El Gobierno maniobra para blindar el negocio de Tragsa tras un varapalo judicial en el Supremo

El modelo de negocio de la empresa estatal de multiservicios Tragsa viene siendo controvertido desde hace años pero la situación se ha agravado desde 2018. En este periodo su facturación se ha más que triplicado desde los poco más de 800 millones hasta superar los 2.600 en 2025 al calor de los mayores encargos no solo del Estado, titular del 99% del capital de la sociedad, sino de numerosas administraciones territoriales, a las que les basta con adquirir una acción de la sociedad por un precio simbólico para poder contratar de forma directa con la empresa con libertad.El modelo, denunciado en numerosas ocasiones por abusivo por el sector privado, sufrió un duro varapalo este verano, cuando el Tribunal Supremo reconoció la endeblez de la justificación de un encargo directo a Tragsa y sentó el criterio de que todos y cada uno de los encargos que se hicieran de ahora en adelante con esta empresa y con cualquier otra considerada como medio propio de la Administración deben estar justificados de manera individual. Un cambio muy relevante, ya que hasta la sentencia bastaba con acreditar la condición de medio propio para poder contratar de forma directa sin más justificación.Un negocio boyante en riesgoLa sentencia ha sembrado el pánico en el grupo de empresas públicas consideradas medios propios de la Administración, como la propia Tragsa, Ineco, Isdefe o Tragsatec, la consultora de servicios tecnológicos del grupo estatal, que ahora ven en riesgo el floreciente negocio que han captado en los últimos años al calor de los fondos europeos y de una poco disimulada estrategia del Gobierno para renacionalizar la prestación de servicios al sector público.«Durante años la Abogacía del Estado, la IGAE y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (dependiente del Ministerio de Hacienda) entendieron que bastaba con acreditar una sola vez la condición de una entidad como medio propio, el Supremo ha corregido ahora ese criterio y cada encargo debe justificar por sí mismo que acudir al medio propio es más eficiente que licitar», explican fuentes de Tecniberia, la patronal de las empresas privadas de ingeniería. «El encargo es una excepción en la contratación pública, no puede ser una vía ordinaria para evitar la concurrencia y para competir con el sector privado desde una posición de ventaja».La propia Junta Consultiva de Contratación de la Administración del Estado emitió hace apenas dos semanas una recomendación a todos los contratistas para recordarles que de ahora en adelante cada vez que se quiera contratar con un medio propio deberá justificarse que esa es la opción más eficiente y más rentable económicamente o bien acreditar que se hace por cuestiones de seguridad pública o de urgencia.Patronales como las de la construcción y la ingeniería vienen denunciando el uso abusivo de Tragsa y otros medios propios en perjuicio de la libre competenciaEl Gobierno, sin embargo, no se resigna a limitar esa vía de contratación y ha sometido a consulta pública un cambio del régimen jurídico de Tragsa para que baste con una evaluación anual de las tarifas que cobra la empresa estatal para que se entienda como justificada durante un ejercicio completo la posibilidad de recurrir a ella de forma directa.Organizaciones como la patronal de la construcción (CNC) han salido en tromba contra la maniobra gubernamental. La asociación que preside Pedro Fernández Alén entiende que no se trata de un mero cambio técnico sino que pervierte la competencia y que, por tanto, su tramitación podría ser nula. «Estamos dispuestos a atacar todas las encomiendas que se hagan si esto sale adelante», avisan. El modelo de negocio de la empresa estatal de multiservicios Tragsa viene siendo controvertido desde hace años pero la situación se ha agravado desde 2018. En este periodo su facturación se ha más que triplicado desde los poco más de 800 millones hasta superar los 2.600 en 2025 al calor de los mayores encargos no solo del Estado, titular del 99% del capital de la sociedad, sino de numerosas administraciones territoriales, a las que les basta con adquirir una acción de la sociedad por un precio simbólico para poder contratar de forma directa con la empresa con libertad.El modelo, denunciado en numerosas ocasiones por abusivo por el sector privado, sufrió un duro varapalo este verano, cuando el Tribunal Supremo reconoció la endeblez de la justificación de un encargo directo a Tragsa y sentó el criterio de que todos y cada uno de los encargos que se hicieran de ahora en adelante con esta empresa y con cualquier otra considerada como medio propio de la Administración deben estar justificados de manera individual. Un cambio muy relevante, ya que hasta la sentencia bastaba con acreditar la condición de medio propio para poder contratar de forma directa sin más justificación.Un negocio boyante en riesgoLa sentencia ha sembrado el pánico en el grupo de empresas públicas consideradas medios propios de la Administración, como la propia Tragsa, Ineco, Isdefe o Tragsatec, la consultora de servicios tecnológicos del grupo estatal, que ahora ven en riesgo el floreciente negocio que han captado en los últimos años al calor de los fondos europeos y de una poco disimulada estrategia del Gobierno para renacionalizar la prestación de servicios al sector público.«Durante años la Abogacía del Estado, la IGAE y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (dependiente del Ministerio de Hacienda) entendieron que bastaba con acreditar una sola vez la condición de una entidad como medio propio, el Supremo ha corregido ahora ese criterio y cada encargo debe justificar por sí mismo que acudir al medio propio es más eficiente que licitar», explican fuentes de Tecniberia, la patronal de las empresas privadas de ingeniería. «El encargo es una excepción en la contratación pública, no puede ser una vía ordinaria para evitar la concurrencia y para competir con el sector privado desde una posición de ventaja».La propia Junta Consultiva de Contratación de la Administración del Estado emitió hace apenas dos semanas una recomendación a todos los contratistas para recordarles que de ahora en adelante cada vez que se quiera contratar con un medio propio deberá justificarse que esa es la opción más eficiente y más rentable económicamente o bien acreditar que se hace por cuestiones de seguridad pública o de urgencia.Patronales como las de la construcción y la ingeniería vienen denunciando el uso abusivo de Tragsa y otros medios propios en perjuicio de la libre competenciaEl Gobierno, sin embargo, no se resigna a limitar esa vía de contratación y ha sometido a consulta pública un cambio del régimen jurídico de Tragsa para que baste con una evaluación anual de las tarifas que cobra la empresa estatal para que se entienda como justificada durante un ejercicio completo la posibilidad de recurrir a ella de forma directa.Organizaciones como la patronal de la construcción (CNC) han salido en tromba contra la maniobra gubernamental. La asociación que preside Pedro Fernández Alén entiende que no se trata de un mero cambio técnico sino que pervierte la competencia y que, por tanto, su tramitación podría ser nula. «Estamos dispuestos a atacar todas las encomiendas que se hagan si esto sale adelante», avisan.  

El modelo de negocio de la empresa estatal de multiservicios Tragsa viene siendo controvertido desde hace años pero la situación se ha agravado desde 2018. En este periodo su facturación se ha más que triplicado desde los poco más de 800 millones hasta superar los … 2.600 en 2025 al calor de los mayores encargos no solo del Estado, titular del 99% del capital de la sociedad, sino de numerosas administraciones territoriales, a las que les basta con adquirir una acción de la sociedad por un precio simbólico para poder contratar de forma directa con la empresa con libertad.

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