, y documentos que acreditasen que los ascendientes del solicitante sufrieron represión o persecución por motivos ideológicos.

Qué refuerzo hubo de hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores en los consulados

El pasado octubre, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reunió en el Centro Galicia de Buenos Aires con la colectividad española de la capital argentina. Allí prometió que “todas las solicitudes de nacionalidad” iban a ser “atendidas” para saldar una deuda histórica con “los descendientes de la diáspora española de 1939″, en alusión al año en el que Franco ganó la Guerra Civil. El plazo inicialmente previsto para solicitar la nacionalidad era de dos años desde la entrada en vigor de la ley, pero se amplió y finalmente concluyó en octubre de 2025. Para atender todas las solicitudes, en 2025 se autorizó el refuerzo del personal laboral en el exterior con la contratación de 657 efectivos, un 43% más que el año anterior, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

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